ASAMBLEA NACIONAL

Gremios, en alerta por ratificación de magistradas

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recibirá a partir de hoy las observaciones sobre los nombramientos.

Un sistema que no tiene limitantes

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Fechas claves. Fechas claves.
Fechas claves. LA PRENSA

El proceso de ratificación de las abogadas Ana Lucrecia Tovar de ZarakZuleyka Moore como magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene en alerta a gremios y organizaciones de la sociedad civil.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, que dirige Héctor Cotes, advirtió ayer que el presidente Juan Carlos Varela y sus ministros perdieron una “valiosa oportunidad” de fortalecer la confianza en la máxima corporación de justicia, “al hacer las designaciones a magistrados principales y suplentes a solo 15 días para finalizar el año”.

Mientras que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió a la Asamblea que haga “un amplio debate”. En tanto, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que enviarán una carta a la Asamblea rechazando las designaciones.

CONTROVERTIDAS RATIFICACIONES

Aunque históricamente diciembre ha sido el mes en que el Ejecutivo designa y envía a la Asamblea Nacional la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), activistas de la sociedad civil organizada advierten que esta época no es la más apropiada para debatir sobre la elección de puestos de “suma importancia”.

El tema surge en momentos en que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, convocó a la Asamblea para que en sesiones extraordinarias ratifique a Ana Lucrecia Tovar de Zarak y a Zuleyka Moore como magistradas de la Corte.

Para la abogada y coordinadora de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), Cristina Torres Ubillús, “no es recomendable” discutir estos nombramientos en diciembre, toda vez que causa desasosiego e inquietud a la ciudadanía. “Este trámite toma tiempo y era necesario que se hiciera antes de que finalizara el periodo de sesiones ordinarias (31 de octubre). Lo ideal hubiese sido no esperar hasta diciembre (...)”, dijo.

Posición similar tiene la dirigente del Movimiento Independiente de Panamá Annette Planells, quien señaló que se necesita más espacio para que la sociedad civil organizada y la propia Asamblea puedan escrutar a los candidatos. “La gente no está pensando en la elección, sino en la cena en familia, muchos viajan al interior y eso lo dificulta más [...] pareciera ser una estrategia para buscar menos participación”, expresó.

Por su parte, Lina Vega, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, indicó que es difícil saber a ciencia cierta si el Ejecutivo utiliza diciembre para llevar a cabo las designaciones por táctica política o por falta de planificación.

“Lo cierto es que se trata de un tema de gran importancia para el fortalecimiento de la democracia, que debería contar con el tiempo suficiente para poder hacer una selección adecuada”, apuntó.

ANTECEDENTES

Controvertidas ratificaciones Expandir Imagen
Controvertidas ratificaciones

Desde el gobierno de Ernesto Pérez Balladares hasta el periodo de Ricardo Martinelli las ratificaciones de los magistrados de la Corte se tramitaron en diciembre, época del año en que la mayoría de los panameños hace a un lado su rutina y da rienda suelta a su espíritu navideño.

De los 21 magistrados que llegaron a la Corte desde 1994 hasta 2014, al menos 12 fueron ratificados en esta época.

En diciembre de 1999, en medio de un convulsionado ambiente político, la Asamblea rechazó el nombramiento del expresidente Guillermo Endara Galimany (q.e.p.d.), propuesto por la entonces presidenta, Mireya Moscoso.

El Partido Arnulfista, de Moscoso, sin tener mayoría legislativa, presentó a César Pereira Burgos (q.e.p.d.) y a Endara como sus candidatos a magistrados. Las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de la entonces Democracia Cristiana vetaron a Endara, alegando sus vínculos políticos con la gobernante de turno y aprobaron al exministro Pereira Burgos.

En una carrera contrarreloj, el gabinete de Moscoso se reunió y sustituyó a Endara por el abogado Adán Arnulfo Arjona, quien fue ratificado en horas de la madrugada por los diputados.

Moscoso también enfrentó igual situación política en 2002 con las ratificaciones para la Corte de dos de sus allegados: Winston Spadafora y Alberto Cigarruista.

Aunque Cigarruista y Spadafora no fueron avalados exactamente en diciembre (enero de 2002), el trámite y los pactos que antecedieron al visto bueno de la Asamblea sí se dieron a fin de año en medio de las fiestas.

