Análisis

Procurador González contesta demanda de Waked

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Rigoberto González.Archivo Rigoberto González.Archivo
Rigoberto González.Archivo

En la mayor demanda por daños y perjuicios que conoce la justicia panameña, el procurador de la Administración, Rigoberto González, contestó el pasado 22 de febrero la demanda del empresario Abdul Waked contra el Banco Nacional de Panamá, por los daños que alega le causó el fideicomiso del centro comercial Soho Mall.

En 82 páginas, el abogado del Estado buscó excluir al Banconal de este tipo de reclamaciones afirmando que la transacción fue comercial y no un acto administrativo sujeto a control de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

González invocó tres excepciones para cerrar el caso y pidió como testigos a algunos de los abogados asesores del demandante.

González: Waked pidió intervención del Estado

En el ordenamiento jurídico panameño, le corresponde al procurador de la Administración la defensa del Estado o los municipios en los casos de demandas por indemnización por daños y perjuicios que se lleven adelante ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

El procurador Rigoberto González presentó la contestación a la demanda de Abdul Waked contra el Banco Nacional de Panamá (BNP) el pasado 22 de febrero. En el documento, de 82 páginas, queda muy claramente evidenciada la estrategia de González de desarticular primero los argumentos y pruebas de la demanda de Abdul Waked e invocar tres excepciones distintas, cada una de las cuales de ser aceptada como probada por la Sala Tercera, causaría el final de este caso.

La demanda, presentada en julio del año pasado, pretende que el BNP le pague a Waked una indemnización por daños y perjuicios por un monto de mil 268 millones 704 mil 177 dólares, que supuestamente constituye la pérdida causada por la actuación del banco estatal como fiduciario del fideicomiso al que fue traspasado el centro comercial Soho Mall, en julio de 2016.

La controversia empezó cuando el empresario Abdul Waked, algunos de sus familiares y sus empresas -entre ellas, Soho Mall- fueron incluidos, en mayo de 2016, en la llamada Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Dicho país afirmaba con esa acción que había vínculos del empresario con el lavado de dinero producto del narcotráfico.

De acuerdo con las evidencias presentadas por el procurador en la contestación de la demanda, se incluye copia debidamente legalizada, traducida y apostillada del fallo N°17-5075, del 10 de agosto de 2018, en el que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el distrito del Circuito Columbia, ratificó una decisión adoptada el 7 de abril de 2017 por la jueza Colleen Kollar-Kotelly -también del distrito de Columbia, aunque de un tribunal inferior- que consideró que la OFAC no violó el debido proceso al incluir a Waked en la Lista Clinton, ya que se le notificó de este hecho conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

El empresario Abdul Waked exige más de mil millones como indemnización, alegando que vendió Soho Mall por presiones. Archivo Expandir Imagen
El empresario Abdul Waked exige más de mil millones como indemnización, alegando que vendió Soho Mall por presiones. Archivo

En ese fallo también consta que Waked propuso a la OFAC colocar sus bienes “en un fideicomiso administrado por personas independientes aprobadas por el Gobierno de Estados Unidos”, como opción para lograr su exclusión de la lista.

El procurador solicita como testigos a Ebrahim Asvat, Khatiya Asvat, Gabriel González Ruiz, Cecilio Castillero y Luis Chalhoub, abogados de la firma Patton, Moreno y Asvat, que tenía poder otorgado por Waked y su hijo Mohamed Waked Darwish en la negociación del traspaso de Soho Mall a un fideicomiso.

La tesis que se dibuja en los argumentos de González es que el BNP no actuó como entidad estatal, sino como un agente comercial. Esto lo eximiría de la jurisdicción contencioso-administrativa de la Sala Tercera de la Corte.

Otra parte de la estrategia del procurador es alegar que Waked solicitó la intervención del Estado para ayudarlo con su situación comercial, y que consintió al contrato del fideicomiso con el BNP, incluyendo las estipulaciones que impiden este tipo de reclamos.

Como complemento de la contestación de la demanda, el procurador invoca la existencia de tres excepciones distintas que podrían producir el archivo de la causa. La excepción es un medio de defensa procesal que permite a la parte demandada, denunciada o querellada invocar una situación o condición que al ser verificada por el tribunal produce la extinción del proceso.

Las tres excepciones invocadas por González son: la de falta de competencia que se daría, supuestamente, porque la Sala Tercera no es la jurisdicción que debe conocer una disputa comercial entre el BNP y un particular. También se invoca la excepción de falta de legitimación, que se refiere a la incapacidad del demandante para actuar en este caso, debido a que el contrato de fideicomiso lo excluye de este tipo de reclamaciones. Finalmente, González reitera su pedido a los magistrados de la Sala Tercera para que acepten la excepción de prescripción de esta causa, ya que el Código Civil establece, en el artículo 1706, que solo se puede reclamar por daños y perjuicios hasta un año después de que se ha conocido la afectación. Según González, la presentación de la demanda y su correspondiente notificación fueron muy posteriores al término del año en que se vendió Soho Mall.

Actualmente, esta es la mayor reclamación contra el Estado panameño en la justicia interna. En tribunales arbitrales en el extranjero se están ventilando reclamaciones de mayor cuantía, del Grupo Unidos por el Canal contra la Autoridad del Canal de Panamá. Sin embargo, dichos reclamos no están sujetos a la justicia panameña y sus cuestionamientos e incertidumbres. La Corte Suprema tiene la pelota y el silbato para decidir si esta demanda continúa o si, como ha pedido el procurador Rigoberto González, debe terminar.

(El autor es abogado)

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