investigación a odebrecht

Rigoberto González: entidades deben ser querellantes

El procurador advierte que la ley obliga a las entidades a convertirse en querellantes por la posible afectación del patrimonio del Estado.

Proyecto 245 genera polémica

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El procurador de la Administración, Rigoberto González, refutó la respuesta del contralor Federico Humbert, de que no puede efectuar de oficio las auditorías a las obras ejecutadas y en ejecución de Odebrecht. El procurador de la Administración, Rigoberto González, refutó la respuesta del contralor Federico Humbert, de que no puede efectuar de oficio las auditorías a las obras ejecutadas y en ejecución de Odebrecht.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, refutó la respuesta del contralor Federico Humbert, de que no puede efectuar de oficio las auditorías a las obras ejecutadas y en ejecución de Odebrecht. Archivo

El procurador de la Administración, Rigoberto González, anunció que remitirá a las empresas estatales que firmaron contratos con la constructora Odebrecht notas para pedirles que se constituyan en querellantes en la investigación de pagos de sobornos a funcionarios panameños y de esta manera puedan reclamar los sobrecostos cobrados, daños y perjuicios ocasionados al Estado panameño.

En ese sentido, González reveló que ayer remitió notas al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a la Oficina del Metro de Panamá, quienes celebraron contratos con Odebrecht, entre otras entidades estatales.

Entre 2007 y 2011, el MOP hizo contratos con Odebrecht por la cinta costera 1 ($189.1 millones); la cinta costera 2 ($56.2 millones) y la cinta costera 3 ($782.1 millones).

La línea 1 del Metro, que se contrató en 2010, terminó con un precio de $2 mil 90 millones.

En 10 años y durante las tres últimas administraciones [Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y la actual de Juan Carlos Varela] ha obtenido contratos individualmente o en consorcios con otras compañías por valor de unos $9 mil 226 millones en proyectos de obras públicas.

De acuerdo con el procurador, estas instituciones que firmaron contratos con Odebrecht tienen el derecho, por ley, para constituirse en parte de los procesos judiciales abiertos por el Ministerio Público contra la constructora brasileña.

González dice que esa sería la única herramienta que tiene el Estado para ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados por la empresa brasileña.

Pero, ¿cómo lograr acreditar el posible perjuicio a fondos del Estado si no hay una auditoría?

Esa pregunta se la hace González y para ello tiene una respuesta: solo será posible si cada entidad del Gobierno que tuvo negocios con Odebrecht hace una auditoría interna y determina que hubo sobrecostos. De ahí la necesidad de constituirse en querellantes.

“Consideramos que no solo se debe devolver la coima, sino que también se deben resarcir los perjuicios ocasionados al Estado, como los sobrecostos por las obras. Hay que plantear las indemnizaciones al Estado por las actuaciones de Odebrecht”, estimó.

Dijo que la ley obliga a las instituciones a constituirse en parte para colaborar con la investigación y tener la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios ocasionados.

PIDE AUDITORÍAS

Con respecto al pedido que le hizo al contralor Federico Humbert, para que hiciera auditorías de oficio sobre las obras ejecutadas y las que están en proyecto por Odebrecht, el procurador reveló que el jefe de las finanzas públicas le respondió que solo podía actuar en base a una solicitud de una autoridad judicial.

“En efecto, en las dos ocasiones en que le he enviado comunicaciones al contralor Humbert, en marzo y diciembre de 2016, en ambas nos dio como respuesta que de oficio no se puede iniciar ningún tipo de auditoría y que si no existía una solicitud expresa de mi parte sobre alguna investigación, ellos están impedidos para realizarlas”, acotó.

González refutó la respuesta de Humbert, porque hay un reglamento de la Contraloría que señala que por noticias que reporten el mal uso de bienes del Estado se pueden abrir auditorías de oficio.

Reconoció que hay investigaciones en el Ministerio Público que han llegado previo a una auditoría efectuada por la Contraloría, es decir, que es viable hacer una auditoría de oficio, explicó.

