REFORMA

Guatemala protege a sus políticos acusados de financiamiento ilícito

Los diputados alteraron el orden del día de la sesión plenaria para incluir una reforma al ‘Código Penal’ que flexibilizó las sanciones contra la corrupción.

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Tras la aprobación de la reforma, decenas de ciudadanos acudieron al Congreso a protestar. Tomada de @justiciayagt Tras la aprobación de la reforma, decenas de ciudadanos acudieron al Congreso a protestar. Tomada de @justiciayagt
Tras la aprobación de la reforma, decenas de ciudadanos acudieron al Congreso a protestar. Tomada de @justiciayagt

La crisis de Guatemala escaló un peldaño ayer, cuando el Congreso aprobó—con carácter de urgencia nacional— reformas al Código Penal para permitir la conmutación de penas por delitos de corrupción y para eliminar la responsabilidad penal que recae sobre el secretario general de los partidos políticos en casos de financiamiento electoral ilícito y traspasarla al contador.

Se trata de reformas vinculadas a los temas por los cuales el  Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) elevaron la solicitud de retiro de la inmunidad del presidente Jimmy Morales el pasado 25 de agosto, la misma que el pasado lunes fue descartada por el Congreso, por considerar que Morales no tenía responsabilidad directa en el tema y que el proceso iniciado podría tener una motivación política.

La modificación a la legislación penal, que fue aprobada en un único debate, fue el resultado de un proyecto de ley presentado por el jefe de la bancada del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Javier Hernández; Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Alejandro Carrillo, de Movimiento Reformador; y Delia Bac, de Alianza Ciudadana, y fue aprobada por 106 diputados de 158; 13 diputados votaron en contra y el resto se ausentó.

El último artículo de la norma señala que entra en vigencia al día siguiente de su promulgación.

Sobre Blanco, impulsor de la propuesta, pesa una solicitud de antejuicio del MP y la Cicig, en función de un proceso por financiamiento electoral ilícito que se le sigue a la UNE, de la cual era secretario general en 2015. La reforma también beneficiaría a Roberto Villate, de Líder, sobre quien pesa un proceso igual al de Blanco.

Uno de los artículos reformados fue el 407, que modifica el delito de financiamiento electoral ilícito por el de financiamiento electoral no registrado. Las penas que iban de 4 a 12 años inconmutables pasaron a ser de 1 a 3 años de prisión conmutables. Es decir, que pagarían una multa en vez de ser privados de libertad.

En el caso del contador que teniendo conocimiento no registre los ingresos y egresos de las aportaciones del partido, señala el artículo reformado, cometerá delito de financiamiento no registrado y será sancionado con prisión de uno a tres años.

La plenaria del Congreso estuvo precedida de una sesión solemne por el 196 aniversario de la independencia de Guatemala —que se conmemora el 15 de septiembre— en la cual estuvo presente el mandatario.

“Mientras esté al frente de la Presidencia de la República, no permitiré que nuestro Estado de derecho sea vulnerado a causa de intereses particulares o sectoriales”, dijo Morales durante su discurso. “Ahora más que nunca, estoy convencido de que las decisiones trascendentales para Guatemala siempre deben responder al bienestar común, la gobernabilidad y transparencia”, agregó. No obstante, hizo hincapié en que “Guatemala necesita una justicia honesta y transparente, pero apegada a la ética, la objetividad e imparcialidad”.

Morales agradeció a los diputados la decisión tomada ante su solicitud de antejuicio. “Hace dos días, en este recinto, se tomó una decisión trascendental para garantizar la gobernabilidad del Estado”, y ponderó“la objetividad que tuvieron para consolidar” el Estado de derecho.

A la actividad no asistió gran parte del cuerpo diplomático, así como tampoco el contralor general, los presidentes de la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

La jornada de ayer generó el rechazo de organizaciones sociales, en tanto que decenas de personas acudieron a las puertas del Congreso para protestar y gritar improperios contra los asambleístas. “Ratas, corruptos (...)”, espetó a dos diputados que llegaban al Legislativo un ciudadano que rechazaba la reforma.

La Cicig reaccionó en su cuenta de Twitter: “ El pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito. Las mafias son poderosas, tienen capacidad de daño, pueden hacer cualquier cosa, se resisten a desaparecer”.

También cuestionó la acción la exjueza Claudia Escobar, quien cobró notoriedad en 2012 por negarse a beneficiar con un fallo a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y que tras las presiones se vio obligada a salir del país.

A través de su cuenta de Twitter escribió: “Congreso de Guatemala está pasando leyes que protegen la corrupción y promueve la impunidad. Esto es un asalto al imperio de la ley”. “ Los padres de la patria vendidos al crimen organizado y legalizando actos criminales”.

Dos ciudadanos interpusieron ayer mismo un amparo en contra de la decisión del Congreso, por considerar que viola la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y la Ley del Organismo Judicial, en las cuales se establece, entre otros asuntos, que los congresistas no podrán utilizar el poder de su cargo para tomar decisiones o influir en ellas para obtener beneficios personales o de terceros.

El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, expresó su malestar en varios tuits: “ Años de desnutrición, inseguridad, delincuencia, corrupción. ¿Congreso? Ninguna acción. Increíble lo rápido que actúan para protegerse de la persecución [judicial]”, dijo en uno de ellos.

(Con información de La Hora, Prensa Libre, El Periódico, la Agencia Guatemalteca de Noticias y el Congreso de Guatemala).

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