FISCALÍA FORMULÓ CARGOS Y ORDENÓ DETENCIÓN DE EXDIRECTOR DE LA ATTT EN COLÓN

Importación ilegal de buses

El Ministerio Público también acusó a 19 particulares que habrían traído ´diablos rojos´ al país para obtener la indemnización por el cambio al Metro Bus.

A pesar de que el Gobierno prohibió la importación de “diablos rojos” mediante decretos ejecutivos de abril y noviembre de 2011, el entonces director de la Autoridad del Transporte y Tránsito Terrestre (ATTT) en Colón, Blas Rodríguez, autorizó entre junio y diciembre de ese mismo año la entrada al país de varios de esos vehículos a solicitud de 19 particulares, quienes adujeron que los buses serían para uso privado, pero terminaron operando en rutas de Colón y La Chorrera.

Frente a esta anomalía, la Fiscalía Tercera Anticorrupción formuló cargos a Rodríguez y a esos 19 particulares por los delitos de falsedad y sustracción de documentos públicos.

La investigación del caso se inició el 3 de enero pasado, luego de una denuncia en la que el director de la ATTT, Juan Pablo Mora, advirtió de la importación de buses con la posible intención de particulares de cobrar la compensación por el cambio al Metro Bus.

Rodríguez está preso desde el 18 de abril pasado en la cárcel de Monte Esperanza, en Colón, luego de haber rendido indagatoria.

Eduardo Vargas, uno de los particulares que importó buses, está detenido en La Joyita, mientras que Omar Anderson, otro de los importadores, está libre tras ser favorecido por el Juzgado Segundo Penal de Colón con una fianza de $15 mil, antes de que la fiscalía lo indagara y ordenara su detención.

Fuentes judiciales dijeron que el mismo juzgado dio una fianza por 15 mil dólares a Rodríguez. La fiscalía apeló ambas fianzas, por lo que el recurso debe ser resuelto por la magistrada Mayra Prados, del Segundo Tribunal Superior.

Los otros 17 particulares fueron favorecidos con medidas cautelares de país por cárcel y deben acudir a la fiscalía a firmar cada 15 días.

36, EN SERVICIO

De acuerdo con las fuentes, en la investigación se comprobó que, tras reunirse a solas con los interesados, Rodríguez mandaba a sus subalternos a confeccionar autorizaciones de importación de buses que él mismo firmaba o que en su ausencia daba al subdirector, Ernesto Lam, para luego enviarlas a la Autoridad Nacional de Aduanas.

En el expediente consta que, por estos trámites, Rodríguez no cobraba a los particulares.

Los buses eran traídos, legalizados y puestos en operación con cupos incluidos en máximo mes y medio.

Al rendir declaración jurada ante la fiscalía, una secretaria de la ATTT en Colón informó que antes de que Rodríguez fuese destituido (el 17 de enero de este año), pidió los legajos de control de las certificaciones expedidas, por lo que las autoridades solo recuperaron un documento que da cuenta de más de 100 certificaciones firmadas por él. 36 de esos buses operaban en Colón y La Chorrera.

Víctor Almengor, abogado de Rodríguez, dijo que su cliente no incurrió en falsedad, porque las autorizaciones son firmadas de acuerdo con la petición e información que dan los particulares, quienes dijeron que los buses eran para uso privado.

“Vamos a tener que detener a todos los notarios que certifican lo que la gente declara”, indicó Almengor.

Lam también fue destituido el 17 de enero pasado, aunque no ha sido acusado por la fiscalía.

Canatra lanza advertencia

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), Dionisio Ortega, advirtió ayer al ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, que este colectivo no está dispuesto a contribuir con la implementación del sistema de transporte Metro Bus, pues no se está cumpliendo el “compromiso del Estado” de no revelar el listado de los transportistas que son compensados y la cantidad de dinero que reciben.

Ortega indicó que, a la fecha, unos 50 transportistas han sido víctimas de robo, asalto secuestro y amenaza de muerte. No obstante, dijo estar dispuesto a colaborar con las investigaciones que se hagan sobre la introducción fraudulenta de buses con el objetivo de recibir una indemnización. Se buscó una reacción de la Secretaría de Comunicación del Estado, pero no hubo pronunciamiento.

Didier Hernán Gil Gil

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