PROYECTO 245

Al referirse al proyecto de ley No. 245, presentado por el Órgano Judicial, que permite acuerdos de pena dentro del sistema penal inquisitivo, el procurador González aseguró que la iniciativa “me parece algo positiva, porque eso permite a todas aquellas personas que se han visto involucradas en actos delictivos y casos de corrupción tener la posibilidad de llegar a acuerdos con el Ministerio Público, sin que ello signifique la eliminación del delito y de la pena, sino la disminución de los resultados del acto delictivo”.

A su juicio, esto facilita la identificación de todos aquellos participantes en los actos delictivos, la devolución de los bienes mal habidos y da la posibilidad de que en un tiempo corto se puedan resolver esas causas penales.

Opinó que los acuerdos de pena son una fórmula para que aquellos trámites que demoran los procesos queden de lado, ya que la persona implicada, al aceptar su responsabilidad, debe colaborar, entregar evidencias y detalles de cómo se cometió el delito y tiene la posibilidad de que se le rebaje parte de la sanción.

No obstante, reconoció que habrá sectores de la ciudadanía que estimen que esta vía del acuerdo es una forma de beneficiar a los delincuentes sin terminar de investigarlo todo.

Insistió en que esto permite tener resultados rápidos como ocurrió en el caso del magistrado Alejandro Moncada Luna, quien aseguraba que todo se trataba de una persecución política, pero cuando se aportaron las pruebas se decidió por un acuerdo de pena.

Al mismo tiempo, reconoció que el proyecto, al ser una propuesta de ley que se refiere básicamente al cambio de algunos procedimientos judiciales, sería perfectamente aplicable a los casos que se encuentran en trámite de investigación en el Ministerio Público, entre ellos, la investigación seguida a Odebrecht.

En este punto dijo que si se trata de introducir cambios en las penas, solo podría ser aplicable a los casos que surgieran a partir de su aprobación y posterior publicación en la Gaceta Oficial.

En su artículo 41, el proyecto 245 introduce una reforma y se crea el artículo 2089-A del Código Judicial, en el cual se establece la posibilidad de que durante la indagatoria y antes de la audiencia preliminar, el Ministerio Público y el imputado podrán hacer acuerdos relacionados con la aceptación del implicado de los hechos, o parte de ellos, así como la pena a imponer.

Proyecto 245 genera polémica

El proyecto de ley 245 establece el acuerdo de pena que opera en el sistema penal acusatorio para que funcione en el inquisitivo. Esto, en el proceso que sigue la Fiscalía Especial Anticorrupción por el pago de sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios panameños, generó polémica entre los diputados, a pesar de que la iniciativa apareció ayer en el punto 38 del orden del día para su segundo debate. El diputado perredista Leandro Ávila dijo que si el proyecto 245 contiene algún artículo que busque encubrir a Odebrecht, el PRD lo va a rechazar. En esa línea se manifestaron sus colegas y copartidarios Javier Ortega, Crispiano Adames e Iván Picota. Horas antes, el PRD dijo que alentó a su bancada a que presente la creación de una comisión especial que investigue los sobrecostos en las megaobras, incluyendo las de Odebrecht, desarrolladas en administraciones pasadas y en la actual. En tanto, la diputada Marylín Vallarino, de Cambio Democrático (CD), dijo que ve “con buenos ojos” el proyecto 245, aunque advirtió que debe verse con mucho cuidado para que no se vulneren las garantías procesales, principalmente la presunción de inocencia. En tanto, el diputado panameñista José Antonio Domínguez aseguró que se opondrá al proyecto, porque Odebrecht primero debe decir toda la verdad. “Creo que tenemos que ser mucho más serios. Esto es un trabajo de investigación, encontrar quiénes han estado involucrados y hacerlos pagar...”, afirmó. El diputado José Luis Varela dijo que los que se oponen no quieren que se revelen los nombres de los que recibieron coimas.

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