ECONOMÍA Y SALUD

Impuesto a las bebidas azucaradas crea polémica

El Sindicato de Industriales de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá coinciden en que la medida no solucionará los problemas de salud que tiene la población.

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Otras regulaciones. Otras regulaciones.
Otras regulaciones.

Reducir el azúcar en la alimentación mediante la aprobación de impuestos a las bebidas azucaradas es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el aumento de enfermedades crónicas, como sobrepeso, obesidad, diabetes, males cardiovasculares y cáncer.

Con base en esta sugerencia, en septiembre de 2017 llegó a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 570, “que crea  el plan de acción para mejorar la salud y dicta  otras disposiciones para establecer el impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas y los criterios para su uso”. La iniciativa fue presentada por los diputados Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático, y Javier Ortega, del Partido Revolucionario Democrático, y fue aprobada en tercer debate el pasado 12 de febrero.

El proyecto fija un impuesto selectivo de 7% para las bebidas gaseosas, 5% para  el resto de las bebidas azucaradas, ya sean de producción nacional e importadas, y de 10% para los jarabes, siropes, y concentrados para la producción de bebidas azucaradas. 

Además, que los fondos recaudados por el gravamen sean destinados al Instituto Oncológico Nacional y al Ministerio de Salud, en una relación de 35% y 25%, respectivamente.El resto será distribuido entre los programas de las clínicas de pacientes con diabetes 15%, Ministerio de Educación 15%, Ministerio de Desarrollo Agropecuario 5%  y el Ministerio de Comercio e Industrias 5%. 

Rechazo 

Tras la aprobación de este proyecto, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) informó que se opone a los proyectos de ley que creen o incrementen los impuestos a las empresas y consumidores, ya que coloca a la industria en desventaja competitiva con otros países de la región, con las consecuencias de la reducción de la inversión industrial y la posible pérdida de empleos.

Además, planteó que junto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá participaron en el primer debate del proyecto, pero sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta.

El SIP opinó que difícilmente esta ley solucione los problemas de salud en el país. “La salud es afectada por multifactores, como malos hábitos de alimentación, sedentarismo, genética, entre otros”, acotó.

Para la organización, la forma de abordar el problema es desde muy temprana edad, con educación y promoviendo buenos hábitos de alimentación y actividad física.

Los señalamientos del SIP son respaldados por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que plantea que formará parte de la comisión diseñada para el mejoramiento de la salud, que verificará el destino final de los fondos producto de esta ley.

“Si bien es cierto fuimos consultados, estimamos que no se terminó de evaluar y considerar a profundidad el impacto directo que esto tendría sobre los sectores involucrados en el tema, ni los efectos colaterales de la aprobación de leyes como esta”, expresó el gremio.

Respecto al tema, el viceministro de Salud, Eric Ulloa, coincidió con los empresarios. Expresó que las medidas impositivas por sí solas no cambian los hábitos de consumo de las personas.

“En el caso del consumo de cigarrillos, por ejemplo, las clínicas de cesación de tabaco han ayudado para que los pacientes dejen de fumar. Mientras que con el consumo de bebidas con exceso de azúcar la clave es la educación en el hogar y las escuelas”, manifestó.

De hecho, el Ministerio de Educación emitió en julio de 2017 el Resuelto No. 3623, por medio del cual se reglamentó la oferta alimenticia para los estudiantes a nivel nacional.

Por ello, desde el año pasado los quioscos de los centros educativos públicos y privados tienen prohibido vender sodas, bebidas azucaradas, golosinas y snacks no saludables.

Para Ulloa, es necesario que toda la sociedad panameña contribuya en la disminución de la epidemia de obesidad, que está asociada al 50% de las muertes en el país y es la causa de gran cantidad de discapacidades físicas y, por lo tanto, de la disminución de la calidad de vida de la población.

Panorama

Entre los países que han establecido gravámenes a las bebidas azucaradas están México, Chile, Barbados, Noruega, el Reino Unido y Sudáfrica (ver gráfica).

Por ejemplo, en México entró en vigor en enero de 2014 el impuesto del 10% a las bebidas azucaradas, mejor conocido como 1 peso por litro, para los refrescos, jugos de frutas, tés, helados y cualquier bebida con azúcar añadida. Desde un inicio, el impuesto causó gran polémica.

En Chile, la historia del alza impositiva se remonta a septiembre de 2014, cuando la entonces presidenta de ese país, Michelle Bachelet, incluyó la modificación en la reforma tributaria que hizo para financiar el programa de gratuidad universitaria.

Con su aprobación se crearon dos categorías: las bebidas que tienen 6.25 o más gramos de azúcar añadida por cada 100 mililitros, que deben pagar 18% de impuesto, y las que tienen menos concentración de azúcar, que pagan 10%. Antes de esta ley, todas las bebidas azucaradas pagaban 13%.

Entretanto, la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI de Colombia estableció en 2016 la restricción de venta de bebidas en los centros educativos, donde los estudiantes de primaria solo encontrarán en sus cafeterías bebidas naturales, como agua y jugos, informó en su momento el diario El Espectador.

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