LEGISLATIVO

Imprescriptibilidad, un año estancada en la Asamblea Nacional

El proyecto de ley que propone que no prescriban los delitos de corrupción sigue engavetado en la Comisión de Gobierno, controlada por el PRD.

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El perredista Rubén De León (centro) es el presidente de la Comisión de Gobierno. Archivo El perredista Rubén De León (centro) es el presidente de la Comisión de Gobierno. Archivo
El perredista Rubén De León (centro) es el presidente de la Comisión de Gobierno. Archivo

El proyecto de ley 514, que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y modifica la Ley de Contrataciones Públicas, cumplirá un año de estar estancado en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN).

Este proyecto, que surgió de una iniciativa ciudadana, está a la espera de que la C omisión de Gobierno, que dirige el perredista Rubén De León, debata las correcciones sugeridas por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien lo vetó parcialmente el 9 de mayo de 2018.

Sin embargo, los diputados, a pesar de que en su momento apoyaron la aprobación en tercer debate del proyecto, ahora evitan hablar sobre el tema.

Según fuentes legislativas, la razón de lo anterior es que no hay consenso ni en la comisión ni en el pleno para abordar el veto al proyecto.

Este medio llamó a Rubén De León y a Quibián Panay, presidente y vicepresidente de la comisión, pero no respondieron. Dicha instancia tiene cerca de un mes que no se reúne.

Por su parte, dirigentes de la sociedad civil organizada cuestionaron que la Asamblea no haya cumplido con su rol de discutir el veto presidencial al proyecto 514.

Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, manifestó que no ha existido voluntad por parte del Ejecutivo ni del Legislativo para avanzar en estos proyectos que pretenden contribuir a castigar la corrupción. Será una tarea prioritaria del próximo gobierno.

Mientras, los proponentes de esta iniciativa, Juan Diego Vásquez y Diego Ospina, también esperan que este sea uno de los primeros proyectos de ley que debata la nueva Asamblea Nacional, la cual se instalará el 1 julio próximo.

Imprescriptibilidad se queda engavetada en la Asamblea

La Asamblea Nacional culminará el próximo 30 de abril su periodo de sesiones ordinarias sin discutir el veto presidencial a uno de los proyectos anticorrupción presentados por iniciativa ciudadana.

Se trata del proyecto de ley 514, que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y modifica la Ley de Contrataciones Públicas. El próximo 9 de mayo, la iniciativa cumplirá un año de estar estancada en la Comisión de Gobierno.

El 9 de mayo de 2018, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, vetó parcialmente el proyecto, que había sido aprobado en tercer debate por el pleno –con los votos de diputados de todas las bancadas– un mes antes, el 3 de abril . A pesar de que los diputados se comprometieron a aprobarlo por “insistencia”, eso no ha pasado.

Juan Diego Vásquez, uno de los proponentes del proyecto, manifestó que “es lamentable que la Asamblea no haya jugado el rol que le correspondía en el momento histórico en el que no solo Panamá, sino Latinoamérica entera, debía luchar en contra de la corrupción”.

Ante ello, espera que esta iniciativa sea una de las primeras que discutan los diputados que resulten electos para el período 2019-2024, para el que, de hecho, Vásquez aspira a una curul por el circuito 8-6 por la libre postulación.

Antonio Saad, integrante del Movimiento Independiente (Movin), dijo que todo el proceso que sufrió el proyecto en la Asamblea solo fue un show, que terminó en nada. “Los servidores públicos corruptos siguen teniendo en Panamá un país donde sus delitos tienen fecha de vencimiento, la cual una vez se cumpla les permitirá seguir haciendo de las suyas. Veremos ahora, si en el nuevo periodo se le da continuidad al tema”, indicó.

El abogado Ernesto Cedeño opinó que los diputados no quisieron contradecir la objeción del Ejecutivo y menos ver la posibilidad de adecentar las normas jurídicas.

Varela vetó el artículo 1 de la iniciativa, que eliminó por completo un numeral del artículo 51 del Código Penal, el cual castiga con multa a las personas jurídicas prestadoras del servicio de transporte que introduzcan droga en el país. Para el Ejecutivo, eliminar ese numeral “representaría un retroceso en materia legislativa para el país”.

Además, señaló que los artículos 3 y 4 del proyecto son inexequibles, pues modifican la Ley 22 de 2006, de Contrataciones Públicas, específicamente aquellas normas que impiden que el Estado contrate a empresas que han hecho acuerdos de colaboración en casos de corrupción.

Según fuentes legislativas, la razón por la cual no se aprobó por insistencia el proyecto de ley es que no hay consenso entre los diputados. Este medio llamó y dejó mensajes a los diputados que conforman la Comisión de Gobierno y a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, y no respondieron.

En planes de gobierno

Tres aspirantes a la Presidencia de la República mencionan de manera puntual la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en sus hojas de ruta.

Ricardo Lombana, candidato por la libre postulación, señala en su “Compromiso”, en lo relativo a medidas anticorrupción, que “los delitos de corrupción serán imprescriptibles”.

La también candidata independiente Ana Matilde Gómez propone una ley para sancionar con la inhabilitación perpetua a los condenados por corrupción, de manera que dichas personas no puedan volver a ocupar un cargo en la administración pública. También propondrá otra norma que establezca la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

El candidato presidencial Sául Méndez, del Frente Amplio por la Democracia, menciona en su plan de gobierno que declarará la imprescriptibilidad de actos de corrupción como medida para combatir la corrupción.

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