INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO PECULADO

Fiscal: Exrector Gustavo García de Paredes autorizó pagos

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga pide que se le abra causa criminal a Gustavo García de Paredes.

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Gustavo García de Paredes fue rector de la Universidad de Panamá por cinco periodos (1994-1997),(1997-2003),(2003-2005), (2006-2011), (2012-2016). Gustavo García de Paredes fue rector de la Universidad de Panamá por cinco periodos (1994-1997),(1997-2003),(2003-2005), (2006-2011), (2012-2016).
Gustavo García de Paredes fue rector de la Universidad de Panamá por cinco periodos (1994-1997),(1997-2003),(2003-2005), (2006-2011), (2012-2016). Archivo

“Las pruebas llegadas al ‘dossier’ penal demuestran que Gustavo García de Paredes, en su condición de rector de la Universidad de Panamá, fue quien autorizó el último pago por avances de obras, que incluía actividades que no fueron ejecutadas por el contratista”.

Así lo afirma el fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica en las conclusiones de la investigación por supuestas anomalías en el contrato para la rehabilitación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá (UP), enviadas al Órgano Judicial el 30 de octubre pasado y en las que pidió llamar a juicio a García de Paredes; a Denis Hernández, arquitecto de la UP encargado de supervisar las obras; y a Marlyn De La Torre, representante de la empresa contratada: Multiservicios y Productos, S.A.

La investigación se inició a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que determinó una posible afectación económica al patrimonio de la UP por $37 mil 330, monto correspondiente a obras civiles y eléctricas que, de acuerdo con el informe, no fueron ejecutadas por la empresa, específicamente para el suministro, instalación y acondicionamiento de compresores y bomba de vacío redundante en el depósito de la facultad.

Según la auditoría, las obras omitidas fueron: “caseta de construcción, instalación de puertas de hierro, cerraduras y ferretería, ventiladores y extractores de aire, instalación de toma corriente, instalación de ventanas de hierro y alimentación del panel eléctrico”.

El contrato, de $2 millones 166 mil 216.92, fue refrendado por la Contraloría el 26 de diciembre de 2013.

La UP entregó un anticipo de $500 mil al contratista, pero los trabajos fueron suspendidos, debido al inicio del período académico.

Según la auditoría, esto “evidenció que la entidad no planificó eficientemente ni evaluó previamente el proyecto”. Los trabajos se reanudaron el 20 de junio de 2014, seis meses después de formalizado el contrato.

Transcurridos cinco meses de ejecución del contrato, el Consejo Administrativo de la UP aprobó la adenda No. 1, que consignó trabajos adicionales por $500 mil.

La auditoría señala que “la UP canceló el valor del contrato, al recibir el suministro del equipo a instalar, sin considerar que la empresa contratista no había ejecutado la totalidad de actividades civiles y eléctricas que suman $37 mil 330 y que guarda relación con la adenda No. 1, que no se concretó”.

VINCULACIONES

“De las pruebas documentales allegadas al presente expediente podemos señalar con certeza que Gustavo García de Paredes, Denis Hernández y Marlyn De La Torre incurrieron en el delito de malversación de los caudales de la Universidad de Panamá, ya que, de acuerdo con los elementos de convicción allegados al presente ‘dossier’, se pudo determinar que fueron omitidas obras por la empresa contratista”, dice la vista fiscal.

Mojica vincula a García de Paredes, porque como rector de la UP y firmante del contrato autorizó el último pago por avance de obras, que incluía actividades que, según advierte, no fueron ejecutadas.

A Javier Hernández lo señala, ya que por su condición de arquitecto y supervisor de las obras debió emitir un informe de las actividades que no fueron ejecutadas.

En tanto, el fiscal señala a Marlyn De La Torre, porque supuestamente omitió trabajos inicialmente incluidos en el pliego de cargos, para luego adicionarlos en una adenda y aumentar el monto del contrato.

El fiscal también dijo que la empresa “no estaba habilitada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para realizar o ejecutar obras de ámbito de ingeniería civil, mecánica, ingeniería electromecánica, ingeniería eléctrica, como lo exigía el pliego de cargos inicialmente, razón por la cual no podía concursar en la licitación pública, por la cual constituye una responsabilidad directa de la encartada y de los funcionarios públicos con el hecho investigado”.

Destaca que, si bien De La Torre no era servidora pública, esto no la exime de responsabilidad penal.

Además, el fiscal incluye como pruebas las declaraciones juradas de funcionarios de la Contraloría, quienes se ratificaron en el citado informe de auditoría.

Por los argumentos expuestos, como se dijo, el fiscal solicita al juzgado que llame a juicio a García de Paredes, a Hernández y a De La Torre por la supuesta comisión del delito de peculado.

DESCARGOS

La vista fiscal recoge las declaraciones del exrector, quien se declaró inocente de los cargos formulados.

Alegó que dentro de su facultad como rector no estaba aprobar contratos, ya que esa es una prerrogativa de los órganos de gobierno de la UP.

Precisó que en el caso de contratos y temas económicos, le correspondía esa atribución al Consejo Administrativo, el cual está constituido por decanos, directores de centros regionales, un representante de los profesores, uno de los estudiantes y otro de los empleados administrativos.

García de Paredes sostuvo que como rector no tenía voto en el Consejo Administrativo. “El rector solo ejecuta”, puntualizó.

Mientras, en su indagatoria, Hernández se declaró inocente de los cargos imputados, ya que, según alegó, no participó en la confección del pliego de condiciones ni en ninguna solicitud que involucrara la petición de pago del contrato.

A pesar de que era el arquitecto encargado de supervisar la obra, señaló que no tuvo ningún contacto con el proyecto, ya que no es jefe de departamento ni director en la universidad.

Por su parte, De La Torre también se declaró inocente de los cargos y negó que la empresa Multiservicios y Productos, S.A., haya incumplido el contrato.

Precisó, además, que fungió como representante legal de la empresa desde finales de 2012 hasta mediados de 2015.

OTROS PROCESOS

El exrector de la UP enfrenta otras denuncias en el Ministerio Público por supuestas anomalías en su administración.

Por ejemplo, sobre él pesan medidas cautelares de impedimento de salida del país y arresto domiciliario como parte de la investigación por presuntas irregularidades en el alquiler de 21 hectáreas de terreno que pertenecían a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en Tocumen.

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