JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS

Fiscal toma primeras acciones en caso Alejandro Moncada Luna

El diputado Pedro Miguel González manifestó que llamará a 15 testigos para comenzar a recabar pruebas y testimonios.

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Sidney Sittón (izq.) , defensa del magistrado de la Corte Alejandro Moncada Luna, acudió ayer ante el fiscal que adelanta el proceso contra el funcionario, el diputado Pedro Miguel González (der.), a fin de presentar varios recursos legales. LA PRENSA/Luis García. Sidney Sittón (izq.) , defensa del magistrado de la Corte Alejandro Moncada Luna, acudió ayer ante el fiscal que adelanta el proceso contra el funcionario, el diputado Pedro Miguel González (der.), a fin de presentar varios recursos legales. LA PRENSA/Luis García.
Sidney Sittón (izq.) , defensa del magistrado de la Corte Alejandro Moncada Luna, acudió ayer ante el fiscal que adelanta el proceso contra el funcionario, el diputado Pedro Miguel González (der.), a fin de presentar varios recursos legales. LA PRENSA/Luis García.

Una medida de aprehensión provisional sobre dos propiedades del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna ordenó ante el Registro Público el fiscal designado, Pedro Miguel González, como parte de la investigación que se le sigue al funcionario por supuesto enriquecimiento injustificado.

El recurso fue presentado el 10 de octubre pasado ante el Registro Público. El fiscal solicita que el apartamento No. 16 del P.H. Santorini, perteneciente a la finca 455589, propiedad de Corporación ALPIL, S.A., y el apartamento 26-B del P.H. Ocean Sky, de la finca No. 95734, propiedad de la Corporación Celestial, S.A., sean “sacados del comercio y puestos a disposición de este despacho, en calidad de aprehensión”.

González acudió ayer al Registro Público a presentar una modificación a su petición para que los bienes antes señalados pasen a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no bajo la fiscalía. Aclaró que los bienes ya están bajo responsabilidad del MEF.

Según González, con ello se busca asegurar los bienes del magistrado hasta tanto culmine el proceso.

El pasado 8 de octubre la Asamblea Nacional admitió una denuncia que interpuso el Colegio Nacional de Abogados y la Alianza Ciudadana Pro Justicia contra Moncada Luna por supuesto enriquecimiento injustificado.

La denuncia surgió luego de que La Prensa publicara el pasado 30 de septiembre que Moncada Luna, siendo magistrado, compró dos apartamentos en San Francisco valorados en 1.7 millón de dólares, los cuales ya canceló. El apartamento de la Corporación Alpil S.A., valorado en un millón 179 dólares, fue cancelado al contado por el magistrado.

Quince testigos

El fiscal informó que la primera fase de la investigación en el transcurso de esta semana pretende citar y entrevistar a 15 testigos para obtener información que eventualmente le servirá para sustentar la audiencia de imputación.

Los nombres de los testigos se desprenden de la denuncia presentada contra Moncada Luna y se actuará conforme lo establece el Código Procesal Penal, declaró González.

SITTóN ACUDE A LA ASAMBLEA

Dos horas después de que el fiscal acudiera al Registro Público, Sidney Sittón, abogado defensor del magistrado Moncada Luna, fue a la Asamblea Nacional a presentar tres recursos legales a favor de su defendido.

Sittón tenía planes de presentar un incidente de nulidad absoluta del proceso, un incidente de recusación contra la juez de garantía Ana Matilde Gómez y una advertencia de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 56 del Código Procesal Penal adoptado por la Ley 63 de 26 de agosto de 2008.

Sin embargo, y aunque fue atendido por el fiscal, no pudo presentar estos recursos debido a que en ese momento no estaban listas las copias del expediente debidamente autenticadas, por lo que dijo que regresaría a las 2:00 p.m. a la Asamblea Nacional para formalizar la presentación de las acciones legales de la defensa.

Sittón expresó que González le había comunicado que las juezas de garantías –Katleen Levy García, Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez– aún no tenían oficinas habilitadas.

“El investigado queda en una situación de indefensión porque no hay oficinas donde recibir los documentos”, se quejó Sittón.

González dijo que desde que se admitió la denuncia –8 de octubre– se han estado organizando para tener los despachos correspondientes, sellos, membretes y toda la logística necesaria para que la fiscalía lleve a cabo su función.

Cuestiona aprehensión

Luego de conocer la medida contra su cliente, Sittón cuestionó la actuación del fiscal de la causa, debido a que según él no se detallan los motivos para la aplicación de una aprehensión preventiva de bienes. “El oficio no está motivado, no dice por ningún lado que el magistrado está vinculado a un hecho punible; es decir, no está sustentada”, sostuvo.

Manifestó que por ser magistrado, la ley establece un procedimiento especial debido al cargo que ocupa y no se le pueden cautelar los bienes. “El procedimiento para juzgar a un Presidente de la República y a un magistrado está enfocado en un procedimiento especial”, sustentó.

Recursos legales

Con el incidente de nulidad absoluta del proceso, Sittón busca anular toda la investigación.

