ENTREVISTA

García-Sayán: ‘Que primen los méritos’

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Diego García-Sayán es relator especial sobre la independencia de jueces y abogados desde enero de 2017. Tomado de Diego García-Sayán es relator especial sobre la independencia de jueces y abogados desde enero de 2017. Tomado de
Diego García-Sayán es relator especial sobre la independencia de jueces y abogados desde enero de 2017. Tomado de

La Cancillería dio luz verde la semana pasada a la petición del procurador de la Administración y coordinador de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, Rigoberto González, para que las Naciones Unidas (ONU) revise el grado de independencia y legitimidad del sistema judicial panameño.

El peruano Diego García-Sayán será el encargado de esta misión -la primera de este tipo- como relator especial del organismo internacional en esta materia.

En conversación exclusiva con La Prensa, García-Sayán explicó que, de momento, no ha recibido ninguna comunicación del Gobierno y que, por lo tanto, no está en su agenda. Si bien precisó que las cuestiones burocráticas a ese nivel suelen demorarse. “A veces algunas organizaciones internacionales en lugar de emails usan palomas mensajeras”, manifestó.

No ha podido examinar de cerca el sistema judicial de Panamá, pero adelantó que hay que “garantizar la independencia del sistema judicial” ante las posibles injerencias del poder político. “El principio clave es el de defender la estabilidad de jueces en funciones, sin convertirlos naturalmente en intocables”, remachó.

La cancillería de Panamá anunció que estaba tramitando su visita. ¿Podría adelantarnos cuándo se producirá?

De momento, no me ha llegado ninguna comunicación del Gobierno de Panamá. La asociación Alianza Ciudadana Pro Justicia me remitió la semana pasada una serie de quejas sobre el sistema judicial panameño, sobre todo, en materia de nombramiento de jueces y del uso del sistema disciplinario. Pero es posible que la Cancillería de Panamá haya enviado la petición de visita a la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra. A veces algunas organizaciones internacionales en lugar de emails usan palomas mensajeras.

De producirse la visita, ¿cuál será su agenda?

Habrá entrevistas con autoridades del Estado y con otras instancias judiciales, como los miembros del Ministerio Público, los espacios de elección, jueces y fiscales, las escuelas de formación judicial […] En las visitas se establecen relaciones con funcionarios judiciales de distintos niveles, para que me expresen sus puntos de vista que no siempre coinciden con los que ejercen la autoridad judicial. También se agendan reuniones con la sociedad civil. Son muy intensas, duran varios días, y concluyen con una rueda de prensa. El informe oficial se suele demorar algunas semanas en su preparación para la presentación en los órganos oficiales de la ONU. Por condiciones de tiempo y recursos, no se producen más de dos o tres visitas al año en todo el mundo. Es importante explicar que el relator nunca invade el terreno de las decisiones de las autoridades soberanas del país concernido, pero sí tiene la obligación de compartir cuáles son los principios fundamentales de la independencia y trasparencia judicial.

Aunque no pueda hacer un análisis en profundidad en este momento, ¿podría destacar cuáles son los temas que están sobre la mesa?

Lo primero es que los procesos de selección de magistrados respondan a criterios internacionales y que primen los méritos. Es vital que haya trasparencia y que la sociedad pueda conocer de antemano los currículos de las personas que se postulan al cargo para evitar que se ponga en acto un sistema de intercambio de favores. También es urgente garantizar la independencia del sistema judicial frente a las injerencias del poder político.

En este sentido, ¿qué elementos suponen una amenaza para la independencia y la legitimidad de la justicia?

La injerencia política en la sustancia de las decisiones de los jueces es un aspecto corrosivo que se manifiesta a través de elementos, a veces, muy sutiles, como si se publicita o no la vacante de un cargo o si la sociedad puede pronunciarse sobre las hojas de vida de los candidatos. Para que no se produzca es necesario que haya un procedimiento claro de investigación y sanción ante las faltas que puedan cometerse dentro del sistema judicial. Es alarmante que exista, por ejemplo, un esquema de rendición de cuentas arbitrario y sin garantías procesales, que solo se use contra los jueces o fiscales que pueden ser peligrosos para el poder político. El principio clave es el de defender la estabilidad de jueces en funciones, sin convertirlos naturalmente en intocables. El tercer nivel es la influencia de la corrupción en el funcionamiento de la justicia. Es muy peligroso que individuos corruptos con mucho poder o personas vinculadas al crimen organizado penetren en el sistema judicial de un país, porque esto se traduce en impunidad de quienes cometen delitos. Este es uno de los grandes retos del sistema judicial de todos los países. La falta de recursos también impide el buen funcionamiento de la justicia.

¿Cree que estaban preparados los sistemas judiciales de América Latina para hacer frente al caso Odebrecht?

No, yo creo que no. Pero justamente la magnitud de ese problema hace que se tenga que echar mano de herramientas que estaban ahí dormidas, como la Convención contra la Corrupción de la ONU que ha permitido un intercambio de información entre países sobre este caso precisamente porque establece una serie de obligaciones para jueces y fiscales en los casos de corrupción transnacional. Esto antes no solamente no se hacía, sino que un fiscal tenía que guardar bajo secreto la información y no la podía compartir con nadie. Estamos viendo un escenario regional insólito, con ex jefes de Estados arrestados o privados de libertad en varios países. Es el momento de la historia de América Latina donde ha habido más procesos penales contra altos funcionarios dentro de sistemas democráticos. La figura de la delación premiada ha contribuido a este éxito porque el que delata en teoría no puede mentir porque si se descubre que lo que dice es falso automáticamente pierde las ventajas y derechos que había adquirido por las confesiones realizadas.

En general existe una percepción de que el caso Odebrecht ha funcionado en dos velocidades. Una en Brasil con más resultados y otra en el resto de países…

Es cierto. Algunos incluso afirman que si no hubiera estallado el caso en Brasil, [en] otros Estados nadie se hubiera despertado. Es posible, pero todo proceso debe empezar en algún sitio […].

¿Qué garantías tenemos de que no vuelva a ocurrir un caso de este calibre?

Es un tema muy complejo, pero lo fundamental es que haya trasparencia en la función pública, también en las licitaciones y los concursos públicos. Es central que el ejercicio de los egresos del Estado pueda ser seguido por los ciudadanos que quieran a través del sistema informático: saber cuánto se está gastando, cuáles son los sobrecostos en cada obra […] Esto no quiere decir que elaboremos un sistema tan burocrático y enredado que impida que haya obras. También es determinante el papel de los medios, porque muchas investigaciones nacen de investigaciones periodísticas.

En Panamá la percepción social es que la justicia es selectiva y solo actúa contra las personas que no tienen recursos.

Es muy peligroso que la sociedad panameña no confíe en la justicia. Lamentablemente la percepción sobre la justicia, en general, en el mundo, no es positiva. A veces esa percepción se alimenta de experiencias individuales, de un sistema judicial lento… pero esto no quiere decir que sea la realidad.

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