CRISIS DE PODERES EN VENEZUELA

Fiscales rechazan actos que violen autonomía del MP

Reunidos en asamblea general extraordinaria, 13 altos cargos dieron su respaldo a Luisa Ortega e instaron a respetar la ley.

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Momento en que la fiscal general, Luisa Ortega, entonces aliada del gobierno de Nicolás Maduro, acudió a presentar el informe de gestión 2016 ante la Asamblea. Momento en que la fiscal general, Luisa Ortega, entonces aliada del gobierno de Nicolás Maduro, acudió a presentar el informe de gestión 2016 ante la Asamblea.
Momento en que la fiscal general, Luisa Ortega, entonces aliada del gobierno de Nicolás Maduro, acudió a presentar el informe de gestión 2016 ante la Asamblea. Archivo

Procuradores y fiscales generales de 16 países, reunidos de forma extraordinaria en Argentina, como miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, emitieron ayer la Declaración de Buenos Aires, una resolución en la que repudiaron “ todo acto contrario a la independencia y autonomía de los Ministerios Públicos, así como cualquier acto que afecte la dirección de la investigación criminal y la titularidad de la acción penal reconocidos en las legislaciones internas”.

La resolución, que lleva la firma de la procuradora panameña, Kenia Porcell, en su calidad de vicepresidenta de la asociación, se produjo en una asamblea general extraordinaria, “convocada en virtud de la situación que atraviesa el Ministerio Público de Venezuela”.

Según el texto aprobado por los altos funcionarios de investigación en Argentina, la Declaración Conjunta de Lisboa afirma que la autonomía del Ministerio Público (MP) frente a los poderes legislativo y ejecutivo constituye una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema de justicia; así como un logro del sistema democrático y del Estado de derecho que es necesario defender permanentemente.

Frente a ello y en virtud de la situación que describió la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega –en videoconferencia– los fiscales declararon su apoyo a Ortega y su personal, rechazaron cualquier tipo de acción de hostigamiento, acoso, amenaza, intimidación y agresión dirigidos contra los titulares de los ministerios públicos y sus integrantes y exhortaron al respeto irrestricto de los mecanismos constitucionales y legales para la remoción y designación de los fiscales y procuradores generales.

Al dirigirse a la asamblea, Ortega hizo un recuento de las acciones que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ejecutivo han ejercido en contra de la institución y su persona desde que el pasado 31 de marzo denunció la ruptura del hilo constitucional del país, luego de que el TSJ emitió dos sentencias que “anulaban las facultades del poder legislativo” y se las arrogaba, “incluso con facultades para poderlo delegar en quien ellos quisieran”. “Asimismo, estas sentencias le daban atribuciones al presidente de la República para que ejerciera las acciones penales. O sea, toda una distorsión de nuestro sistema republicano que está expresado en la Constitución”, manifestó.

Al hablar de su antejuicio, denunció que la solicitud la hizo un diputado que no tiene atribución para ello y que se le procesa por supuestas faltas graves que son confusas.

Ortega destacó que la situación es “gravísima”, porque atenta “contra la independencia de los ministerios públicos [y] contra las investigaciones penales”. Advirtió que “sería un precedente gravísimo que esto se dejara avanzar, porque puede afectar también a todos los países de la región”.

La fiscal general, que la víspera denunció que le habían anulado el pasaporte al funcionario que enviaría a representarla, mencionó como el caso más reciente de obstaculización del ejercicio de la acción penal una sentencia del TSJ con la que se le quitó a la institución la facultad de imputar delitos. “La Constitución y la ley establece que quien imputa es el MP en nuestra propia sede, ahora resulta que esa atribución tiene que hacerla el MP frente a un juez”.

Otros inconvenientes que dijo que afronta el MP son: que pide libertad plena y los tribunales imputan y dejan a las personas privadas de libertad; que pide una medida privativa de libertad y el tribunal ordena que no hay motivos para que se dicte.

Esto último, precisó, sobre todo en casos de corrupción, y mencionó la reciente imputación por el caso Odebrecht. “Nos encontramos que a raíz de esa solicitud es que dicta el TSJ esta sentencia para impedir que el MP ejerza la persecución penal contra aquellas personas involucradas”, aseguró.

Katherine Haringhton, designada por el TSJ como vicefiscal, se presentó a la asamblea en Buenos Aires. “No se le permitió el ingreso porque el conjunto de los fiscales y procuradores entiende que la fiscal general venezolana es Luisa Ortega”, dijo a la AFP una fuente del MP argentino.

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