PROGRAMA ´MI PRIMERA OPORTUNIDAD´

Gremio denuncia monopolio

La Red Nacional de Organizaciones de la Micro y Pequeña Empresa (Rednomipem) denunció ayer que los pliegos de condiciones de las licitaciones del programa “Mi primera oportunidad” de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) –a cargo de Giselle Burillo– se elaboran “a la medida” de un reducido grupo de empresas.

Este gremio –liderado por Gloriela Quintana– que es parte de la junta directiva de Ampyme, validó las acusaciones que hizo la diputada de Cambio Democrático (CD) Marylín Vallarino contra Burillo por presuntos malos manejos del programa al otorgar contratos a compañías de “papelillo”.

Quintana confirmó a este medio que desde que el programa empezó como “Mi primer empleo” –bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)– se convirtió en “tierra de nadie porque gente que se ganaba las licitaciones, después se las anulaban”.

Según PanamáCompra, entre 2009 y 2010 el Mitradel adjudicó contratos por casi $10 millones a empresas sin experiencia en el área de la capacitación.

En Ampyme “el programa es un monopolio: las mismas empresas se ganan los cursos”, dijo Quintana, que es consultora y ha participado en licitaciones.

Ayer, en Telemetro, la diputada Vallarino reafirmó que “hay muchas empresas que se ganan licitaciones y después andan buscando local, iglesias o huecos para dar los cursos... Son empresas de papelillo”.

“Hay diferencias entre nuestra fundación [que ha ganado más de $600 mil en cursos] y esas empresas...”, agregó la diputada, visiblemente molesta porque la ministra Burillo le anuló un contrato de $170 mil arguyendo “contención del gasto presupuestario”.

Burillo, en un correo electrónico de finales de noviembre, dijo que “los programas son manejados correctamente”, con apego a la ley.

Anoche, el presidente, Ricardo Martinelli, expresó que conversó con la diputada Vallarino y con la ministra Burillo y les pidió que cesaran “las peleas” públicas.

OBLIGACIONES

En los pliegos de condiciones de los actos que convoca Ampyme es requisito indispensable tener contratos de capacitación por más de $100 mil y haber publicado, en algún medio, artículos sobre micro o pequeña empresa.

En virtud de ello, la presidenta de Rednomipem afirmó que han recibido denuncias de empresas afiliadas a la organización sobre malos manejos en el programa, pero lamentó no poder ventilarlas en la junta directiva de Ampyme, ya que, por ley, su única función es “escuchar lo que la ministra Burillo lleva a la reunión y aprobar lo que haya que aprobar”.

FONDOS PÚBLICOS

Entre 2011 y 2012, la Ampyme convocó a 41 licitaciones por un valor de $6 millones, de las cuales, las primeras nueve, curiosamente, las ganó una empresa; Panamá Tech International Institute, S.A., que acumuló más de $1.5 millón, es decir, el 25% del valor licitado.

Esta sociedad se creó en 2007 y la preside Yolber Rojas Rodríguez. En esta empresa realizó trámites Jorge Jordán Ledezma que es, a su vez, jefe del departamento de Compras del Ministerio de Desarrollo Social (que dirige Guillermo Ferrufino) desde el pasado 3 de abril.

Para la vigencia fiscal 2013, el programa “Mi primera oportunidad” tiene un presupuesto de $6 millones. Por tratarse de recursos públicos, Rednomipem dijo que debería ser auditado.

No obstante, indicó que esta posibilidad es remota porque aún se ignoran los resultados de la auditoría hecha cuando el programa estaba bajo la titular de Trabajo, Alma Cortés.

En noviembre de 2011, la Contraloría informó que esta auditoría tenía un avance de más del 70%. Ayer, este diario preguntó el estatus de la auditoría, y de la Contraloría informaron que “está en el proceso de análisis”, es decir, en la etapa final.

Pese a ello, en noviembre del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó movilizar $2.5 millones del presupuesto del Inadeh al Mitradel para pagar cuentas de “Mi primer empleo”.

INVESTIGACIÓN DE OFICIO

El diputado panameñista Alcibiades Vásquez consideró que la denuncia de Vallarino es “grave y muy seria”, por lo que la Contraloría debe investigar.

Mientras que su colega del PRD José Luis Fábrega aseguró que se trata de un peculado, pero “lastimosamente” no ocurrirá nada por la cercanía de Burillo con el presidente Martinelli.

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño, especialista en contrataciones públicas, advirtió de que “en un Panamá ideal con funcionarios ideales, la Contraloría debiera, de oficio, investigar las aseveraciones de la diputada Vallarino, de acuerdo con lo que dispone la Ley 32 de 1984 [Orgánica de la Contraloría] y la Constitución.

Enfatizó que la Contraloría puede actuar de oficio y, de corroborar las acusaciones, se podría estar frente al delito de peculado de uso, que es investigable de oficio por el Ministerio Público.

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