CONTRATACIONES PÚBLICAS Y PROCESOS JUDICIALES

Gabinete analizará fallo de Odebrecht

El juez Óscar Carrasquilla basó su decisión en el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre la empresa y la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Representantes de la sociedad civil rechazan que la empresa brasileña pueda seguir licitando con el Estado.

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Álvaro Alemán Archivo

La Dirección Jurídica de la Presidencia de la República revisará la sentencia emitida por el juez Óscar Carrasquilla en la que certifica que la constructora Odebrecht no está inhabilitada para licitar con el Estado, tal como se contempló en el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre la empresa y la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga el pago de sobornos que dio la constructora a funcionarios y particulares.

Así lo informó a este medio el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, quien agregó que, luego de ese paso, el asunto se discutirá en el Gabinete.

Entretanto, dirigentes de la sociedad civil organizada cuestionan que las reformas a la Ley 22 de Contrataciones Públicas no lograron el objetivo de impedir a las empresas vinculadas con corrupción de que contraten con el Estado.

Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que el problema no es el juez. “Aquí hace falta una legislación que prohíba que estas empresas sigan licitando, eso está pendiente, porque la Asamblea [Nacional] no hizo las reformas necesarias a la norma”, añadió.

Olga De Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, también considera que la ley de contrataciones le da ventaja a Odebrecht, lo que produce una sensación de “injusticia”. Recordó que “el primer acuerdo de la empresa con Brasil le permitía seguir licitando en todos los países”.

NORMAS

Los vacíos de la Ley de Contrataciones Públicas, reformada en 2017 a solicitud del Ejecutivo, concentró el debate un día después de que se diera a conocer que la constructora Odebrecht no tiene impedimento para licitar en Panamá.

Actores de la sociedad civil organizada coinciden en que los cambios que se le hicieron a la norma de contrataciones públicas que impulsaron el presidente, Juan Carlos Varela, y su Gabinete, no llenaron las expectativas ciudadanas, porque le permiten a las “empresas corruptas” seguir haciendo negocios con el Estado.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez dijo, por ejemplo, que se está premiando al infractor de la ley, en este caso a Odebrecht, al permitirle seguir con las mismas actividades que han dado lugar a sanciones y reproches tanto del Ministerio Público como de la propia ciudadanía.

“Una persona con sentido común y con algún criterio de moralidad pública no le daría un visto bueno [para seguir contratando con el Gobierno]. Otros países los han excluido de las licitaciones con el Estado”, añadió.

En el auto 286 del pasado 28 de diciembre, el Juzgado Duodécimo Penal, a cargo de Óscar Carrasquilla, admitió una solicitud especial de Odebrecht para certificar que no está inhabilitada para licitar o contratar con el Estado panameño.

Esto, a raíz de que el acuerdo que firmó la constructora con la Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga el pago de coimas, se enfoca también en la “preservación de las operaciones de la empresa” y que, entre otras cosas, la compañía ha cumplido con el acuerdo, y que solo tiene pendiente la cancelación de la multa ($220 millones), para lo que se le otorgó un plazo.

Cristina Torres Ubillús, abogada y politóloga, considera que Carrasquilla “falló en derecho”, ya que la Ley de Contrataciones Públicas no plantea impedimento para que Odebrecht siga licitando con el Estado. Aseguró que pese a las críticas, “el derecho es lo que está regulado y a eso hay que apegarse, a la ley, y asíél actuó”. “Las críticas son valederas, pero la ley no se lo prohíbe, así que [Odebrecht] no tendrá problemas en seguir licitando”, aseveró.

La constructora brasileña, que admitió haber pagado al menos $90 millones en sobornos en Panamá, ha ganado unos $9 mil millones en los últimos tres gobiernos: Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).

El pasado 6 de diciembre, personal de la empresa participó en una convocatoria efectuada por Tocumen, S.A. dentro de la etapa de homologación para licitar dos contratos de infraestructura en la terminal aérea. Esta situación, según Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, es “lamentable”. Culpó a la clase política de no haber tenido la voluntad de incluir en las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas un artículo que impida a las empresas que hayan reconocido actos de corrupción licitar con el Gobierno.

Mientras, el empresario Horacio Icaza recordó en Twitter que participó en muchas discusiones de esa ley y siempre fue evidente el interés del Ejecutivo por excluir cualquier artículo que inhabilitara a “maleantes como Odebrecht” que, añadió, “sigue teniendo trato favorable”.

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