Fiscalización

Gremios piden transparencia a los diputados

Yanibel Ábrego desmiente al contralor Federico Humbert, mas no aclara el uso de los fondos públicos. Mientras, la sociedad civil organizada exige rendición de cuentas.

Asamblea Nacional : la crisis institucional se prolonga

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El diputado perredista Pedro Miguel González aseveró que 20 de los 26 diputados de su bancada respaldarán a Yanibel Ábrego. El diputado perredista Pedro Miguel González aseveró que 20 de los 26 diputados de su bancada respaldarán a Yanibel Ábrego.
El diputado perredista Pedro Miguel González aseveró que 20 de los 26 diputados de su bancada respaldarán a Yanibel Ábrego. Archivo

Representantes de gremios y dirigentes de la sociedad civil exigen a los diputados rendir cuentas sobre el dinero que maneja la Asamblea Nacional.

La exigencia se dio un día después de que el contralor, Federico Humbert, anunciara la suspensión del pago de la planilla 080 a todos los diputados de la Asamblea Nacional por el manejo supuestamente irregular de estos fondos, y tras el desalojo de funcionarios de la Contraloría que fiscalizaban dicha planilla, en la que está nombrado el personal de confianza de los diputados.

El desalojo de los funcionarios de la Contraloría fue desmentido ayer en un comunicado por la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, quien aseguró que “nunca se obstaculizó la labor de la Contraloría y mucho menos se les cerraron las puertas de la Asamblea a los auditores [...]”.

En ese sentido, Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, indicó que es necesaria la transparencia y la rendición de cuentas en todos los órganos del Estado, incluyendo el Legislativo.

Además, calificó de “nefasto” el desalojo del personal de la Contraloría. “Esto crea un precedente y, como sociedad, debemos exigir que la Contraloría obtenga la información para la investigación que lleva adelante, para que todos los panameños sepamos en qué se están usando los fondos públicos”, dijo.

Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, dijo que la Constitución le da al contralor capacidad para hacer las auditorías. “Una cosa es el rejuego político y otra cosa es manejar grandes cantidades de dinero de forma inexplicable”, enfatizó.

CD y PRD unen sus fuerzas

Hermetismo y reuniones de bancadas a puertas cerradas fue la constante que marcó el día de ayer, después de que el contralor de la República, Federico Humbert, dejó al descubierto la manera en que diputados de la Asamblea Nacional han despilfarrado fondos públicos a través de distintas planillas.

Los diputados prefirieron alejarse del hemiciclo legislativo para abordar la estrategia que tomarán ante los señalamientos de Humbert. Por ejemplo, la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) estuvo reunida desde horas del mediodía en un hotel de la localidad. Mientras que Cambio Democrático (CD) hizo lo propio, pero sin divulgar el lugar del encuentro.

El diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, insistió en que su partido analiza una posible demanda penal contra el contralor, “por extralimitación de funciones”, al suspender el pago de la planilla 080, que contiene los contratos del personal de confianza de los diputados.

Además, planteó que el CD y el PRD se tomarán la junta directiva de la Asamblea el próximo 1 de julio, ya que ambos apoyarán la reelección de la diputada de CD Yanibel Ábrego.

Sobre este punto, fuentes de CD señalaron que la bancada respaldará a Ábrego y la mayoría avala una demanda contra Humbert.

La Constitución, en su artículo 280, señala que la Contraloría tiene la función de “fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la ley”.

Mientras se discutían estas posiciones, representantes de gremios, políticos y dirigentes de la sociedad civil organizada cuestionaban la actuación de la Asamblea Nacional, tras impedir la labor de fiscalización de los funcionarios de la Contraloría General de la República y su falta de transparencia.

Rendición de cuentas

Gabriel Barletta, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), manifestó que respaldan el trabajo de la Contraloría en su labor de esclarecer el supuesto mal uso que algunos diputados le han dado a los fondos públicos.

“Exigimos rendición de cuentas por parte de las entidades públicas. La Cciap reclama que se termine de una vez por todas con la contratación de funcionarios que no cumplen con una labor específica en la administración [...]”, indicó.

El Movimiento Independiente de Panamá coincidió en que es necesaria la rendición de cuentas. “Es innegable la responsabilidad [de la Contraloría] de auditar el uso de todos los fondos públicos y que dichas auditorías deben realizarse cuanto antes”, acotó.

En tanto, a través de un comunicado, la Red Ciudadana Urbana de Panamá manifestó su respaldo a las acciones emprendidas por Humbert. A juicio de la Red, la agresión a la fiscalización de las planillas “es un atentado” contra la institucionalidad del país.

El alcalde capitalino y primer vicepresidente del oficialista Partido Panameñista, José Isabel Blandón, indicó que todo funcionario debe rendir cuentas de su gestión y, en el caso de una institución como la Asamblea Nacional, debiera ser la más interesada en ser sometida a una auditoría, para acallar cualquier suspicacia con respecto al uso de fondos públicos.

‘Ábrego, influenciada’

Además de González, también se manifestó el diputado y presidente del panameñismo, José Luis Varela. Subrayó que Ábrego, “influenciada” por los diputados perredistas Pedro Miguel González y Quibian Panay, está cometiendo errores que están afectando la institución. Citó, por ejemplo, la decisión de desalojar a los fiscalizadores de la Contraloría, “incumpliendo las leyes y afectando la institucionalidad”.

Desde la Asamblea

Ayer, a través de un comunicado de 12 puntos, Ábrego señaló que la orden de suspender los pagos de la planilla 080 es un hecho “irresponsable y desproporcionado, rayando en la extralimitación de funciones”.

Además, negó  haber echado a los fiscalizadores. “Es totalmente falso que se haya impedido el ingreso y cumplimiento de las tareas fiscalizadoras de la Contraloría”, dijo, a pesar de la existencia de videos que muestran la expulsión de los funcionarios de la Asamblea.

Asamblea Nacional : la crisis institucional se prolonga

El conflicto constitucional entre la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República,  y las fricciones entre el  Ejecutivo y la Asamblea Nacional, pueden  convertirse en un  freno para el funcionamiento del aparato estatal.

La Asamblea Nacional ya ha impedido el traslado de partidas presupuestarias de importantes entidades del Estado, y se ha negado a entregar la  información de sus planillas, y amenaza con descarrilar la agenda del Gobierno.

Más allá de las demandas, denuncias y querellas entre la Asamblea y el contralor, los diputados deben analizar  la dispensa fiscal de $300 millones que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas para este año.

Aparte de las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea debe aprobar los nombramientos de los nuevos miembros de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá y del fiscal electoral. Esas vacantes son claves para la gobernabilidad del país.

Existe el tema funcional más importante, que es el del Presupuesto General del Estado para 2019. Si la Asamblea no aprueba el proyecto del Ejecutivo, la Constitución –en los artículos 272 y 273– establece una solución,  que favorece al Ejecutivo. Así que el daño más grave por la crisis no será el presupuestario, sino a la institucionalidad del país.

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