FISCALÍA CONFIRMA MALVERSACIÓN DE FONDOS DEL SEGURO EDUCATIVO

´Gremios cobraron viáticos con nombres de muertos´

De acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, hasta ahora se ha comprobado una lesión por 168 mil 328 dólares.

La Fiscalía Primera Anticorrupción confirmó que hubo una malversación de los fondos destinados por el Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL) del Ministerio de Trabajo al pago de viáticos por capacitación a miembros de siete sindicatos y centrales obreras pertenecientes al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).

La titular de la fiscalía, Rosa Elvira Contreras, precisó que mediante una auditoría de la Contraloría se comprobó una lesión patrimonial por 168 mil 328 dólares con 51 centavos.

Detalló que los involucrados en el ilícito –en proceso de ser identificados– usaron listas con nombres y cédulas de identidad de personas que murieron hace muchos años, con el fin de cobrar los viáticos otorgados para la asistencia a los diferentes seminarios.

Dijo que en una de las listas incluso estaba el nombre de un recién nacido que había fallecido minutos después del parto.

“Lo que la oficina de instrucción investiga es la utilización de fondos del seguro educativo, que le proporciona un porcentaje a los sindicatos para la capacitación de los trabajadores”, dijo.

Señaló la funcionaria que hasta el momento las investigaciones indican que los fondos que debieron ser utilizados para viáticos y otros servicios, fueron malversados. Estas irregularidades fueron cometidas entre 2007 y comienzos de 2010.

“Estamos viendo quiénes asistieron a esos seminarios y tratamos de establecer a dónde fue a parar ese dinero. El detalle es que algunos sindicatos no conservan facturas de gastos”, destacó.

No precisó los nombres de los implicados en la investigación.

El caso fue denunciado en abril de 2010 por la ministra de Trabajo, Alma Cortés, pero se archivó en septiembre de ese mismo año luego de que la fiscalía pidiera un sobreseimiento provisional al no hallar elementos suficientes que comprobaran el ilícito.

Sin embargo, Cortés presentó nuevas pruebas de la Contraloría y solicitó al Juzgado Décimo Penal reabrir el caso, lo que fue aceptado.

Consultado sobre los hallazgos de la fiscalía, Guillermo Puga, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá –adscrita a Conato–, afirmó que tanto esa agrupación como los otros sindicatos señalados en el caso aclararon las supuestas irregularidades ante la Contraloría General de la República, después de formulada la denuncia por parte de la ministra Cortés.

Reconoció que en una de las listas de asistentes a los seminarios presentada por la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá había una persona muerta, pero aclaró que su inclusión no fue consecuencia de un acto doloso. Por el contrario, explicó que la persona fue inscrita tiempo antes del seminario, y al momento del evento había muerto.

Afirmó que los miembros de su agrupación están dispuestos a asistir a la Fiscalía Anticorrupción para aclarar todo lo denunciado.

Se intentó obtener una versión del exministro de Trabajo Edwin Salamín, titular del despacho cuando ocurrieron las supuestas irregularidades, pero no fue posible.

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