Fiscalía afirma tener pruebas por pinchazos telefónicos

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Mitchell Doens y Balbina Herrera, del Partido Revolucionario Democrático, cuando llegaban a la audiencia por los pinchazos telefónicos. Mitchell Doens y Balbina Herrera, del Partido Revolucionario Democrático, cuando llegaban a la audiencia por los pinchazos telefónicos.
Mitchell Doens y Balbina Herrera, del Partido Revolucionario Democrático, cuando llegaban a la audiencia por los pinchazos telefónicos.

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El fiscal superior especializado contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas, dijo tener los elementos para abrir causa criminal a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exjefes del Consejo de Seguridad, y a otros dos exfuncionarios más.

‘Deben aplicar pena más dura’

Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en el gobierno de Ricardo Martinelli, comparecieron ayer al primer día de audiencia por el proceso que se les sigue por la supuesta comisión del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, a raíz de las intercepciones de comunicaciones.

La audiencia, desarrollada a puerta cerrada por decisión del juez Enrique Pérez, se inició a las 9:35 a.m. con la lectura de la vista fiscal del caso, por solicitud de Cristóbal Arboleda, abogado de Garuz.

Poco antes de entrar a la sala del Segundo Tribunal de Justicia, el fiscal superior especializado contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas –a cargo de la investigación–, aseguró que presentaría “las evidencias necesarias” para que el juez abriera causa criminal contra los imputados.

Murgas estaba escoltado por dos agentes de seguridad y se abstuvo de dar detalles de los argumentos que presentará al momento de sus alegatos.

En tanto, Balbina Herrera y Mitchell Doens, dirigentes del Partido Democrático Revolucionario (PRD) y dos de las víctimas de los pinchazos telefónicos reconocidas por la fiscalía, plantearon que es necesario aplicar la sanción más dura a quienes vulneraron la privacidad de cientos de personas por el hecho de ser adversarias a Martinelli.

“Aquí el único responsable es el expresidente Ricardo Martinelli, ya que era el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y a él reportaban los funcionarios de esa institución”, expresó Herrera.

Por su lado, Doens planteó que las acciones cometidas por el exmandatario ocasionaron un severo daño a la institucionalidad del país y argumentó que el espionaje fue un mecanismo usado por Martinelli para sacar provecho de sus adversarios políticos y de sus competidores comerciales.

Ambos perredistas coincidieron en la necesidad de “un castigo ejemplar” a los responsables de estos hechos.

Habla la defensa

Cristóbal Arboleda, abogado de Garuz, planteó que su cliente deber ser exonerado de los cargos imputados, ya que “no tuvo participación alguna ni ejecutó escuchas telefónicas ilegales” en su gestión en el organismo de inteligencia.

Además, comentó que Garuz fue evaluado por el Instituto de Medicinal Legal y Ciencias Forenses el viernes último y aún no ha recibido los resultados.

Arboleda reiteró que a Garuz se le debe aplicar una medida cautelar menos severa que la detención preventiva.

Por su parte, Roniel Ortiz, vocero del equipo legal de Gustavo Pérez, sostuvo que el proceso debe declararse nulo, ya que nunca pudieron interrogar al testigo protegido que dio inicio a esta investigación.

Denunció que, aunque la fiscalía les autorizó a plantearle preguntas al testigo protegido, este nunca pudo ser localizado.

Mientras que Sofanor Espinosa, quien representa a William Pittí, prófugo de la justicia junto a su compañero Ronny Rodríguez, detalló que su cliente no compareció a la audiencia por la “falta de garantías” de este caso.

Cuestionó que su cliente tenga orden de detención preventiva por la supuesta comisión de un delito cuya pena mínima es de tres años de prisión y el Código Penal señala que solo en los delitos con penas de cuatro años de arresto se aplicará esa medida.

Agregó que Pittí, quien laboraba en el CSN, solo hacía “trabajos de recolección de información” y “cumplía con un trabajo que se ha realizado durante años por diferentes gobiernos”.

En tanto, Alejandro Pérez, abogado de Ronny Rodríguez, manifestó que este es un caso que creó el actual gobierno para desacreditar a Martinelli.

Manifestó que Ismael Pittí [exfuncionario del Consejo de Seguridad] es la persona que realmente ejecutó las escuchas telefónicas, ya que desde su correo se enviaron más de 600 audios de diferentes personas.

Afirmó que Pittí fue nombrado por el gobierno de Juan Carlos Varela en la Junta Interamericana de Defensa “como premio por sus acciones”.

Sustentó que el testimonio de Pittí“será clave” para esclarecer quién autorizaba las escuchas.

Desde el mes de enero pasado, Pérez y Garuz están detenidos preventivamente mientras se les investiga por su supuesta participación en el espionaje a políticos opositores, empresarios, periodistas y sindicalistas.

Se suspende audiencia

A la 1:30 p.m., el juez Enrique Pérez ordenó la suspensión de la diligencia hasta las 9:30 a.m. de hoy.

¿El motivo? La sala del Segundo Tribunal de Justicia se utilizaría para otro procedimiento programado con antelación.

Por este caso, el expresidente Martinelli, quien es diputado del Parlamento Centroamericano, mantiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia, que se desarrolla bajo las normas del sistema penal acusatorio.

Las diligencias empezaron la pasada semana, luego de que el Tribunal Electoral accediera a levantarle el fuero electoral al exmandatario.

En este caso se conoció que el magistrado fiscal Harry Díaz solicitó al despacho del juez Pérez una copia del expediente instruido a Garuz, a Pérez, a Pittí y a Rodríguez, como parte de las investigaciones.

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