Dijo que a la luz del Código Procesal Penal, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional –una vez convocada para discutir la admisión de la demanda– debió informar inmediatamente al funcionario de esa convocatoria, así como su derecho a ser asistido por un abogado.

“Eso lo dice el sistema penal acusatorio, y eso no fue realizado. Era tanto el apuro para admitir esa denuncia en 24 horas que se omitió ese paso”, indicó el jurista.

En cuanto al incidente de recusación contra la jueza de garantías Ana Matilde Gómez, Sittón recordó que ella fue condenada por la Corte en 2010 y destituida como procuradora de la Nación, y uno de los firmantes de ese fallo fue el magistrado Moncada Luna.

En consecuencia, consideró que el magistrado no va a recibir un trato imparcial por parte de la jueza Gómez.

Según el abogado, la jueza está impedida de conocer el caso por lo que pide su recusación.

También solicitó que la jueza de garantías Zulay Rodríguez se declare impedida y advirtió que también la recusaría si no lo hace.

“Si se declara o no impedida ya es otra cosa, pero cumplo con el deber de decir que he sido su abogado y su consejero antes de ser diputada. Si ella no siente algún nivel de compromiso, ese será su parecer, yo tengo que decirlo y expresarlo como debe ser”, destacó Sittón.

Las juezas de garantías Gómez y Rodríguez declinaron opinar sobre su supuesta imparcialidad en el proceso contra el magistrado como lo plantea Sittón.

ADVERTENCIA

En cuanto a la advertencia de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 56 del Código Procesal Penal, adoptado por la Ley 63 de 26 de agosto de 2008, sostuvo que el mismo se da para que no se invoque que en la etapa de investigación el juez no puede ser recusado.

Explicó que la norma cuestionada prohíbe que alguien pueda recusar a un juez de garantías. “Un juez de garantías se puede declarar impedido, pero el investigado no puede recusarlo, entonces estamos advirtiendo la inconstitucionalidad de esa norma. Eso debe ser remitido a la Corte Suprema de Justicia, que es la única que puede interpretar materia constitucional”, indicó el abogado.

Planteó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sostenido que cuando en una legislación de un país no existen recursos para recusar a uno de los jueces se viola el debido proceso legal.

Informó que estos son los primeros recursos que estará presentando y señaló que le ha solicitado al fiscal que le extienda copias autenticadas del expediente para presentar otros en la Corte.

Negó que con la presentación de recursos la defensa busque dilatar el proceso, tal como lo plantearon miembros del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y dijo que la ley pone a disposición estas medidas a favor del investigado. “Mal puede una persona decir que hay recursos dilatorios cuando ni siquiera los conoce. Eso nos indica a todos el linchamiento mediático que se pretende con el magistrado Moncada”, dijo.

Formaliza recursos

Cuando Sittón acudió nuevamente a las 2:00 p.m. al despacho del fiscal, este le comunicó que quienes debían recibir los recursos legales eran las juezas de garantías. Luego de una hora y media de espera, finalmente abogados del Departamento de Asesoría Legal de la Asamblea le recibieron los tres recursos legales al abogado.

“El no tener oficinas, el no dar copia autenticada del expediente para poder presentar los recursos es para poder ganar tiempo para lo que ellos están haciendo, han hecho y pretenden hacer. Esto es un juego de poder, es decir, ellos tienen en estos momentos el poder y lo están usando con ese propósito, sin embargo, cuando esto vaya a la Corte Suprema de Justicia y se discuta las cargas se nivelan”, señaló el abogado de Moncada Luna.

ACUDIRÁ A la Corte

El abogado defensor informó que hoy acudirá a la Corte Suprema de Justicia a presentar un amparo de garantías constitucionales en contra de la resolución que ordena la aprehensión provisional de los bienes del magistrado Monada Luna. “El amparo va dirigido a que la Corte Suprema revoque la decisión del fiscal”, destacó.

Informó que mañana miércoles presentará otro recurso de advertencia de inconstitucionalidad, ya que Constitución Política establece que quien juzga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los 71 diputados de la Asamblea Nacional, y en estos momentos solamente hay 60.

Debido a procesos de impugnación que adelanta el Tribunal Electoral faltan 11 curules por asignar en el Legislativo.

“Vamos a presentar advertencias de inconstitucionalidad contra este procedimiento para que sea la Corte Suprema de Justicia la que diga si 60 diputados son suficientes o tienen que existir los 71 como el artículo 147 de la Constitución”, indicó Sittón.

CNA querellante

Por su parte, el CNA anunció que dará poder a dos miembros de su junta directiva y tres expresidentes del gremio para que actúen como querellantes dentro del proceso que se le sigue a Moncada Luna por supuesto enriquecimiento injustificado.

Se trata de los abogados Carlos Herrera Morán y Daniel Ramírez Lasso, de la junta directiva del CNA, y de Mercedes Araúz de Grimaldo, Rubén Elías Rodríguez y César Ruiloba, expresidentes del CNA.

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