ARGENTINA

Impulsan denuncia contra Fernández

La expresidenta y algunos excolaboradores son acusados de idear un plan para encubrir a los acusados por el atentado a la AMIA en el año 1994.

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La exmandataria argentina, además, está procesada por el caso de la venta del dólar a futuro y en el caso conocido como ‘La Ruta del Dinero K’. La exmandataria argentina, además, está procesada por el caso de la venta del dólar a futuro y en el caso conocido como ‘La Ruta del Dinero K’.
La exmandataria argentina, además, está procesada por el caso de la venta del dólar a futuro y en el caso conocido como ‘La Ruta del Dinero K’. Archivo

Un fiscal argentino resolvió ayer las primeras medidas para avanzar en la investigación a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994.

El fiscal Gerardo Pollicita pretende impulsar la causa que inició su colega Alberto Nisman el 14 de enero de 2015, en la que acusó a Fernández, al excanciller Héctor Timerman y varios allegados al Gobierno de haber intentado garantizar la impunidad de los exfuncionarios iraníes acusados de la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos. Cuatro días después de presentar su denuncia, Nisman fue hallado muerto en su casa en misteriosas circunstancias.

Pollicita señaló en su dictamen que los delitos que investigará a “altas autoridades del anterior gobierno nacional” son, entre otros, incumplimiento de los deberes de funcionario y encubrimiento.

Además de Fernández y el excanciller, otros involucrados en la denuncia son el actual diputado Andrés Larroque, los dirigentes sociales izquierdistas Fernando Esteche y Luis D’Elía, el exjuez Héctor Yrimia, el exespía Ramón Bogado y el miembro de la comunidad musulmana en Argentina Jorge Khalil.

Junto a ellos, Pollicita incluyó en su investigación a exfuncionarios que el propio Nisman había dejado fuera de su denuncia, entre ellos, el exministro de Planificación Julio de Vido, al exjefe de los servicios de inteligencia Óscar Parrilli, al exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y a la exprocuradora del Tesoro Angelina Abonna.

En su dictamen, el fiscal pide informes a todas las compañías telefónicas y algunos ministerios sobre las líneas desde las que hablaron durante varios años los involucrados en la denuncia, así como las visitas y entrevistas efectuadas por ellos a distintas dependencias oficiales. Pollicita puede llevar a cabo estas medidas sin el aval del juez instructor, Ariel Lijo, ya que el magistrado le delegó gran parte de la pesquisa.

El fiscal también requirió información a varios organismos del gobierno de Mauricio Macri de “toda constancia vinculada a la negociación, elaboración y avance” por parte de los acusados del Memorándum de Entendimiento suscrito en 2013 entre Argentina e Irán, que según Nisman, fue la pantalla empleada por el gobierno de Fernández para garantizar la impunidad de los iraníes acusados.

El fallecido investigador también sospechaba que el acuerdo estaba basado en el deseo de impulsar las relaciones comerciales con Irán y garantizar desde ese país el suministro energético.

El gobierno de Fernández alegó que el memorándum era la herramienta idónea para avanzar en el esclarecimiento del hecho por el que no hay ningún condenado y cuya autoría ha negado reiteradamente Irán.

La justicia terminó declarando inconstitucional dicho acuerdo, cuestionado por resignar la jurisdicción argentina para juzgar a los acusados del ataque a la AMIA en una comisión internacional extrajudicial.

Cuatro días después de presentar la denuncia contra Fernández, Nisman fue hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires, de un tiro en la cabeza, sin que se sepa hasta el momento si cometió un suicidio o fue asesinado.

La denuncia tomó un impulso decisivo en diciembre, cuando la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, ordenó que se avance con la pesquisa. Fernández niega las imputaciones y sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada por el gobierno de Macri.

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