PROYECTOS DE LEY

Fracasa agenda anticorrupción de la Asamblea y la Presidencia

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Estudiantes de derecho y organizaciones de la sociedad civil presentaron el proyecto de ley que busca que los delitos de corrupción no prescriban. Archivo Estudiantes de derecho y organizaciones de la sociedad civil presentaron el proyecto de ley que busca que los delitos de corrupción no prescriban. Archivo
Estudiantes de derecho y organizaciones de la sociedad civil presentaron el proyecto de ley que busca que los delitos de corrupción no prescriban. Archivo

La agenda anticorrupción del Legislativo y Ejecutivo cerró 2018 con números rojos.

Proyectos de ley como el que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la “muerte civil” y la prescripción de dominio, y el que regula las notarías, se encuentran archivados en la Comisión de Gobierno de la Asamblea en espera de debate.

Mientras que el Ejecutivo desestimó, al menos, cinco proyectos que preparó la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que pretendían castigar el conflicto de interés y los sobornos, fomentar la transparencia, y auditar las declaraciones de bienes patrimoniales.

Las iniciativas fueron elaboradas por Antai en 2016 y, desde entonces, duermen en los escritorios de los funcionarios a la espera de que sean considerados por el Gabinete.

En campaña, el presidente Juan Carlos Varela se comprometió a impulsar normas para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, y combatir el clientelismo.

Leyes para combatir la corrupción, la batalla perdida de la sociedad civil

El pasado 9 de diciembre, día internacional contra la corrupción, Angélica Maytín, directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), a través de Twitter, solicitó a la Presidencia de la República aprobar un paquete de leyes anticorrupción.

Aunque no detalló cuáles eran, se trata de al menos cinco propuestas que esperan aprobación del consejo de gabinete del presidente Juan Carlos Varela desde el año 2016 y que contempla más sanciones contra los corruptos.

Son iniciativas que buscan, entre otros cosas, auditar las declaraciones de bienes patrimoniales de los funcionarios, castigar el soborno y el conflicto de interés, proteger a los ciudadanos que denuncian la corrupción y fortalecer el tribunal de cuentas.

Los proyectos, que pasaron el filtro de la Concertación Nacional, no despiertan el interés del Gabinete a pesar de que el eje número dos del plan de gobierno de Varela, denominado “Cero tolerancia contra la corrupción”, contemplaba precisamente legislar sobre estos temas.

En el Legislativo

La agenda anticorrupción tampoco registra avances en la Asamblea Nacional, donde proyectos de ley como los que contemplan la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la inhabilitación perpetua a los condenados por estos ilícitos (“muerte civil”), la prescripción de dominio y la regulación de las notarías, esperan su discusión en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, instancia presidida por el perredista Rubén De León.

El calvario de la imprescriptibilidad

El que trata sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, por ejemplo, tiene un pasado complejo. Fue promovido por estudiantes de derecho y organizaciones ciudadanas, implicó largas jornadas de discusión con el pulseo político de por medio, y en segundo debate, las bancadas del Partido Revolucionario Democrático y Cambio Democrático le introdujeron varios artículos polémicos.

Uno de ellos eliminó por completo un numeral del artículo 51 del Código Penal, que castiga con multa a las personas jurídicas prestadoras del servicio de transporte que introduzcan droga en el país. Mientras que otras dos disposiciones introducidas abruptamente modifican la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas, para impedir que el Estado contrate a empresas que han hecho acuerdos de colaboración en casos de corrupción.

Con esos cambios, el proyecto de ley fue aprobado en tercer debate el 3 de marzo de 2018. No obstante el Ejecutivo lo vetó el 15 de abril de este año argumentado que los artículos mencionados son inconstitucionales.

Desde entonces, la iniciativa está engavetada en la Comisión de Gobierno. El proyecto nunca se debatió por dos razones: no hay consenso para su discusión porque varios diputados consideran que lo vetado por el Ejecutivo no es inconstitucional, y las pugnas entre los dos poderes del Estado por las planillas y contratos legislativos pusieron en pausa propuestas de ley que interesan a la ciudadanía, sector que ha cuestionado fuertemente a los diputados en los últimos meses y que incluso promueve una campaña por la no reelección.

Juan Diego Vásquez, uno de los estudiantes de derecho que empujó el proyecto, condenó lo que llamó “actitud hipócrita” de los diputados al rechazar tratar “un tema tan importante como la lucha contra la corrupción”.

“Todos son cómplices. No he escuchado alguna voz que pida el debate de esta propuesta”, añadió.

Mientras que Anette Planells, dirigente del Movimiento Independiente, se refiere a este quinquenio como “un lustro perdido” para fortalecer el marco legal de la lucha contra la corrupción.

Pidió a los diputados y al gobierno de Varela que cumplan con la Constitución y la ley.

Pero además mandó un mensaje para los panameños: “No reelijan a ninguno. Busquemos en la oferta electoral a aquellos candidatos cuya trayectoria garantice sus promesas”.

¿Quiénes conforman la Comisión?

Estos son los integrantes de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional: José Luis Varela, Jorge Alberto Rosas y Carlos Santana, del Partido Panameñista; Rubén De León (presidente), Benicio Robinson, y Quibián Panay (vicepresidente) del Partido Revolucionario Democrático, y  Manuel Cohen (secretario), Vidal García y Rubén Frías, de Cambio Democrático.

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