audiencia por caso Digicel

Fiscal pide condena para Cucalón en caso Digicel

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El exjefe de la DGI Luis Enrique Cucalón se declaró inocente del cargo de abuso de autoridad durante la audiencia celebrada en el Juzgado Décimo Penal. El exjefe de la DGI Luis Enrique Cucalón se declaró inocente del cargo de abuso de autoridad durante la audiencia celebrada en el Juzgado Décimo Penal.
El exjefe de la DGI Luis Enrique Cucalón se declaró inocente del cargo de abuso de autoridad durante la audiencia celebrada en el Juzgado Décimo Penal. Ana Rentería

La fiscal Anticorrupción de Descarga, Yohaira González, pidió condenar al exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI) Luis Cucalón por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la empresa telefónica Digicel.

La fiscal hizo esta petición en audiencia celebrada ayer en el Juzgado Décimo Penal, a cargo de Zaida Cárdenas, quien se acogió a un plazo de entre 10 y 30 días para dar su veredicto.

Cucalón fue trasladado a la audiencia, escoltado y esposado, desde la cárcel El Renacer, donde permanece detenido.

FISCAL: CUCALÓN ABUSÓ DE SU PODER EN LA DGI

El exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI) Luis Enrique Cucalón abusó de su poder al ordenar el arresto de un empleado de Digicel Panamá, luego de que estos supuestamente se negaran a pagar impuestos atrasados, aseguró ayer la fiscal anticorrupción de Descarga, Johaira González.

Los señalamientos de la fiscal se dieron durante la audiencia preliminar del proceso seguido a Cucalón por la supuesta comisión de delitos de abuso de autoridad.

Cucalón fue trasladado a la audiencia que se celebró el Juzgado Décimo Penal -a cargo de la juez Zaida Cárdenas- escoltado y esposado desde la cárcel El Renacer, donde permanece arrestado por el otro proceso que se le sigue relacionado con el cobro irregular de impuestos morosos a través de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA).

La fiscal aseguró que pudo acreditar la conducta ilícita, ya que Cucalón no tenía facultad para ordenar el arresto de empleados de la empresa telefónica ni la cautelación de bienes, que la aplicó por un monto de $141 millones.

Mientras que Juan Carlos Sánchez, abogado de Cucalón, solicitó a la jueza un proceso abreviado y que seguidamente se procediera con el juicio de fondo.

La jueza Cárdenas accedió al pedido de la defensa, llamó a juicio a Cucalón y declaró abierta la audiencia de fondo del proceso.

En la audiencia de fondo la fiscal Martínez alegó que Cucalón fue advertido por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) de que los bienes de la empresa no podían ser objeto de un secuestro por parte de la DGI, pero a pesar de ello el exfuncionario dictó una orden para el secuestro de los bienes y cuentas bancarias de la telefónica.

También detalló que Cucalón expidió una orden a miembros de la Policía Nacional para que condujeran a Otilio Rivera, directivo de Digicel, cuando no tenía facultad para ello.

La fiscal recordó que la investigación se inició luego de una denuncia presentada por el actual director de la DGI, Publio Cortés, quien pidió al Ministerio Público investigar las acciones de Cucalón.

CUCALÓN SE DEFIENDE

Culminado el alegato de la fiscalía, la jueza Cárdenas concedió el uso de la palabra a Cucalón, quien se declaró inocente de los cargos imputados y explicó que su acción estuvo dirigida en recuperar impuestos que se le adeudaban al Estado.

Cucalón aseguró que giró reiteradas comunicaciones a los directivos de la telefónica para que liquidaran los impuestos adeudados, pero que estos hicieron caso omiso.

Recalcó que, asistido por equipo legal de la DGI, tomó la decisión de secuestrar los bienes de la empresa y ordenar la conducción de uno de sus directivos para que explicara las razones del incumplimiento en la cancelación de impuestos.

Indicó que el directivo de la empresa solo fue conducido a la DGI y nunca se le detuvo, ya que tras las explicaciones se retiró de la institución.

Aseguró que la empresa falseó la declaración de renta, por lo que era necesario tomar acciones para lograr que los impuestos evadidos fueron entregados al Estado.

NO HUBO DOLO

En tanto, Juan Carlos Sánchez, abogado de Cucalón, reforzó lo expresado por el exjefe de la DIG. Indicó que su cliente no actuó con dolo, ya que las acciones emprendidas estaban encaminadas a la recuperación de fondos que pertenecían al Estado.

Sánchez apuntó que en este caso Cucalón no utilizó estos fondos secuestrados para beneficio propio y que, incluso, la empresa nunca dejó de operar ni registró pérdidas.

Además, puntualizó que el Ministerio Público nunca incorporó a la investigación la prueba sumaria de los supuestos daños ocasionados a la telefónica y solo tiene como evidencia la declaración del director de la DGI, Publio Cortés.

Explicó que el amparo de garantías constitucionales acogido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no impedía el secuestro ordenado, ya que este recurso se presentó posterior a la medida tomada por la DGI.

En la audiencia, el abogado pidió la nulidad del proceso, argumentando que la fiscalía no había incorporado la prueba sumaria y que solo presentó un escrito en el que se hacía referencia a supuestas irregularidades cometidas por Cucalón.

Sin embargo, la jueza Cárdenas rechazó este argumento al señalar que en la investigación había indicios de la posible comisión de una conducta delictiva.

Según el Código Penal, el servidor público que, “abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal, será sancionado con prisión de uno a dos años, o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana”.

Cucalón mantiene otro proceso que lleva el Juzgado Primero Penal por la presunta comisión de delitos contra la administración pública por el cobro irregular de impuestos atrasados a través de la empresa Cobranzas del Istmo.

El pasado 26 de octubre se celebró la audiencia preliminar de este proceso y el expediente está pendiente de calificación por parte de la jueza Águeda Rentería, que se acogió ese día al término de 30 días.

Cucalón fue trasladado a la cárcel el pasado 12 de septiembre luego de que permaneció por dos años en arresto hospitalario en el Hospital Punta Pacífica.

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