Fiscalía allanó oficinas de Cacsa

Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia son mencionados en denuncias por supuesta venta de fallos. La Fiscalía Anticorrupción no encontró la ‘justificación’ financiera de Cacsa para contratar a un abogado por $1.5 millones.

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Ministerio Público. Ministerio Público.
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Un sobre amarillo conteniendo un manuscrito sin fecha ni firma fue deslizado –a mediados de junio pasado– bajo la puerta de la oficina de Luis Muñoz, un arquitecto que dos años antes había demandado a la Cooperativa de Servicios Múltiples “San Antonio”, R.L. (Cacsa), por $16 millones, en concepto de daños y perjuicios.

El manuscrito era una denuncia que hacía alguien que se identificó como un delegado “serio” de la mencionada cooperativa. Aseguraba que el presidente del organismo, Serafín González, y varios otros cooperativistas “negociaban” con la firma Ameglio Moncada & Asociados, porque esta “propone pagar sobornos o coimas procesal [sic] ante la Corte, misma que fue aceptada por la junta directiva [de Cacsa]” por $1.5 millón.

“Lo alarmante es que el [entonces] director del Ipacoop Willie Chin fue el que recomendó la firma de abogados Ameglio & Moncada [sic] porque esta firma está vinculada al magistrado Olmedo Arrocha y pretende comprar magistrados y fiscales en Chiriquí”, añade la denuncia anónima.

Para entonces, Cacsa se jugaba su última carta en el pleito interpuesto por Muñoz, quien ya había logrado una condena contra la cooperativa en segunda instancia.

Ahora, Cacsa apelaba a la Corte Suprema, a través de un recurso de casación que llevaba casi un año en el Órgano Judicial. Y, a pesar del poco margen de acción que tendría una firma externa en el último tramo del pleito, los honorarios que estaba dispuesta a pagar Cacsa eran elevados, tal como lo señalaba la denuncia anónima.

Denuncia de coima

Muñoz no perdió el tiempo. Acudió al Ministerio Público (MP), donde interpuso una denuncia el 16 de junio pasado, el mismo día que la Corte admitió el recurso de casación de Cacsa. Muñoz advertía que su contraparte habría realizado gestiones contrarias a los estatutos internos, según decía el anónimo, con “connotaciones penales”. El demandante pedía que se verificara si existía “un uso indebido del dinero”.

El acta de una reunión extraordinaria de Cacsa revela que evaluaron los honorarios por $1.5 millones del abogado Ameglio, pero los fiscales no encontraron el contrato en los archivos. Expandir Imagen
El acta de una reunión extraordinaria de Cacsa revela que evaluaron los honorarios por $1.5 millones del abogado Ameglio, pero los fiscales no encontraron el contrato en los archivos.

Consideraba “sospechoso” que los nuevos abogados cobraran $1.5 millones, en especial porque casi todo el trabajo ya lo había hecho Cacsa. “Se debe ver que se está prometiendo a Cacsa un tráfico de influencia” cuando se señala que se haría un pago por $300 mil a la admisión de la casación, denunció Muñoz. Además, pidió “rastrear el destinatario final de dichos dineros a fin de establecer si […] se ha pagado a estos funcionarios”.

Muñoz también solicitó al Ministerio Público que prestara atención al hecho de que el exdirector del Ipacoop “servía de puente entre la junta de directores de la cooperativa, la firma de abogados y el magistrado Olmedo Arrocha, que casualmente, después del pago realizado a esta firma, la casación que estaba aguantada desde diciembre se admitió en la Corte”.

Poco después, Muñoz envió una nota a Willie Chin Lee señalando los mismos hechos, y que directivos de Cacsa habrían “pagado sobrecostos” al contratar a la firma Ameglio Moncada & Asociados, ignorando con ello una advertencia de la Junta de Vigilancia de Cacsa que sostenía que los millonarios honorarios no solo eran lesivos, sino que no tendrían justificación financiera ni administrativa.

¿Borrando evidencias?

La denuncia de Muñoz fue inesperada. Suponía una filtración de información sensitiva que en nada beneficiaba a Cacsa. Ello enrareció el ambiente en las oficinas de la Cooperativa, pues ahora fiscales del MP husmearían en los archivos de la cooperativa.

Y, por una nueva denuncia que interpuso el abogado de Muñoz –Karl Copriz– habría habido movimientos en las oficinas de Cacsa dirigidos a impedir el hallazgo de material incriminatorio o comprometedor.

“Se ha visto a personas de informática –declaró a los fiscales Copriz en julio pasado– tratando de borrar los audios de las reuniones que celebró la junta de directores, de igual forma, los libros de las actas de reunión los recogieron y están en custodia de la dirección de la cooperativa para que nadie tenga acceso a ellos”. En esa denuncia, el jurista afirmó que la información provenía de empleados de la Cooperativa.

