Fiscalía intenta detener remate de fincas en Ibiza Coronado

En febrero de 2015, la Caja de Ahorros secuestró las fincas en las que se encuentran la piscina y el ‘lobby’ del complejo Ibiza Coronado. Pese al embargo, comunican que los propietarios del complejo pueden usar las instalaciones. En febrero de 2015, la Caja de Ahorros secuestró las fincas en las que se encuentran la piscina y el ‘lobby’ del complejo Ibiza Coronado. Pese al embargo, comunican que los propietarios del complejo pueden usar las instalaciones.
En febrero de 2015, la Caja de Ahorros secuestró las fincas en las que se encuentran la piscina y el ‘lobby’ del complejo Ibiza Coronado. Pese al embargo, comunican que los propietarios del complejo pueden usar las instalaciones. Archivo

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Una medida de secuestro penal en dos fincas del P.H. Ibiza Coronado pidió laFiscalía Séptima de Circuito al Órgano Judicial, solicitud que se fundamenta en que ambas fueron segregadas de forma inconsulta para pedir un crédito de $5 millones a la Caja de Ahorros.

Fiscal solicita secuestro penal

La Fiscalía Séptima de Circuito busca frenar el remate de las propiedades que la Caja de Ahorros secuestró en el proyecto P.H. Ibiza Coronado.

Aida Castro Galdeano, fiscal de este despacho, solicitó el secuestro penal para las dos fincas en las que se construyó un lobby-bar, una terraza y una piscina en el proyecto P.H. Ibiza Coronado.

La petición fue elevada al Juzgado del Circuito Penal del distrito de Panamá, aduciendo que estas fincas fueron segregadas de forma inconsulta por Roberto Rollón para luego ser transferidas a Rugiere Gálvez, que a través de R.G. Hotels solicitó préstamos que totalizan $5 millones a la Caja de Ahorros, pagando solo $500 mil y ocasionando que el Juzgado Ejecutor de esta entidad crediticia ejerciera un embargo sobre las áreas comunes.

La fiscal explica que el actual proceso de remate de estas fincas, cuyo primer llamado fue declarado desierto, “prolongaría los efectos del delito de estafa investigado”, toda vez que abre la posibilidad de que las fincas sean compradas por una tercera persona ajena a la causa penal, lo que dificulta la solución del conflicto entre las partes.

Por esta razón “urge al tribunal de la causa decretar el secuestro sobre las fincas a fin de evitar el remate y la consecuente prolongación de los efectos del delito”, precisó.

La solicitud de la fiscal forma parte del proceso de investigación por la presunta comisión de delito contra el patrimonio económico (estafa agravada) interpuesta por varios propietarios del condohotel.

Las fincas en las que se encuentran estas áreas comunes fueron incluidas por la Caja de Ahorros en una lista de propiedades a rematar en un acto convocado para el próximo 27 de octubre, declarado desierto ante la falta de oferentes.

Se desconoce la fecha del segundo llamado que hará la institución financiera.

En la programación de los remates convocados para diciembre no aparecen ninguna de las dos fincas del P.H. Ibiza Coronado. Pero en todo caso este proceso puede verse truncado si el juez ordena el secuestro penal requerido por la fiscalía.

El primer llamado para vender las propiedades fue hecho en medio de dos procesos judiciales, la investigación por posible estafa y una querella presentada por los afectados para que se determine la supuesta comisión de delito de corrupción de servidores públicos, peculado y abuso de autoridad.

Aceptando como garantía áreas comunes en los proyectos Playa Ibiza Corona y Coronado, la Caja de Ahorros aprobó a R.G. Hotels dos préstamos que totalizan los $5 millones en abril de 2013. Fue directamente el entonces presidente de la junta directiva de la entidad, Riccardo Francolini, quien avaló la transacción.

En el trámite, el banco admitió como válidas las áreas sociales que los propietarios creían como propias y que, según la ley de propiedad horizontal, son inalienables de forma independiente de sus bienes privativos: lobby, terrazas, piscinas y bares.

La actual administración de la Caja de Ahorros ha comunicado que ante cualquier situación de morosidad de un cliente, emprenderá todas las acciones que por ley se han establecido para garantizar y velar por el patrimonio del banco y sus clientes.

Además, recalca que la Contraloría General de la República hace una auditoría integral forense de la institución, por lo que esperan los resultados de la investigación para adoptar cualquier acción legal que implique atribuir alguna responsabilidad a otras personas.

La deuda que ahora enfrenta el banco estatal es una de las tantas que arrastra consigo R.G. Hotels, y que se calcula por arriba de los $60 millones.

Gálvez ha dicho en anteriores ocasiones a este diario que pagó puntualmente sus obligaciones y que la empresa cayó en morosidad cuando pacta un contrato de compraventa con el grupo Nabali Investments, a finales de 2014.

Los inversionistas de Nabali Investments solicitaron una quiebra voluntaria porque aducen que la transacción fue una “gran mentira”. Hablan de estados financieros y avalúos inflados.

Rollón, por su parte, en una carta enviada el pasado 9 de abril a los nuevos dueños de R.G. Hotels, advierte de que es imposible vincularlo con el fracaso comercial del proyecto y con el secuestro de las propiedades, pues nunca solicitó ninguna facilidad bancaria.

Asegura que la segregación de las fincas está amparada en una figura especial en la que los propietarios y el operador del hotel son parte de una relación comercial conjunta.

Según Rollón, las áreas que los afectados reconocen como “comunes” son “zonas privadas” concebidas para prestar servicios a los huéspedes del hotel. A su juicio, en estos casos está mal planteado el criterio de propiedad horizontal.

Hoy, cuando R.G. Hotels enfrenta un fallo de quiebra retroactiva decretado el 21 de octubre de 2015, pero con efecto a partir del 31 de julio de 2012, los servicios hoteleros de los que habló Rollón están completamente inactivos. También han quedado en el vacío el contrato administrativo con el que la empresa se comprometía a rentar sus propiedades a cambio de una mensualidad que cubriría sus gastos hipotecarios, ya que la gran mayoría pactó préstamos para financiar los apartamentos que costaron en promedio $90 mil.

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