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Fiscal refuta argumentos de juez en caso de mochilas

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El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza. Archivo-LP El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza. Archivo-LP
El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza. Archivo-LP

El fiscal anticorrupción de descarga, Javier Mitre, presentó ante el Segundo Tribunal Superior su apelación al fallo del juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, que sobreseyó provisionalmente a 16 de los 18 imputados en el caso de las mochilas.

Mitre ataca tres puntos principales en los que se basó el juez para dictar su fallo el 10 de julio pasado. Primero, el hecho de que la fiscalía realizó una inspección ocular en un almacén de la localidad, pero no notificó a las partes y la diligencia se hizo sin la participación de un perito.

Segundo, el juez sostuvo que comprobó que la extitular del Ministerio de Educación (Meduca) Lucy Molinar “no se puso de acuerdo en fijar precios”, y además avaló la versión de la contratista Poulett Morales de que sí entregó las mochilas a las escuelas que les tocaba.

Y tercero, el juez aseguró que sobreseyó a los 16 imputados porque no se les comprobó dolo.

El fiscal sustentó que si bien se realizó una inspección en un almacén, “ello fue parte del acto de investigación por parte de la fiscalía [...] no fue el objeto ni sustento de la solicitud de llamamiento a juicio”.

Asimismo, Mitre sostuvo que en la investigación “se logró acreditar que Lucy Molinar, actuando en representación del Meduca, suscribió el contrato S-10-2011 con la sociedad Hailing Corporation, S.A.”, representada por Pablo Andrés Ruiz Obregón, por $3 millones 686 mil 870, que contemplaba el servicio de distribución de 266 mil 200 mochilas en cada centro educativo.

“En efecto, el precio por este servicio, que debía ser prestado por el contratista, se fijó en $1 millón 690 mil 370”, precisó Mitre.

El fiscal también reiteró las declaraciones de Daniel Ramos, Edwin Sánchez y Roger Miranda, educadores de la provincia de Chiriquí, quienes señalaron que en 2012 la empresa encargada de distribuir las mochilas en esa zona, APM Supplies, S.A. –de Poulette Morales–, fue a las escuelas del área, pero se encontraban cerradas, dejándolas en la escuela de Francia.

Aseguraron los testigos que al iniciar el año lectivo la escuela trasladó las mochilas a un depósito del Meduca en David, y luego una parte fue repartida por la empresa y la gran mayoría fue distribuida a las escuelas por funcionarios del Meduca.

El fiscal también reiteró las declaraciones de más de 30 testigos, que indican que los imputados sí actuaron con dolo.

Por este caso, el juez dictó sobreseimiento definitivo para Franklin Araúz, Poulett Morales, Janeth Araúz, Julissa Stanziola, Carlos Araúz, René Guardia, Eliécer Tuñón, Lucy Molinar, Berta Roldán, Mario Martinelli, Roberto Brin, Roberto Luzcando, Jaime Ruiz, Pablo Ruiz Obregón, Daniel Ruiz Obregón y Giacomo Tamburrelli.

En tanto, abrió causa criminal a Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli; y a Abraham Williams, exasistente del director del extinto Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia Jaén.

Estos dos últimos están prófugos.

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