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Federico Humbert no violó la ‘Constitución’ al ordenar auditar a la Asamblea

En mayo de 2018, Yanibel Ábrego presentó un amparo de garantías contra la decisión del contralor de auditar la planilla 080 y luego Federico Humbert la denunció ante la Corte.

Anomalías en planilla 080 dieron pie para auditoría forense

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El 18 de mayo de 2018, el contralor Federico Humbert presentó una denuncia penal ante la Corte contra Yanibel Ábrego por impedir la auditoría en la Asamblea. La denuncia no fue admitida. Archivo, El 18 de mayo de 2018, el contralor Federico Humbert presentó una denuncia penal ante la Corte contra Yanibel Ábrego por impedir la auditoría en la Asamblea. La denuncia no fue admitida. Archivo,
El 18 de mayo de 2018, el contralor Federico Humbert presentó una denuncia penal ante la Corte contra Yanibel Ábrego por impedir la auditoría en la Asamblea. La denuncia no fue admitida. Archivo,

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que negó un amparo de garantías presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego, contra la decisión de la Contraloría General de la República del 15 de mayo de 2018 de hacer una auditoría a la planilla 080, sustenta que dicha decisión no violó ninguna norma constitucional.

Además, el fallo recuerda que la Contraloría “es un organismo estatal independiente de carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos, y examinar, intervenir y fenecer las cuentas relativas a estos”.

Esta función de la Contraloría, según el fallo, se ejercerá sobre las personas y organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de los fondos del Estado, de los municipios, juntas comunales, empresas estatales, autónomas o semiautónomas en el país o en el extranjero.

El 16 de mayo de 2018, Ábrego presentó un amparo de garantías ante la Corte, luego de que la Contraloría enviara a la Asamblea Nacional a un grupo de funcionarios para auditar la planilla 080, de “gratificaciones, incentivos y otros servicios de la AN”.

En esa ocasión Ábrego alegó que la acción emprendida por la Contraloría, sustentada en la resolución No 685-2018-DIAF de 15 de mayo de 2018, era ilegal, ya que se le dejó en indefensión, impidiendo que la Asamblea pudiera ejercer “su derecho a la defensa”.

El fallo

Bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, el fallo concluyó que el contralor Federico Humbert actuó conforme a sus facultades constitucionales.

El fallo recalca que la resolución atacada por Ábrego no está dirigida contra ningún diputado de la Asamblea Nacional y que esta dispone una auditoría tendiente a determinar la corrección o incorrección en los fondos asignados al financiamiento de los gastos denominados “ gratificaciones, incentivos y otros servicios profesionales de la planilla 080”.

Igualmente, plantea que la decisión del contralor no contraviene los artículos 155 y 206 de la Constitución, que confieren a la Corte Suprema de Justicia la facultad de investigar y juzgar a los diputados.

Explica que la investigación ordenada por Humbert no es de naturaleza penal o policiva, a título personal o contra ningún diputado en especial. Por ello, sigue el fallo, la Contraloría no requiere autorización de la Corte para hacer su labor fiscalizadora.

En el caso en estudio, queda claro que el contralor está facultado constitucionalmente para ordenar auditorías en cualquier momento que lo considere, a cualesquiera de los órganos del Estado, o cualquiera entidad de gobierno, como lo dispone el artículo 280 de la Constitución Nacional”, señala el documento avalado, además, por los magistrados Jerónimo Mejía, Luis Ramón Fábrega, Secundino Mendieta y Oydén Ortega (voto concurrente).

Zamorano salva el voto

Los magistrados Abel Zamorano, José Ayú Prado, Ángela Russo y Wilfredo Sáenz no estuvieron de acuerdo con el fallo de la mayoría del pleno.

Zamorano salvó el voto porque, según él, se pretendía hacer una auditoría forense, a través de la Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense de la Contraloría. Eso, de acuerdo a Zamorano, sería el inicio de una investigación con su respectiva evaluación de evidencias, que necesariamente se relaciona con miembros de la Asamblea Nacional.

Plantea Zamorano que dado que la Contraloría no tiene competencia alguna para investigar a los diputados, en caso de hallazgos sobre anomalías en las que aparezcan miembros de la Asamblea, el asunto debe ser enviado a la Corte Suprema de Justicia.

Abstenciones

Ayú Prado, Ángela Russo y Wilfredo Sáenz decidieron abstenerse de votar, por considerar que el fallo de Cedalise no acogió ninguna de las observaciones planteadas durante la discusión de fondo.

Para Ayú Prado era necesario que el pleno de la Corte abordara las facultades de la Contraloría y la autonomía de la Asamblea Nacional como poder del Estado.

Consideró que existen dudas en cuanto a una auditoría forense. Por ejemplo, cuándo los miembros de la Dirección Nacional de Investigación y Auditoría Forense de la Contraloría están facultados para investigar. Recordó que la función de investigar a los diputados le corresponde a la Corte .

En tanto que Sáenz, suplente del magistrado Harry Díaz, apuntó que para hacer un auditoría forense a la Asamblea Nacional, la Contraloría debió solicitar autorización a la Corte Suprema de Justicia, para designar a un magistrado fiscal y que ello permitiera iniciar una acción penal.

Sáenz dice que el sistema penal acusatorio vigente en todo el país tutela el cumplimiento de las garantías, principios, reglas y formalidades que deben cumplirse, ya que los artículos 155 y 206 de la Constitución señalan que la Corte investigará a los diputados.

Mientras que la magistrada Ángela Russo explicó que se abstuvo de votar en este fallo, ya que durante el período de lectura se presentaron varias observaciones al proyecto elaborado por Cedalise, pero que ninguna de ellas fue recogida en la decisión final.

Voto concurrente

El fallo contó, además, con el voto concurrente del magistrado Oydén Ortega Durán, quien coincidió con la mayoría del pleno al considerar que se trata de una auditoría que se hace a la Asamblea Nacional y no específicamente a uno de sus diputados.

Recalcó que si la Contraloría hubiese ordenado una auditoría forense a un diputado, esta decisión habría tenido que ser solicitada a un magistrado fiscal, ya que una auditoría forense puede ser utilizada como prueba en la etapa de juicio en el sistema penal acusatorio.

No obstante, señala, estos argumentos no desconocen la facultad que tiene la Contraloría para realizar el control previo y posterior en los casos que así lo requiera.

La decisión queda en firme el jueves

El fallo quedará en firme a partir del próximo jueves, cuando la secretaría de la Corte retire el edicto.

El edicto debe permanecer en los tableros de la secretaría de la Corte por un término de cinco días hábiles para la notificación de las partes.

A partir de esa fecha la Contraloría puede hacer valer la decisión expedida por el pleno de la Corte y retomar la diligencia, que fue frustrada en mayo de 2018.

Se intentó obtener una reacción de Humbert sobre la decisión adoptada por los magistrados, pero se informó que la Contraloría aún no había sido notificada oficialmente de la decisión de la Corte.

Anomalías en planilla 080 dieron pie para auditoría forense

La Contraloría ordenó la auditoría a la planilla 080 luego de detectar una serie de irregularidades en el manejo, entre las que se encontraron el depósito de 997 cheques en una misma cuenta por la suma de $630 mil.

También se detectó que se cambiaron cheques por la suma de $1.1 millones en la misma sucursal de un banco y por la misma cajera. Así como funcionarios que cobraron, pero nunca trabajaron.

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