El Ministerio público redobló la seguridad de sus funcionarios

Fiscales, en la mira del crimen

En los últimos años se han registrado dos ataques directos contra funcionarios judiciales por parte de organizaciones criminales.

Un reciente atentado contra la fiscal de Niñez y Adolescencia de Chiriquí, Vilma Batista, dejó al descubierto que el crimen organizado está dispuesto a cualquier cosa con tal de frenar el acoso de las autoridades y mantener sus actividades delictivas.

Este hecho ocurrió el pasado 28 de mayo, pero la que falleció fue la joven Paola Patricia Páez, quien estaba al lado de Batista, cuando un sicario disparó contra la funcionaria del Ministerio Público (MP) dentro de un establecimiento comercial en David, Chiriquí.

Por este caso hay tres personas están sindicadas; entre ellas, el integrante de una pandilla que opera en la ciudad de Panamá y que tiene células en Chiriquí.

La Fiscalía Primera Superior de Chiriquí, encargada de estas investigaciones, todavía no ha comprobado si se trató de un ataque directo contra la fiscal Batista, que en ese momento estaba custodiada por un escolta de la institución.

Sin embargo, en el video del local comercial donde se produjo el incidente se observa que el atacante intenta disparar hacia donde estaba Batista, pero la pistola inicialmente se le traba y cuando logra disparar, quien recibe los mortales disparos es Páez.

Otro ataque público y a plena luz del día contra funcionarios del MP ocurrió el 17 de septiembre de 2006 y en esta ocasión la víctima fue el asistente de la Fiscalía Tercera de Colón, Armando Gittens.

El funcionario de instrucción resultó herido con arma de fuego por tres pandilleros cuando salía de su despacho.

Según comprobó la Policía, el vehículo que usaron los tres pistoleros encapuchados había sido robado 15 días antes en un centro comercial en la capital, lo que demostraba que el hecho fue planificado con anticipación.

Investigaciones posteriores indicaron que el atentado estaba en realidad dirigido al fiscal tercero de circuito de la costa atlántica, Roberto Moreno, quien había logrado una importante condena contra con un grupo de pandilleros.

También en 2006, el detective de la Unidad Sensitiva de la Policía Técnica Judicial (PTJ) Franklin Brewster murió envenenado mientras investigaba un caso de narcotráfico. En este caso se investigó a varios compañeros de Brewster, pero al final fueron absueltos de los cargos. Este crimen aún se mantiene en la impunidad.

La entonces procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, dijo en ese momento que estos atentados y amenazas contra funcionarios del MP eran frecuentes y que, inclusive, ella había sido víctima de estas acciones de la delincuencia organizada.

Gómez insistió en la necesidad urgente de brindarles todos los equipos básicos de seguridad a fiscales, personeros y demás funcionarios de instrucción, tales como guardaespaldas y chalecos antibalas.

El exfiscal superior Juan Antonio Tejada, que en 1999 recibió amenazas contra su vida en medio de un juicio contra militares acusados de homicidios, aseguró que el Estado debe mejorar los protocolos de seguridad en torno a los fiscales, personeros y funcionarios de instrucción, ante el avance del crimen organizado.

Aseguró que en su experiencia como funcionario del MP las amenazas eran constantes.

Tejada consideró que es necesario tomar nota de los hechos ocurridos en países vecinos, donde jueces y fiscales han muerto en el cumplimiento del deber, y añadió que “lo ocurrido en Chiriquí a la fiscal Batista es una luz amarilla de lo que puede ocurrir; no podemos permitir que esta situación llegue a luz roja”.

A su juicio, en los últimos años el crimen organizado está haciendo esfuerzos por penetrar y neutralizar las acciones de los funcionarios judiciales, y su último recurso es la violencia.

En agosto de 2009, el fiscal primero de Drogas, Javier Caraballo, también denunció una serie de amenazas en su contra por oponerse a un sobreseimiento que concedió un juzgado a 77 personas investigadas en los operativos denominados “Ley Patriótica”.

Durante esa investigación, la Fiscalía de Drogas se incautó de una gran cantidad de bienes inmuebles y vehículos.

Otro de los atentados más impactantes contra funcionarios del MP fue el perpetrado contra el exprocurador Rogelio Cruz, en 1992, cuando una bomba explotó cerca de su estacionamiento en la propia sede de la Procuraduría de la Nación, donde cuatro personas resultaron heridas, mientras que Cruz salió ileso.

PROTECCIÓN. El Ministerio Público tiene su propio equipo de seguridad, pero también se asignan como custodios de fiscales y personeros a agentes de la Policía Nacional, quienes incluso se encargan de la seguridad de sus familiares y residencias. Los fiscales de Droga y contra la Delincuencia Organizada son los más expuestos a sufrir amenazas por parte de las redes criminales.

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