GOLPE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Gremios deploran el fallo contra periodistas

Los demandados y Epasa están obligados a pagar una multa de $25 mil por daños y perjuicios morales a Winston Spadafora.

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Los periodistas Jean Marcel Chéry (Cen.) y Gustavo Aparicio (Der.) fueron demandados, en 2001, por Winston Spadafora, entonces ministro de Gobierno y Justicia. Los periodistas Jean Marcel Chéry (Cen.) y Gustavo Aparicio (Der.) fueron demandados, en 2001, por Winston Spadafora, entonces ministro de Gobierno y Justicia.
Los periodistas Jean Marcel Chéry (Cen.) y Gustavo Aparicio (Der.) fueron demandados, en 2001, por Winston Spadafora, entonces ministro de Gobierno y Justicia. Archivo

Gremios periodísticos y expertos en materia de derechos humanos deploraron el fallo de la Sala Civil de la  Corte Suprema de Justicia (CSJ), que rechazó un recurso de casación presentado por los periodistas Jean Marcel Chéry, Gustavo Aparicio y Editora Panamá América (Epasa), a raíz de una demanda interpuesta, en 2001, por el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora.

Ahora, tanto los periodistas como Epasa están obligados a pagar una multa de $25 mil por daños y perjuicios morales a Spadafora, también exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró desacertada la condena. No obstante, manifestó su esperanza de que “este caso contra la libertad de prensa pueda ser sometido a instancias interamericanas, al haberse agotado el proceso judicial en el país”.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, calificó el fallo de “nefasto antecedente para la libertad de prensa al condicionar los esfuerzos del periodismo de investigación”.

A su juicio, este tipo de “represalia judicial contra la prensa no hace otra cosa que incentivar autocensura, lo que afecta directamente el derecho a la información de todos los panameños”.

A lo largo de estos últimos años, la SIP se pronunció sobre este caso mientras era sometido en las instancias judiciales.

Según Paolillo, este proceso nunca estableció antecedentes jurídicos interamericanos sobre “la verdad, la figura de la real malicia y la aceptación de la fiscalización de la prensa sobre las personas públicas”.

Ahora, y luego de agotados todos los recursos legales en Panamá, Paolillo sugirió que el caso debería “ser sometido a instancias del Sistema de Protección de los Derechos Humanos”.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Para Catalina Botero, abogada experta en derechos humanos y exrelatora de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), este tipo de fallos “se apartan de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.

“Lamentablemente, en el presente caso, tanto las sentencias penales como las civiles se apartan de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y dan lugar a una serie de afectaciones que podrían comprometer el derecho de la sociedad a estar adecuadamente informada”, dijo Botero.

Sobre estas afectaciones, expertos en el tema señalan que los periodistas y los medios dejarán de hacer esas investigaciones y la sociedad no podrá contar con información relevante para el control de la gestión pública, lo que generará un ambiente de censura ideal para la corrupción.

Señalan que, aunque la cuantía no es escandalosa, puesto que en principio la demanda de Spadafora fue por $2 millones, lo verdaderamente peligroso es que la jurisdicción civil “interpretó el ordenamiento jurídico de la manera más restrictiva posible del derecho a la libertad de expresión y terminó convalidando una regla que compromete seriamente no sólo este derecho, sino el derecho al debido proceso”.

También sostienen que esta sentencia civil tiene efectos “más extensivos posibles de una condena penal, que es contraria no solo a los estándares internacionales en la materia, sino a la propia legislación vigente hoy en Panamá”.

Apuntan que en el país se despenalizó la difamación por la publicación de información sobre funcionarios de alto nivel.

“En este sentido, la aplicación del principio de favorabilidad ha debido surtir un efecto que beneficiara a los periodistas, efecto que no se produjo”, agregan.

AUMENTA RECHAZO

Los gremios periodísticos del país también rechazaron el fallo y mostraron su respaldo a los periodistas Chéry y Aparicio, así como a Epasa que, en 2001, publicaron un reportaje sobre la construcción de una carretera, financiada con fondos públicos y que daba acceso a una finca en La Arenosa de La Chorrera, propiedad de Spadafora.

El Consejo Nacional de Periodismo manifestó que la condena se aleja de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y da pie a una serie de afectaciones que podrían comprometer el derecho de la sociedad a estar informada sobre temas de interés público, como lo es el uso de los fondos del Estado.

En tanto, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información aseguró que se evidenció la falta de vocación del máximo tribunal de defender los derechos humanos en general, y el de expresión, en particular.

El Fórum exhortó a los periodistas condenados en el fallo a acudir a organismos internacionales de derechos humanos para someter a disputa un pronunciamiento que elimine la persecución judicial en Panamá contra la libertad de expresión.

Por su lado, el Colegio de Periodistas calificó el fallo como “un atentado” a la libertad de expresión.

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