INICIATIVA ANTICORRUPCIÓN

‘Imprescriptibilidad impedirá la impunidad’

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El proyecto de ley fue presentado en marzo pasado por organizaciones de la sociedad civil. El proyecto de ley fue presentado en marzo pasado por organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto de ley fue presentado en marzo pasado por organizaciones de la sociedad civil. Archivo

El procurador de la Administración, Rigoberto González, dio un espaldarazo al proyecto de ley 514, que busca modificar el ‘Código Procesal Penal’ para que los delitos de corrupción no prescriban.

En un informe, el funcionario aseguró que la iniciativa es una herramienta jurídica que impedirá la impunidad y la frustración que siente la sociedad por los escándalos de corrupción.

OTRA VOZ A FAVOR DE QUE NO PRESCRIBAN LOS DELITOS

“No cabe duda de que el proyecto de ley 514 constituye una respuesta necesaria a los retos que hay que afrontar en la lucha contra la corrupción”.

Lo anterior es parte de las consideraciones del procurador de la Administración, Rigoberto González, sobre la propuesta de ley que busca modificar el Código Procesal Penal para que los delitos relacionados con corrupción no prescriban.

González entregó ayer su opinión a la subcomisión legislativa que analiza la propuesta de ley, luego de que el diputado perredista Quibián Panay, uno de los que conforman este grupo, le pidiera su punto de vista.

El informe de González, junto al del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y el de la Procuraduría General de la Nación, permitirá a los diputados crear un documento que será presentado a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional para el debido debate de la iniciativa.

EL INFORME

El documento entregado por González explica también que la propuesta, impulsada por los Jóvenes de Generación Movin, Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua y Generación Sin Límites, es “favorable”, toda vez que la Constitución no contiene dentro de sus disposiciones, ninguna restricción o prohibición en materia de prescripción de los hechos punibles, por lo que este no contendría vicios de inconstitucionalidad.

El documento destaca además que en la legislación penal panameña se tiene previsto que para ciertos delitos, no opere la figura de la prescripción; por lo que en efecto, la imprescriptibilidad ya está establecida para cierta categoría de delitos, como los de terrorismo, contra la humanidad y la desaparición forzada de personas.

Asimismo, el documento establece que una ley de este tipo le permitiría al país contar con una respuesta jurídica que evitaría que los delitos de corrupción o contra la administración pública prescriban.

Finalmente, el procurador de la Administración sugiere que se disponga que los delitos de corrupción o contra la administración pública imprescriptibles, serían aquellos cuya afectación sobrepase los $100 mil.

EL IMPACTO

En entrevista con este medio, González advirtió que los delitos contra la administración pública tienen un gran impacto en la ciudadanía. “Cuando una persona se apropia de fondos públicos, esto incide en el desempeño de las instituciones, en la prestación de servicios y en las prestaciones sociales”.

Añadió que si esos fondos no existen, no se pueden prestar servicios eficaces, ni impartir educación ni se puede tener acceso a la luz eléctrica ni a diferentes obras de infraestructura.

González mencionó además que esta propuesta permitiría frenar la impunidad y la frustración que “siente y vive la ciudadanía panameña, ante los graves escándalos de corrupción”.

El funcionario hizo la salvedad de que la iniciativa no busca en ninguna de sus formas “la persecución política”.

OTRAS OPINIONES

Mientras que el Colegio Nacional de Abogados, que actualmente preside Dionicio Rodríguez, también entregó el informe solicitado por la subcomisión. El documento llegó a la Asamblea Nacional la semana pasada.

Pese a que el gremio no descarta por completo el proyecto de ley, aboga más bien por el aumento de penas y los términos de prescripción de la acción penal.

“Se hace necesario el aumento de los plazos de prescripción de la acción penal para los delitos contra la administración pública, dada la importancia del bien jurídico tutelado y su injerencia en los derechos fundamentales de la población, como lo son la educación, a la vivienda, salud, justicia y seguridad pública”, indica el escrito.

Asimismo, resalta que las reformas propuestas al Código Procesal Penal “no alcanzarán a los casos que hoy causan preocupación”, toda vez que el proyecto de ley no contempla la retroactividad.

El informe también sugiere que se debe debatir sobre qué otras formas delictivas deberían estar en la lista de delitos en los que la persecución penal debe tener límites temporales mayores.

De aprobarse esta propuesta de ley, se eliminaría el parágrafo 3 del artículo 116 del Código Procesal Penal, que fija que: “Al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública”.

EL MINISTERIO PÚBLICO

Mientras que la fiscal superior de litigación Tania Saavedra, en nombre de la Procuraduría General de la Nación, dijo el pasado 3 de octubre ante la Comisión de Gobierno que “no existe nada que vede la posibilidad de incluir en nuestra legislación un tema de imprescriptibilidad, ya que las convenciones internacionales de las que Panamá es signatario establecen el tema de plazos razonables”. El Ministerio Público investiga actualmente, al menos, 91 casos de alto perfil relacionados con delitos contra la administración pública.

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