ENTIDADES PÚBLICAS

Fraude en registro de fincas

Redes criminales están vulnerando los controles de instituciones como las notarías y el Registro Público para adueñarse de propiedades.

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El terreno en disputa se encuentra en el el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, el cual tiene un valor de 7 millones de dólares. El terreno en disputa se encuentra en el el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, el cual tiene un valor de 7 millones de dólares.
El terreno en disputa se encuentra en el el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, el cual tiene un valor de 7 millones de dólares. Alexander Arosemena

El 10 de marzo de 2015, el empresario Carlos Valencia recibió una llamada telefónica en la que se quejaban por el movimiento de tierra en una de las fincas de su propiedad.

Valencia reaccionó bastante sorprendido, porque hasta ese momento no tenía planes de desarrollar un proyecto en ese terreno en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, el cual tiene un valor de $7 millones.

Cuando llegó al lugar se encontró con que había maquinaria realizando trabajos. Además de eso, los responsables de las obras le aseguran que habían comprado el terreno y tenían toda la documentación en regla.

A raíz de esto, el empresario presenta una denuncia en el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito contra la fe pública (falsedad). Su representación la tiene Tejada Abogados.

Jorge Gutiérrez, miembro de esa firma y quien atiende este caso, señaló que se trata de un acto ilícito en el que despojan una finca de su legítimo propietario a través de actos fraudulentos.

“Con un poder falso la persona comparece ante una notaría y arrogándose el derecho de vender la finca a un tercero. El documento era falso y pese a eso se inscribe en el Registro Público”, acotó.

Gutiérrez mencionó que en la actualidad la investigación por parte de las autoridades continúa, a fin de determinar si otras personas participaron en este ilícito. “A nuestro modo de ver no se descarta que exista una organización criminal detrás de todo esto”, manifestó.

Para el abogado, este es el reflejo de la necesidad que existe de mayores controles en entidades como las notarías y el Registro Público. “Nunca está de más que se refuercen los controles del trabajo notarial y que se verifique con mayor acuciosidad los temas registrales”, dijo.

Uno de los puntos que le llama la atención a los defensores legales de Valencia es cómo se logra inscribir una escritura en el Registro Público que no tenía “testigos instrumentales”, elemento básico para que una escritura tenga validez.

Otro de los aspectos que resalta en este expediente es que el notario cuarto de circuito de Panamá cuando se protocolizó el acta falsa, Jaime Guillén, manifiesta que en sus libros de registros no se encuentra dicha escritura y que su firma fue falseada.

MÁS CASOS

Esta no es la primera vez que se reportan casos de este tipo. Por ejemplo, en Tejada Abogados plantean que todos los años ocurren este tipo de actos ilícitos. Aunque no todas las veces llegan a las autoridades judiciales.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, al año reciben más de 400 denuncias por falsificación, dentro de las cuales están los plagios a documentos notariales y escrituras.

Uno de los casos más mediáticos se reportó en 2011 tras el asesinato del exgobernador de Coclé Darío Fernández, quien denunció a una red criminal que se dedicaba a la titulación fraudulenta de tierras en Colón.

Debido a estos vacíos, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, presentó en 2014 un proyecto de ley para mejorar los controles en esas entidad, pero aún no pasa de primer debate.

En su exposición de motivos, el ministro señala que que es “imperante rescatar el sistema notarial, posicionando a las notarías en el siglo XXI de manera tal que garantice al usuario y al Estado, el profesionalismo, la independencia y la imparcialidad del notario en el ejercicio de la certificación de la fe pública e incorporando las herramientas tecnológicas de nuestra época”.

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Para el funcionario hay que “actualizar la legislación” en este tema, antes de que se reporten otros casos como los ya mencionados.

También argumenta que actualmente no se mantiene para las notarías públicas un sistema de fiscalización real sobre los ingresos que generan, ni sobre los documentos que producen, por lo que es importante crear un sistema de automatización y almacenamiento de todos los instrumentos protocolares, escrituras y archivos públicos y privados, así como la contabilidad de los ingresos y egresos que se generen en esas entidades.

El proyecto de ley contiene controles como que se retoma la práctica de la utilización del papel notarial exclusivamente impreso por el Estado, el cual contará con numeración corrida e irrepetible iniciando con el número de la provincia en donde se encuentre la notaría, y que contará con las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Gobierno, mediante decreto ejecutivo. De igual manera se regulan los sellos notariales, estableciendo un único sello que será entregado por el Ministerio de Gobierno.

Por su parte, Quibian Panay, presidente de la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, informó que este año sostuvieron una reunión sobre la propuesta de ley que presentó el Ministerio de Gobierno, pero se ha dilatado un poco por el tema de las consultas.

“Tenemos toda la disposición, pero estamos consultando a todos los actores clave en este tema. Esperamos el próximo semestre avanzar más en este documento”, afirmó Panay, quien dice estar de acuerdo con que se fortalezcan los controles.

NUEVAS MEDIDAS

Otra de las entidades señaladas en estos casos como lo es el Registro Público, también emitió su opinión.

Fernando Alfaro, director del Registro Público, subrayó que están al tanto de la situación, porque han recibido comunicación de las notarías sobre falsificaciones de algunas escrituras públicas y, adicionalmente, recibieron inspecciones oculares del Ministerio Público sobre la información que reposa en sus constancias registrales.

No obstante, resaltó que el Registro Público implementó, en octubre de 2014, una nueva herramienta de trabajo para hacer los trámites registrales de manera electrónica, a través de una plataforma que ofrece una mayor seguridad jurídica a la propiedad privada y demás derechos.

“Esta nueva herramienta nos permite configurar cuáles son las acciones ejecutables sobre una finca luego de una inscripción provisional y, además, nos permite controlar que esta inscripción esté activa durante el tiempo que legalmente tiene previsto de vigencia”, puntualizó.

Alfaro expresó que el traspaso fraudulento de propiedades en casi todos los casos, por no decir todos, proviene de situaciones extrarregistrales, es decir, que se dan fuera del Registro Público.

Adicionalmente, aseguró que quieren implementar lo que preliminarmente denominan ‘Alerta Registral’, que es un servicio que permitirá poner en conocimiento del propietario de un predio el título o títulos que se hubieran presentado sobre la partida registral del predio.

“El servicio de Alerta Registral se brindará mediante la remisión de un mensaje a la dirección electrónica (correo electrónico) que el titular hubiera señalado en su documento al momento de inscribir el mismo. Esto puede mitigar mucho el traspaso fraudulento de propiedades que se generan fuera del Registro”, concluyó.

Para Ricardo Landero, expresidente de los notarios de Panamá, en el país hay solo 24 notarías para 4 millones de habitantes, lo que hace complejo la fiscalización de los documentos.

No obstante, aclara que aproximadamente el 70% de las escrituras se hacen fuera de las notarías (bancos, financieras y navieras).

A la vez, detalló que desde 2009 se implementaron ciertos controles para evitar falsificaciones como tomar huella digital a la persona, fotos y verificación con el Tribunal Electoral. “Muchos notarios son sorprendidos en su buena fe”, aportó.

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