audiencia ante CIDH

´Gobierno niega información´

Los representantes de Panamá destacaron que es práctica constante poner barreras al acceso a información de interés público.

Dos temas de vital importancia para la democracia panameña  –justicia y acceso a la información pública– fueron discutidos ayer en “audiencias temáticas” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). En ambas audiencias, los representantes de la sociedad civil panameña pidieron que la CIDH haga una visita in loco al país y emita recomendaciones.

En la primera de las dos audiencias, la abogada Joana Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (Ciam) y la arquitecta Raisa Banfield, de la Fundación Panamá Sostenible, hablaron en representación de ocho organizaciones ambientalistas.

“Hemos acudido a esta audiencia con el fin de denunciar el patrón de violación del derecho de acceso a la información pública... en particular la relacionada con la gestión ambiental del país”, señaló Ábrego.

Según Ábrego, los funcionarios panameños del gobierno actual “a diario” niegan acceso a la información con una variedad de tácticas: niegan información a ciudadanos que no son “parte interesada” de un proyecto. Cobran tasas por fotocopias que impiden el acceso a las personas de escasos recursos. Clasifican información de “confidencial”. Reducen la información en las páginas web de las instituciones.

Pero lo más grave, subrayó Ábrego, es “la falta de un recurso judicial eficiente”.

Por su parte, Banfield hizo hincapié en que la falta de acceso a información pública puede tener “consecuencias importantísimas” cuando se trata de megaproyectos. Ella detalló que hay 118 proyectos hidroeléctricos en marcha, donde las comunidades afectadas no tuvieron información efectiva y a tiempo. Igual ocurre con las 926 concesiones mineras otorgadas o en trámite, y unos 66 proyectos costeros.

Para exponer las “campañas de denigración” que el Gobierno panameño lanza contra quienes lo cuestionan, Banfield mostró un video en el que el Gobierno acusó a quienes criticaban el proyecto minero de cerro Colorado de tener “intereses oscuros”.

Por el Estado panameño compareció a la audiencia una numerosa delegación de funcionarios encabezada por Vladimiro Franco, de la Cancillería. La respuesta de Franco fue recitar detalladamente las muchas disposiciones legales en Panamá sobre acceso a la información, a lo que la relatora especial de la CIDH sobre libertad de expresión, Catalina Botero, comentó que lo que se cuestiona en Panamá “no es el marco jurídico, sino la aplicación” de la ley.

“Hay deficiencias”, reconoció Franco, “pero el Estado está haciendo todo lo posible”.

examen a la justicia

La segunda audiencia ayer ante la CIDH examinó la situación de la justicia panameña. Los expositores Mirte Postema, de la Fundación para el Debido Proceso, y Carlos Lee, Magaly Castillo y Miguel Antonio Bernal, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, señalaron que se ha agravado la crisis en la justicia panameña “sin que el Gobierno tome las medidas necesarias para empezar a solucionarla”. Criticaron particularmente que el gobierno actual se niegue a establecer un procedimiento de selección de magistrados de la Corte Suprema “que sea transparente, participativo y centrado en los méritos de los candidatos”.

“Hay ejemplos claros de la manipulación y el amiguismo en el nombramiento de los funcionarios judiciales”, afirmó Lee. Castillo agregó que la justicia panameña es lenta e inefectiva cuando de protección de los derechos humanos se trata. Bernal advirtió del peligro que una Sala Quinta –de por sí inconstitucional, y con todos sus magistrados nombrados por el gobierno actual– se preste para avalar alguna ley a todas luces inconstitucional, como, por ejemplo, la segunda vuelta.

Por Panamá, la delegación encabezada por Franco respondió que el Gobierno hace todo con apego a la ley y a la Constitución. Para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema, por ejemplo, el procedimiento es el que establece la Constitución.

En cuanto a los disturbios en Bocas del Toro, Franco dijo que “el Gobierno panameño lamenta profundamente las muertes”.

Casi al cerrarse la audiencia, el comisionado Felipe González advirtió de que es necesario que los gobiernos respeten los derechos de los peticionarios cuando regresan a sus países, una referencia clara al hostigamiento al que Castillo fue sometida después de la audiencia del año pasado.

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