Copriz añadió que el presidente de Cacsa, Serafín González, presuntamente asesorado por el entonces jefe de jurídico de la cooperativa –Edilberto Arjona– habría ordenado “borrar toda información y tratar de recoger todas la copias de los documentos” que se emitieron desde febrero de 2019, pues en esos documentos “se acreditaba la intención de comprar fallos en la Corte Suprema y en las fiscalías de Chiriquí”.

Un mes después, Copriz amplió su denuncia. Esta vez advirtió de una posible “vinculación de amistad” entre los magistrados Olmedo Arrocha y Hernán De León [que deberán decidir la sentencia de casación] con el abogado externo de Cacsa, Carlos Ameglio Moncada, socio principal de la firma contratada por la Cooperativa, por $1.5 millones (ver nota relacionada).

El silencio de todos

La Prensa lleva desde el 16 de septiembre pasado tratando de entrevistar personalmente o por correo electrónico a Serafín González, en calidad de presidente y representante legal de Cacsa, pero no accedió a la solicitud, a pesar de que se había comprometido a hacerlo a través del correo.

Ante la negativa, La Prensa se comunicó con funcionarios y dignatarios de la cooperativa: Heriberto Suira (gerente general); Gabriel Rodríguez (tesorero); Gustavo Rodríguez (secretario) y Alberto Pinilla (vocal y ex vicepresidente de Cacsa). Todos se negaron a ser entrevistados sobre la contratación del abogado externo.

La mayoría expresó claramente su enojo por haber sido contactados para hablar del tema. Incluso, algunos profirieron amenazas y otros cerraron abruptamente la comunicación con tan solo oír las interrogantes de este medio.

Y al tiempo que se negaban a hablar, todos apuntaban su dedo a González para que fuera él –y nadie más– el que justificara la contratación, pese a que González hizo la contratación con la anuencia de la mayoría de su directiva.

La Prensa también intentó hablar con quien recientemente había sido el abogado de Cacsa, Edilberto Arjona, quien había recomendado la contratación de Ameglio Moncada & Asociados. Sin embargo, en Cacsa dijeron que desde julio pasado dejó de laborar para la cooperativa, aunque figura como abogado sustituto de Ameglio en el pleito. En Cacsa prometieron proporcionar su número telefónico, pero las llamadas de este medio no fueron respondidas en adelante.

Este medio también intentó obtener la versión de Nodier Polanco, el hoy expresidente de la Junta de Vigilancia, pero no accedió a una entrevista.

En cuanto al abogado Carlos Ameglio, socio de la firma contratada por Cacsa, este fue cortante: “No tenemos ningún comentario”, al responder las preguntas sobre el monto de su contratación y de la supuesta compra de fallos en la Corte Suprema de Justicia a favor de Cacsa.

Y advirtió que “cualquier comentario que haga cualquier persona o terceras personas que afecte los intereses de nosotros, entonces acudiremos a la vía ordinaria”. También dijo que “no he sido notificado de ninguna investigación”.

La Prensa intentó localizar a Chin, pero en Ipacoop se informó que no tenían cómo localizarlo, mientras que miembros del Partido Panameñista –del que es parte Chin– no accedieron a proporcionar sus números telefónicos.

Allanamiento

Producto de las denuncias interpuestas por Muñoz y su abogado, el Ministerio Público realizó un allanamiento en las oficinas de Cacsa en Chiriquí, el viernes 13 de septiembre. Los fiscales buscaban el contrato que amparaban los honorarios de $1.5 millones para la firma de Ameglio Moncada.

Una fuente oficial comentó que “no se encontró el contrato, pero sí dos pagos por $200 mil (11 de junio) y $300 mil (7 de septiembre) a favor de Ameglio Moncada & Asociados. El primer pago se hizo un día después de que la Junta de Vigilancia de la cooperativa cuestionara duramente esta contratación. La misma fuente comentó que “no se encontró el sustento contable de la erogación de Cacsa” para sustentar estos pagos, que sumaban medio millón de dólares.

Los fiscales también buscaron las actas de las reuniones de la junta directiva de Cacsa cuando presuntamente discutieron de las “negociaciones” judiciales. Y aunque no se hallaron, La Prensa tuvo acceso a actas y documentos en las que se ensayaban supuestos escenarios, con y sin la contratación de los abogados externos. No obstante, su autenticidad no ha podido ser corroborada.

Una fuente judicial informó que tampoco se hallaron todas las actas. Sin embargo, en las que se pudieron encontrar consta que algunos directivos de Cacsa se opusieron a la contratación de Ameglio Moncada porque sus honorarios eran “muy altos”. También se observan diferencias notorias en cuanto a su contenido con las que obtuvo este me dio.

Habla la Corte

En horas de la tarde de ayer, la Corte Suprema de Justicia comunicó que “los magistrados y magistradas, jueces y juezas son independientes en el ejercicio de sus funciones, y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley”.

Manifestó que las sentencias de casación no las emite el ponente, sino un Tribunal Colegiado, integrado por tres magistrados.

“Se debe respetar y cumplir con los trámites establecidos para los procesos, que como el caso que menciona el medio, aun no tiene sentencia de fondo”, concluyó.

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