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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Impunidad en los casos de alto perfil

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Procesos judiciales sin resolver, sin condenas, sin resultados concretos. Es el panorama judicial que ha predominado en el país a partir del retorno de la democracia de 1989. Procesos judiciales sin resolver, sin condenas, sin resultados concretos. Es el panorama judicial que ha predominado en el país a partir del retorno de la democracia de 1989.
Procesos judiciales sin resolver, sin condenas, sin resultados concretos. Es el panorama judicial que ha predominado en el país a partir del retorno de la democracia de 1989. LA PRENSA

Procesos judiciales sin resolver, sin condenas, sin resultados concretos. Fondos públicos en manos de particulares. Impunidad.  

Es el panorama judicial que ha predominado en el país a partir del retorno de la democracia en 1989.  

En la actualidad, el Ministerio Público investiga, al menos, 91 casos de alto perfil relacionados con corrupción y se han producido tres condenas. 

Procuradores y casos de alto perfil. Expandir Imagen
Procuradores y casos de alto perfil.

GRANDES ESCÁNDALOS SIN CASTIGO

Procesos relacionados con corrupción que terminan engavetados en el escritorio de un juez. Millones de dólares del Estado que nunca se recuperaron. Poco castigo. Impunidad. Es lo que ha predominado en el país en los últimos 28 años, según un repaso a los principales procesos ventilados en el Ministerio Público (MP) y remitidos al Órgano Judicial.

Con la caída de la dictadura, el primer procurador de la Nación fue Rogelio Cruz (1990-1992). Le correspondía investigar una enorme lista de casos de corrupción de la dictadura. Solo queda en los registros el caso de Marco Justine, último jefe del Estado Mayor de Manuel Antonio Noriega, acusado de peculado contra el Banco Nacional. Justine estuvo preso hasta 1995. Los demás investigados fueron eventualmente indultados.

Marco Justine fue jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa.

“Había razones que ya no existen y otras que existían y existen actualmente”, dice Cruz sobre los procesos en su periodo. Expone que antes, al igual que ahora, no había un departamento de auditoría para no depender de la Contraloría, porque “un caso de corrupción que se inicia en el MP sin una auditoría de Contraloría se inicia cojo”. “Yo nada más contaba con una fiscalía delegada, que es actualmente la fiscalía anticorrupción (...)”, añade.

Cruz fue separado del cargo por supuestamente liberar cuentas de narcos colombianos. Lo reemplazó Jorge Ramón Valdés (1992-1994), quien fue denunciado por la supuesta comisión del delito de concusión, tras el manejo al parecer irregular de la operación Bocas del Toro sin Drogas, pero fue sobreseído.

NACE EL CEMIS

José Antonio Sossa fue designado procurador en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). Es el procurador que más tiempo ha durado en el cargo durante la era democrática, una década completa, al haber cumplido todo el periodo (1995 a 2004). Apenas se registran casos de corrupción de alto perfil que hayan sido investigados. Tampoco existen condenas ni se registraron detenciones preventivas. En su gestión surgió el caso Cemis (2002), trama que nació por el pago de sobornos para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), que implicó a empresarios, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la propia presidenta Mireya Moscoso, al lograr la ratificación de sus candidatos a la Corte. El caso se extendió incluso a Martín Torrijos, el entonces líder de la oposición política, quien había sido candidato presidencial (1999) y más adelante llegaría a gobernar el país. La pesquisa tuvo poco avance, como se explicará adelante.

En enero de 2002, el legislador del PRD, Carlos Afú, confesó que él y otros colegas recibieron dinero para aprobar el contrato del Cemis. Expandir Imagen
En enero de 2002, el legislador del PRD, Carlos Afú, confesó que él y otros colegas recibieron dinero para aprobar el contrato del Cemis. LA PRENSA/Archivo

Por aquellos años también tuvo lugar el caso Harris. La Comisión de Prevención, Control y Erradicación de la Droga, el Narcotráfico y el Lavado de Dinero de Estados Unidos denunció a Sossa por supuesta infracción de deberes por no atender una asistencia judicial del FBI, dirigida a la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), sobre Marc Harris, protagonista de varias pesquisas judiciales, que tampoco fluyeron.

Al MP se le cuestionó por no investigar casos como el de la Corporación Financiera Nacional, Panamá Ports, entre otros. De hecho, un informe de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana sobre impunidad, que analizó expedientes de corrupción entre 1997 y 2002, dio cuenta de casos de corrupción de alto perfil, solo se resolvieron 7. En 4 surgieron condenas: el millonario desfalco en el Programa de Asistencia Rápida para Viviendas de Interés Social (Parvis); irregularidades en la entonces PTJ; el fraude en Banaico y los sobornos que ciudadanos estadounidenses dieron a altos funcionarios del país.

“Predomina la politización del sistema judicial, la poca independencia de las instituciones que deben investigar y sancionar los hechos de corrupción”, decía el reporte.

Este medio pidió una versión de Sossa, que funge como embajador de Panamá en Chile, pero no respondió.

