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INVESTIGACIÓN SOBRE PRÉSTAMO DE LA CAJA DE AHORROS

Fiscal anticorrupción expone las ‘anomalías’

La finca que sirvió como garantía hipotecaria para el crédito resultó con un avalúo por 10 millones de dólares menos.

El esquema de los ‘llave en mano

Temas:

HPC-Contratas-P&V abandonó en 2014 la construcción del centro de convenciones, el cual fue reactivado en febrero pasado por el consorcio CCA-Cocige. HPC-Contratas-P&V abandonó en 2014 la construcción del centro de convenciones, el cual fue reactivado en febrero pasado por el consorcio CCA-Cocige.
HPC-Contratas-P&V abandonó en 2014 la construcción del centro de convenciones, el cual fue reactivado en febrero pasado por el consorcio CCA-Cocige. LA PRENSA/Archivo

La Caja de Ahorros (CA) efectuó el 31 de diciembre de 2012 el primer desembolso del préstamo otorgado al consorcio HPC-Contratas-P&V para el centro de convenciones de Amador –de 9 millones de dólares–“sin haberse entregado los permisos requeridos para iniciar la construcción”.

Así lo concluyó la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling, en la vista fiscal de este proceso por la supuesta comisión del delito de peculado agravado en perjuicio de la CA, remitida al Órgano Judicial el 30 de noviembre pasado.

“Estas condiciones, como su nombre lo indica, debían estar cumplidas al momento de aprobarse la línea de crédito por parte de la junta directiva, y evidentemente no podían estar cumplidas, porque el mismo día que se aprueba la línea de crédito se emite la orden de proceder del contrato de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)”, dice la vista.

Según la fiscal, se “aprobó una línea de crédito referente a un contrato cuya orden de proceder no se había ejecutado, dejando en evidencia que las negociaciones sobre esta línea de crédito fueron prevías a la fecha de su aprobación”.

Fue el 2 de octubre de 2012, cuando la ATP adjudicó a HPC-Contratas-P&V el contrato para el centro de convenciones por 193 millones de dólares. El préstamo, bajo la modalidad de “llave en mano”, duraría 28 meses después de emitida la orden de proceder.

Observa la fiscalía que el contrato “se adjudicó apenas dos meses antes del desembolso de la primera línea de crédito [31 de diciembre de 2012], situación que permite verificar un detalle de interés procesal referente a dos supuestos: la solvencia del consorcio HPC-Contratas al momento de ser adjudicado el contrato y que la aprobación del contratista se da a través de junta directiva el mismo día en que es girada la orden de proceder, es decir, el 11 de diciembre de 2012”.

También destaca que el permiso de construcción de la obra se emitió en junio de 2013, es decir, seis meses después de otorgada la línea de crédito, a pesar de que esto era un requisito para que el banco accediera a esta.

OTRAS ANOMALÍAS

Luis Jafet Díaz, oficial que llevaba la cuenta de este préstamo, enumeró en su declaración indagatoria otra serie de violaciones a los procedimientos del banco, tras el desembolso al consorcio.

Precisó que se efectuó el desembolso, a pesar de que no se contaba con el contrato firmado por el representante legal del banco y, por ende, no estaba inscrito en el Registro Público. “Igualmente, no se contaba con los permisos de construcción ni con el cronograma de construcción [del proyecto]”.

Indicó que estas excepciones para otorgar el préstamo fueron presentadas por el exsubgerente de la CA Rodrigo Arosemena.

Aseguró que nunca había visto autorizar un desembolso sin que la escritura pública del contrato de préstamo estuviera inscrita en el Registro Público.

DESEMBOLSO SIN PRÉSTAMO SINDICADO

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Fiscal expone las ‘anomalías’

Además, Díaz contó a la fiscal que existía una condición para otorgar el desembolso y que consistía en que el cliente debía demostrar que se le había aprobado un préstamo sindicado. “Al momento en que se aprobó la línea de crédito, el 11 de diciembre de 2012, no hubo desembolso al préstamo sindicado, porque ni siquiera estaba aprobado, eso vino posterior. No fue sino hasta octubre 16 o 17 de 2013 que hubo el primer desembolso del préstamo sindicado”.

