CONTAMINACIÓN

Fiscal pide llamar a juicio en caso de termoeléctrica

La Coordinadora Ciudadana presentó una denuncia penal contra la ampliación de la planta termoeléctrica por la supuesta comisión del delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial.

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Representantes de comunidades afectadas en La Chorrera protestaron en la Procuraduría de la Nación. Archivo - Representantes de comunidades afectadas en La Chorrera protestaron en la Procuraduría de la Nación. Archivo -
Representantes de comunidades afectadas en La Chorrera protestaron en la Procuraduría de la Nación. Archivo -

El Ministerio Público solicitó el llamamiento a juicio por la supuesta comisión el delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial para Aldo López, representante legal de la empresa Panam Generating Llimited, S.A., propietaria de una planta termoeléctrica en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Esto, luego de que La Coordinadora Ciudadana, a través del abogado Raúl Ossa, presentara una denuncia penal, ya que consideraban que varias comunidades del distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, estaban siendo afectadas por la actividad de la termoeléctrica.

La fiscal de circuito de descarga de Panamá Oeste, Dalys Córdoba, relató que la planta de generación de energía eléctrica a base del combustible fósil denominado bunker comenzó a operar en 1999 generando para entonces 96 megavatios. Sin embargo, en 2014 la empresa Panam Generating solicitó a la desaparecida Autoridad Nacional de Ambiente una ampliación de su capacidad de generación en 60 megavatios.

Para esto se presentó un estudio de impacto ambiental, el cual fue aprobado en 2015, pero “sujeto” al cumplimiento de una serie de condiciones especiales que deberían cumplirse antes de iniciar las operaciones.

Como parte de las pruebas que se mencionan en la vista fiscal No. 256-18, se detalla que el Ministerio de Ambiente, a través del informe técnico No. 034-2016, identificó incumplimientos al estudio de impacto ambiental. El principal fue cables eléctricos muy cerca del agua, situación que definieron como “peligrosa” y de “mucho cuidado”.

A su vez, hace referencia a una inspección que llevó a cabo la Dirección de Ingeniería Municipal del distrito de La Chorrera, en la cual se observó que existen en total nueve chimeneas en las que tres cuentan con el permiso correspondiente para ser construidas a una altura de 50 metros, mientras que las otras seis -a la fecha de la visita- “no cuentan con solicitud de permiso de construcción”.

También se identificaron en campo dos tanques de almacenamiento de combustible, y que en la inspección tampoco había una solicitud de permiso de construcción para la expansión de la capacidad de estos.

Según la vista fiscal, se trató de conocer los descargos del imputado (Aldo López), pero no se pudo, “debido a las múltiples incidencias, nulidades y amparos a las que fue sometida la presente instrucción sumarial”.

Las reacciones

En representación de la Coordinadora, Raúl Ossa, señala que lo decidido por la fiscal Córdoba demuestra que las comunidades afectadas de La Chorrera tienen la razón sobre la operación de esta planta.

Ossa viene argumentando desde 2015 que no se cumplió con el estudio de impacto ambiental, ya que no se instalaron dos depósitos para almacenamiento de combustible, al igual que con otras obligaciones.

Por su parte, Susana Serracín, dirigente de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, subrayó que es “importante” que en materia de jurisprudencia ambiental se siente un precedente, de manera que se eviten situaciones similares en el futuro.

“Las autoridades ambientales y locales que expiden las licencias de funcionamiento de estas empresas deben sopesar primeramente la seguridad humana y ambiental de manera prioritaria y en aras de la aplicación del principio precautorio en materia ambiental”, puntualizó.

Mencionó que esta experiencia demuestra que ambientalmente las termoeléctricas causan afectaciones en la calidad del aire por emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono y otras que afectan a la población y los ecosistemas. “Se deben considerar alternativas de otra forma de generación, como la eólica y control de la contaminación”, concluyó.

Se contactó a los representantes de la empresa Panam Generating Limited, pero informaron que no harían comentarios al respecto.

Este tema ya ha generado conflicto entre moradores del área y la empresa. Precisamente, en diciembre de 2015 fueron detenidos nueve integrantes de la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera.

Las arrestos fueron realizados por agentes de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional cuando la agrupación comunitaria bloqueó el traslado del primer generador de la termoeléctrica.

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