Spadafora venía del Ejecutivo como ministro de Gobierno y Cigarruista era legislador oficialista.

La búsqueda de votos para avalar esas designaciones de magistrados desató una serie de acusaciones que, a su vez, desencadenó el escándalo del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis).

Fue el propio Cigarruista quien confesó que Moscoso y los diputados se pusieron de acuerdo un año antes de la elección para conferirle un puesto como magistrado.

La supuesta compra de votos en el Legislativo para ratificar a Cigarruista y a Spadafora fue denunciada por la entonces legisladora perredista Balbina Herrera el 9 de enero de 2002 dentro del pleno legislativo, luego de que sus copartidarios Carlos Afú, Carlos Alvarado y Tomás Altamirano Duque votaran a favor de esas designaciones.

Estas denuncias sobre supuestos sobornos en la Asamblea para votar a favor del proyecto Cemis fueron investigadas por el Ministerio Público, pero el caso nunca prosperó.

Otro polémico nombramiento fue el de Alejandro Moncada Luna, actualmente recluido en la cárcel El Renacer tras ser condenado por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.

Moncada Luna fue ratificado el 24 de diciembre de 2009, durante la administración de Ricardo Martinelli.

Su nombre ni siquiera aparecía entre los aspirantes que entregaron su documentación a una comisión evaluadora que designó el presidente, quien por entonces calificó a estos comisionados de “embaucadores”.

Con un pasado de militancia política, Moncada Luna se hizo conocido como miembro del PRD, colectivo del que renunció en enero de 2009 para apoyar públicamente las aspiraciones presidenciales de Martinelli.

Moncada Luna, además, fue viceministro de la Presidencia en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, hasta que en 1995 pasó a la dirección de la extintaPolicía Técnica Judicial.

En este gobierno se repite el panorama. El próximo martes 26 de diciembre, cinco días antes de que finalice el periodo de sesiones extraordinarias, la comisión de Credenciales del Legislativo se reunirá para considerar los nombramientos de Moore y de Tovar de Zarak, efectuados por el presidente Varela el pasado 18 de diciembre.

El oficialismo necesitará 36 votos para pasar esas ratificaciones en el pleno Legislativo, pero la dirigencia del PRD y de Cambio Democrático (CD) han dicho que votarán en contra. Mientras, los panameñistas siguen buscando los votos.

Un sistema que no tiene limitantes

RATIFICACIONES. La Constitución de Panamá es de corte presidencialista. Como tal, se sigue el modelo de designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), establecido originalmente en la Constitución de Estados Unidos (EU) en el siglo XVIII. Según ese sistema, el presidente los nomina y el Legislativo los ratifica o rechaza. Ni la Constitución de EU ni la panameña restringen lo que el Legislativo puede hacer para ratificar a un nominado, ni limitan lo que el presidente puede ofrecer para llenar la vacante.

A principios de 2016, murió el magistrado de la Corte de EU Antonin Scalia, un ultraconservador nombrado por Ronald Reagan. Los republicanos, que dominaban el Senado, se rehusaron a permitir que Barack Obama llenara esa vacante y nunca le dieron audiencia a su candidato. Cuando llegó Donald Trump, ratificaron a su nominado. Todos los escenarios sobre la designación de las magistradas son factibles. La politiquería criolla definirá el desarrollo de los hechos y marcará el inicio del nuevo periodo de la directiva de la Corte. Si el 2 de enero de 2018 no han sido ratificadas las magistradas, la Corte seguiría funcionando con Jerónimo Mejía y Oydén Ortega. La directiva actual, presidida por José Ayú Prado, continuaría hasta que se ratifique a los nuevos magistrados.

¿Cuánto tiempo puede durar esto? Ni la Constitución ni el Código Judicial fijan límites, lo que hace posible que, en el peor de los casos, la Asamblea Nacional podría dejar al presidente Juan Carlos Varela sin designados en la Corte, rechazando no solo a las actuales candidatas, sino a cualquiera que presente. A Varela le podría pasar lo de Obama, y las vacantes serían cubiertas por quien postule su sucesor.

El autor es abogado

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