ANOMALÍAS EN EL REGISTRO DE ARMAS

Fiscalía pide asistencia a Estados Unidos por tráfico de armas

El Ministerio Público no ha imputado cargos a Ovidio Fuentes, director de la Diasp, y quien es señalado por sus presuntos nexos con una red dedicada a la importación ilegal de armas.

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La fiscalía ya recuperó 40 de las armas de fuego en 27 allanamientos. Archivo La fiscalía ya recuperó 40 de las armas de fuego en 27 allanamientos. Archivo
La fiscalía ya recuperó 40 de las armas de fuego en 27 allanamientos. Archivo

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada solicitó dos asistencias judiciales a Estados Unidos (EU), con el propósito de recabar nuevas pruebas en la investigación relacionada con la presunta comisión de delitos contra la fe pública y tráfico internacional de armas por parte de funcionarios de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp).

Las diligencias internacionales tienen como objetivo determinar cómo se efectuó el proceso para sacar de Estados Unidos las armas objeto de la investigación.

Asimismo, obtener facturas y costos de las armas, que fueron decomisadas por el Ministerio Público (MP).

David Mendoza, fiscal primero contra la delincuencia organizada, explicó que este es un delito que tiene connotación transnacional, porque las armas fueron compradas en el exterior.

Precisó que en una primera asistencia judicial remitida por EU se acreditó que las armas fueron compradas entre 2016 y 2017, pero tenían permisos en la Diasp del año 2012, por lo que –dijo– “evidentemente hay una alteración”.

Para el fiscal Mendoza, estos hechos confirman que “se burlaron de los controles de ingreso de ese tipo de instrumentos a la República de Panamá”.

“A nosotros [la fiscalía] nos corresponde establecer si existen más armas bajo esa misma modalidad y seguir desplegando la actividad investigativa para aclarar todos los hechos”, añadió.

A partir de las pesquisas preliminares y las pruebas presentadas por la fiscalía, un juez de garantías validó la imputación de cargos por la presunta comisión de delitos contra la fe pública y tráfico internacional de armas a ocho personas, entre ellas, funcionarios de la Diasp y un particular.

Los funcionarios de la Diasp son Mayka Guerra, Johana Artiaga, Juana Ulloa, Edwin Medina, Esther González, Ibeht Flores y Héctor Cruz. También es investigado el particular Yuki Tong.

Actualmente, todos los investigados tienen medidas cautelares de impedimento de salida del país, impuestas por un juez de garantías.

La fiscalía analiza la supuesta participación de Ovidio Fuentes, comisionado de la Policía Nacional (PN) y jefe de la Diasp, en esta red dedicada al tráfico internacional de armas de fuego.

El fiscal Mendoza señaló que la prórroga de seis meses concedida ayer por el juez de garantías, tras declarar el proceso como causa compleja, será aprovechada para “analizar” la presunta vinculación de Fuentes con los hechos.

El fiscal destacó que las armas nunca debieron haber ingresado a Panamá, ya que existe una prohibición expresa sobre esta materia que data de 2011.

“Pero, sumado a ello, si no existiese la veda, hay parámetros que se tienen que cumplir para poder importar armas al país”, advirtió el fiscal.

La investigación se centra en 66 armas de fuego –entre pistolas, revólveres y fusiles de asalto–, que fueron vendidas a comerciantes locales.

Hasta la fecha, la fiscalía recuperó 40 de estas armas. Se trata de lanza granadas y fusiles de asalto AR-15.

Las armas fueron adquiridas a bajos costos, que oscilaban entre $149 y $540, y eran negociadas en Panamá entre $5 mil 500 y $7 mil 500.

Las pesquisas determinaron que Yuki Tom recibía un trato preferencial en la Diasp al momento de realizar el trámite de los permisos de porte o tenencia VIP, sin cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 57 del 27 de mayo de 2011.

La Ley 57, normativa general de armas que rige en el país, establece que se le prohíbe la tenencia y el porte a personas que no hayan aprobado una prueba psiquiátrica en los últimos seis meses, a las personas que, conforme a su historial policivo, han sido detenidas reiteradas veces en estado de ebriedad o aquellas que han sido procesadas por esta razón.

También está prohibida para quienes hayan sido condenados por delitos como homicidio, violación o violencia doméstica.

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