Según documentos que obtuvo la fiscalía, este préstamo sindicado se habría consumado luego de que el 11 de julio de 2013 se celebrara un contrato de cesión entre el consorcio HPC-Contratas-P&V, en su calidad de cedente, el HSBC Bank Panamá, como agente administrativo y cesionario, Golman Sachs Bank USA, The Bank of Nova Scotia y la Caja de Ahorros, cesionarios.

Se cedió un monto de 187 millones 412 mil 383 dólares con 18 centésimos por 28 meses, transacción que habría sido garantizada con los certificados de no objeción (CNO).

En el expediente constan pagos realizados por la ATP por 62.8 millones de dólares a Banistmo y a la CA para la cancelación de estos compromisos (ver tabla).

La fiscalía indica que iniciada esta investigación fue cuando finalmente se secuestraron los CNO de otros proyectos del consorcio HPC-Contratas, correspondientes a los Minsa-Capsi, para poder hacerle frente a la deuda con los bancos.

Los CNO refrendados por la Contraloría General de la República son una obligación de pago por parte del Estado.

DEVALÚAN FINCA

Erick Quintero, gerente ejecutivo de Banca Corporativa de la Caja de Ahorros, señaló que el consorcio mostró problemas recurrentes en relación con el préstamo concedido y por ello se realizó un nuevo avalúo de la finca que se había puesto como garantía, supuestamente valorada en 24.1 millones de dólares, la cual está ubicada en Chepo a nombre de la sociedad Majestic Seven, S.A. y vinculada a Felipe Pipo Virzi.

No obstante, un estudio de la Avaluadora Avaistmo, S.A. calculó un valor de 10 millones de dólares “más bajo del que se dio para aprobar la línea de préstamo”.

La transacción con el consorcio consistió en un préstamo puente de 30 millones de dólares para movimientos de tierras de la obra, que se dividió en dos facilidades: la primera por 20 millones de dólares y una segunda por 10 millones de dólares.

DEFENSA NIEGA

Carlos Carrillo, abogado de Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA y detenido por este caso, dijo que es falso que los dineros del préstamo aprobado por la CA hayan ido a parar a una empresa de su cliente.

El esquema de los ‘llave en mano

Durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) fue habitual la ejecución de grandes proyectos de infraestructura pública a través de contratos “llave en mano”. Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno encontró una fórmula para elevar el nivel de contratación sin tener las limitaciones del presupuesto. Esto es porque los “llave en mano” incluyen normalmente el financiamiento del proyecto por parte de la compañía que se adjudica el contrato.

La deuda es contratada por la constructora y no por el Estado. 

Estas compañías reciben el financiamiento de bancos a los que ceden el derecho posterior de cobro, pactado según avanza la obra, o a su término, dependiendo del tipo de contrato.

Así, una vez que el derecho de cobro es cedido, una figura aceptada por los gobiernos y reconocida legalmente, la República pasa a tener un compromiso con el banco. Los desembolsos se hacen luego de que la entidad contratante emite una aprobación de los avances del proyecto mediante documentos denominados Cuenta Parcial de Pago o Certificado de No Objeción.

Con esta figura se contrataron en la pasada administración proyectos millonarios, como la tercera fase de la cinta costera, los intercambiadores viales a lo largo de la vía Brasil, la renovación del Casco Antiguo, la ampliación de la carretera Panamericana entre David, Chiriquí, y Santiago de Veraguas, entre otros.

Así, entre 2014 y 2019, los compromisos pendientes de pago de contratos formalizados en la administración de Martinelli superaron los 4 mil millones de dólares, limitando el presupuesto de la actual administración para nuevos proyectos. 

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