Gobierno y FARC acuerdan ‘blindar’ proceso de paz

Las partes definieron una serie de mecanismos jurídicos para garantizar que lo acordado en la mesa de negociación se mantenga.

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Humberto de La Calle, negociador del Gobierno colombiano, explicó los términos de lo acordado. Humberto de La Calle, negociador del Gobierno colombiano, explicó los términos de lo acordado.
Humberto de La Calle, negociador del Gobierno colombiano, explicó los términos de lo acordado. Yamil Lage

El Gobierno colombiano y las FARC anunciaron ayer en La Habana una serie de mecanismos para blindar el proceso de paz entre las partes.

Los delegados de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de negociación, leyeron un texto en el que quedó claro que los puntos acordados en la mesa de negociación, una vez se firme la paz y se surtan trámites en el Congreso, tendrán rango constitucional.

El objetivo de lo acordado ayer, según los delegados de los países garantes, es “asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho acuerdo final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional”.

En reiteradas ocasiones las partes han expresado inquietudes de que eventualmente con el tiempo los acuerdos que se firmen en la isla puedan ser, por ejemplo, objeto de modificaciones por gobiernos colombianos venideros.

Por eso el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de La Calle, expresó que “toda negociación entre un gobierno y una guerrilla enfrenta el mismo problema: un acuerdo de paz es un acuerdo político. Requiere de medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo”.

De la Calle insistió en que, aunque aún no ha sido acordado por las partes, el proceso de paz con la guerrilla incluye una refrendación popular, tal como lo dijo el presidente Juan Manuel Santos cuando anunció el inicio de la negociación en 2012.

En concepto del jefe negociador, “tanto el Gobierno como las FARC comparten una idea crucial: la mejor forma de garantizar la vigencia de los derechos humanos e impedir nuevas violaciones a causa del conflicto interno es poner fin al mismo. Lo que buscamos en La Habana es terminar la guerra”, porque ese “es el mejor modo de garantizar los derechos humanos de los colombianos”.

El funcionario hizo hincapié en que el acuerdo final ocupará un lugar privilegiado en el marco constitucional, toda vez que ingresará al llamado bloque de constitucionalidad en sentido estricto y con carácter transitorio.

Es decir, según sus palabras, servirá como parámetro de constitucionalidad para el desarrollo y la interpretación de las normas de implementación de los acuerdos.

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