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Fiscal y víctimas piden anular fallo de pinchazos

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Querellantes reprochan que el Tribunal de Jucio Oral desestimó el valor probatorio de los 7 cuadernillos que contenían el material de las escuchas ilegales. Querellantes reprochan que el Tribunal de Jucio Oral desestimó el valor probatorio de los 7 cuadernillos que contenían el material de las escuchas ilegales.
Querellantes reprochan que el Tribunal de Jucio Oral desestimó el valor probatorio de los 7 cuadernillos que contenían el material de las escuchas ilegales. Elysée Fernández

Representantes de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada y un grupo de víctimas de los pinchazos acudieron ayer al Tribunal Superior de Apelaciones a presentar recursos que buscan anular el fallo del Tribunal de Juicio que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli de los delitos de espionaje político y peculado.

Específicamente presentaron una acción legal denominada anulación con causales recurrentes de casación.

Los planteamientos

Ricaurte González, fiscal contra la delincuencia organizada del Ministerio Público, detalló que entre otras cosas, la fiscalía presentó argumentos contra la valoración que hicieron los jueces Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara de la supuesta prueba trasladada a los siete cuadernillos que formaban parte de las evidencias presentadas en el proceso.

En la sentencia, los jueces expusieron que los siete cuadernillos con información confidencial de las víctimas fueron declarados material confidencial por la Corte Suprema de Justicia, lo que impidió que la defensa se pudiera preparar para el contradictorio en el juicio o practicara pruebas periciales.

Sin embargo, en la etapa intermedia del proceso, el magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, autorizó a que un miembro de la defensa, en este caso Carlos Carrillo, revisara el contenido de las carpetillas.

Testigo protegido

González explicó que también adversaron la valoración que los tres jueces dieron al testigo protegido, que desde la óptica de la fiscalía “no fue la apropiada”.

El tribunal lo tildó de “testigo sospechoso” a raíz de que afirmó ser el autor de varios correos en los que descargó información sobre los pinchazos, pero al abrirse las propiedades de estos documentos digitales, se leyó “autor: Rolando López”.

López era el director del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno pasado, pero, según el Tribunal de Juicio, el testigo protegido no pudo explicar por qué cuando López acudió al juicio como testigo de los querellantes “entró en contradicciones con lo dicho por el testigo protegido”.

El fiscal González indicó que “hay una violación” y que en el recurso explican el porqué consideran que no se hizo “una valoración en derecho” a la declaración del testigo protegido.

Este reveló, por ejemplo, lo que ocurría en el edifico 150 del Consejo de Seguridad Nacional entre 2011 y 2014. Además, dio detalles de la instalación del programa de espionaje Pegasus y el seguimiento a varios objetivos, según él, por orden directa del entonces presidente Martinelli.

Testimonios

La fiscalía también recalcó en el recurso el tratamiento que se le dio a otros testimonios dentro del juicio.

Entre ellos, el del exmagistrado del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, quien narró que un correo electrónico que envió a Mitchell Doens, dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en el que le dio respuesta a una petición de ayuda para la celebración de un congreso político, le fue interceptado.

Los querellantes

Los querellantes se dividieron en dos grupos para sustentar los recursos. Rosendo Rivera, Juan Carlos Navarro y Rubén Polanco integran el grupo que interpuso ayer el recurso de anulación con causales recurrentes de casación, una ación legal similar a la que presentó la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada.

Mientras que el resto de las víctimas sustentará en los próximos días un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esa sala está integrada por los magistrados Harry Díaz, Jerónimo Mejía y José Ayú Prado. Díaz y Mejía fungieron como fiscal y juez de garantías cuando el caso estaba en la Corte. A Ayú Prado el pleno de la Corte le aceptó una petición para declararse impedido.

Carlos Herrera Delgado, abogado del querellante Mauro Zúñiga, explicó que si los tribunales les dan la razón podrían ocurrir dos cosas: que se dé un nuevo juicio, o que se revoque la sentencia absolutoria por una condena, que en este caso sería la de 21 años.

La sentencia

El pasado 9 de agosto, en su veredicto, los jueces Tejeira, Caballero y Vergara consideraron, entre otras cosas, que el Ministerio Público no logró probar su teoría del caso, ya que -según ellos- afloraron gran cantidad de dudas razonables que obligaron a absolver al acusado.

Alegaron, además, que la fiscalía no probó que hubo interceptaciones de las comunicaciones ni acreditó, en debida forma, el uso de equipos de espionaje, específicamente el denominado sistema Pegasus.

En ese sentido, el fallo indica que no hay constancia de que los mensajes interceptados a las víctimas, en efecto, procedan de Pegasus.

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