CIUDAD DE LA SALUD

Fiscalía pide sobreseimiento provisional en caso de peculado

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La denuncia sobre las posibles anomalías en la Ciudad de la Salud fue presentada en mayo de 2015. La denuncia sobre las posibles anomalías en la Ciudad de la Salud fue presentada en mayo de 2015.
La denuncia sobre las posibles anomalías en la Ciudad de la Salud fue presentada en mayo de 2015. Archivo

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga solicitó un sobreseimiento provisional para el exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Sáez-Llorens, el exministro de Salud Javier Díaz, y otras cinco personas, como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del proyecto Ciudad Hospitalaria (hoy Ciudad de la Salud).

A través de la vista fiscal No. 248 del pasado 27 de diciembre de 2017, la fiscal anticorrupción Lizzie Bonilla León solicitó el sobreseimiento provisional para los investigados por considerar que “han disminuido los fuertes indicios que reposaban en la investigación”.

En su escrito, la fiscal Bonilla estimó que el contrato de la obra no fue estructurado de la mejor manera y permitió vacíos que, empero, fueron corregidos.

SIN CULPABLES POR SUPUESTAS ANOMALÍAS EN OBRA INSIGNIA

Después de tres años de que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga iniciara una investigación por supuestas anomalías en la construcción de la Ciudad de la Salud, esa entidad judicial solicitó un sobreseimiento provisional para los vinculados con el caso.

La medida alcanza al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens; al exministro de Salud Javier Díaz; y Alberto Maggiori Toledano, exfuncionario de esa entidad. Asimismo, a Lizka Richards, exsubdirectora de Instalaciones; Linnet Monterrey, exdirectora ejecutiva nacional de Ingeniería y Servicio de Apoyo; Marina de Sucre, exsubdirectora nacional de Compras y Nelson Dueñas, todos de la CSS.

Se les investigaba por la supuesta comisión del delito de peculado en uno de los proyectos insignia del expresidente Ricardo Martinelli. La obra está valorada en $517 millones.

En la vista fiscal del caso, fechada el 27 de noviembre de 2017, la fiscal Lizzie Bonilla concluyó que, aunque el contrato para la ejecución del proyecto no fue estructurado de la mejor manera, los “fuertes indicios” en los que se fundamentaba la investigación “han disminuido”.

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga realizó varias inspecciones oculares a la obra, que aún se encuentra en fase de construcción. Expandir Imagen
La Fiscalía Anticorrupción de Descarga realizó varias inspecciones oculares a la obra, que aún se encuentra en fase de construcción. LA PRENSA/Archivo

Además, detalla que, a pesar de que en la denuncia que dio origen a la investigación –presentada a título personal en mayo de 2015 por Eduardo Voitier– se incluyó un informe de auditoría interna de la CSS que daba cuenta de irregularidades, estas fueron corregidas para beneficio del Estado.

El documento también destaca que la Contraloría General de la República no observó violaciones a la ley de contrataciones públicas.

PRIMERAS ADVERTENCIAS

En una primera auditoría, efectuada el 7 de septiembre de 2015, la CSS enumeró anomalías en la ejecución de la obra, entre ellas, que no había registros sobre la donación del terreno, que fue aprobada mediante Decreto de Gabinete No. 30 del 27 de marzo de 2013, pero cuyo traspaso fue protocolizado por el entonces director de la CSS, Estivenson Girón, el 19 de mayo de 2015.

Los auditores también determinaron que no fueron consideradas las vías de acceso al proyecto, el abastecimiento óptimo de agua potable y el aprovisionamiento de la energía eléctrica, condición que debió haber sido prevista antes de comenzara la obra, en el año 2012.

Asimismo, advirtieron que el plan de ordenamiento territorial del proyecto fue aprobado en 2013, un año después de haberse iniciado los trabajos.

El 28 de agosto de 2017, la Contraloría remitió a la fiscalía una segunda auditoría (086-110-2016 DINAG-2017), relacionada con la etapa precontractual y contractual del proyecto.

En este informe, los auditores concluyen que la etapa precontractual se desarrolló conforme a la Ley de Contrataciones Públicas, que la obra pactada en el contrato se encuentra en proceso de construcción, y que están vigentes las fianzas y anticipos.

Esta auditoría también incluye el informe técnico elaborado por la Dirección de Ingeniería de la Contraloría, según el cual, los montos de avance físico reportados por el contratista en el reglón de diseño y construcción, así como los montos pagados, se ajustan a lo verificado en el campo.

A la vez, el informe precisa que el monto total de la obra quedó fijado en $517 millones 507 mil y que para el momento en que se elaboró el documento ya se habían desembolsado $270 millones 784 mil, que constituyen el 52% de avance financiero.

La decisión de sobreseer provisionalmente el caso o no está en manos del Juzgado Octavo Penal, a cargo de Raúl Eduardo Vergara.

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