Le siguió al frente del MP Ana Matilde Gómez, designada por Martín Torrijos. Gómez, a pesar de que fue sacada del cargo por la Corte Suprema durante la administración de Ricardo Martinelli, ha sido la segunda procuradora que más ha durado en el cargo (2004-2009).

Durante el período de Ana Matilde Gómez se adelantaron las investigaciones por peculado a los exministros de Educación Belgis Castro y Salvador Rodríguez, tras el manejo irregular de contratos para la remoción de fibra de vidrio en escuelas públicas. Castro estuvo detenido en El Renacer y fue beneficiado con una fianza de excarcelación. En 2013, el Juzgado Decimosexto Penal lo condenó a tres años de prisión, junto a otras cinco personas, por uno de los procesos que enfrentaba. Según su abogado, Carlos Carrillo, su caso fue apelado, y ahora está en casación. Castro goza de libertad, mientras que otras de sus investigaciones fueron cerradas o están en espera de audiencia.

Rodríguez también fue encarcelado en El Renacer, pero una fianza lo hizo recobrar su libertad. En 2010 fue sobreseído, medida que confirmó en 2011 el Segundo Tribunal. Otros de sus casos, según Víctor Almengor, su defensor, han sido cerrados.

LUCKY GAMES

Gómez también investigó al expresidente Ernesto Pérez Balladares por presunto blanqueo de capitales. Desde 2009, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada procesó al exmandatario a raíz de que la empresa Lucky Games , que obtuvo un contrato para operar 500 máquinas tragamonedas, enviaba dinero sin justificación a la sociedad Shelf Holding, ligada al expresidente.

En agosto de 2009, el expresidente Ernesto Pérez Balladares, acudió a la Fiscalía Tercera Anticorrupción para rendir declaraciones sobre el caso Lucky Games. Expandir Imagen
En agosto de 2009, el expresidente Ernesto Pérez Balladares, acudió a la Fiscalía Tercera Anticorrupción para rendir declaraciones sobre el caso Lucky Games. LA PRENSA/Archivo

El exgobernante recibió una orden de arresto domiciliario, y estuvo detenido en su casa. En 2011, el Juzgado Noveno Penal ordenó su sobreseimiento definitivo, pero la fiscalía apeló y el Segundo Tribunal ordenó el archivo en 2012, decisión que fue objeto de una casación. Un fallo de 2015 de la Sala Penal de la CSJ, que resolvió el recurso, consideró que la decisión del Segundo Tribunal es nula, pues fue firmada por un magistrado al que no le correspondía conocer el expediente; es decir, “falta de competencia”, según el magistrado ponente, Abel Zamorano. El expediente fue devuelto al Segundo Tribunal, para que el caso sea resuelto desde el momento en que debía circular el fallo para lectura y resolver la apelación.

Cuando se le consultó sobre los casos de corrupción en su gestión, Gómez citó los de Castro, Rodríguez y el de los “duro dólares”. “Hubo varios. No los recuerdo todos. Recuerdo los ‘duro dólares’, un poco difícil, porque era la secretaria privada de una expresidenta. Hubo condena, pero falleció antes”, contó.

El caso “duro dólares” surgió luego de que en 2002 un empleado de la casa de Dalvis Xiomara Sánchez, secretaria privada de la expresidenta Mireya Moscoso, sustrajera $22 mil de la residencia. El hombre contó a las autoridades que en la casa de Sánchez podían conseguir dinero hasta en la nevera. En mayo de 2011, Sánchez fue condenada a 6 años de prisión, pero murió en noviembre de 2012 sin ir a la cárcel.

Gómez recordó el caso del exdirector del Servicio Marítimo Nacional Ricardo Traad por blanqueo de capitales, por el que estuvo preso en El Renacer y en enero de 2010 fue absuelto por el Juzgado Cuarto Penal.

También habló del proceso contra Rodolfo Charro Espino, tío del expresidente Torrijos, a quien se le imputaron cargos por la supuesta comisión de delitos contra el ambiente y fue condenado en 2009, pero hubo apelación y está en casación.

Impunidad en los casos de alto perfil Expandir Imagen
Impunidad en los casos de alto perfil LA PRENSA/Credito

EL CEMIS II

“Fue difícil también haber pedido la reapertura del caso Cemis, porque eso me produjo muchas fricciones con el Ejecutivo, porque cuando yo llegué a la procuraduría ya el caso estaba cerrado”.

El Cemis tiene un largo recorrido en los tribunales. Se inició en 2002, cuando el legislador del Partido Revolucionario Democrático Carlos Afú admitió haber recibido dinero, junto a otros colegas, para aprobar el Cemis. Su copartidaria Balbina Herrera lo ratificó. El proceso lo abrió la procuradora suplente, Mercedes Araúz de Grimaldo, durante unas vacaciones de Sossa, quien posponía su inicio. En diciembre de 2002, Sossa envió la vista fiscal a la CSJ y pidió juicio para Afú y los directivos del Cemis, Martín Rodín y Stephen Jones. En 2002, la Corte cerró el caso. En 2009 se reabrió a pedido de Gómez y por presiones de la sociedad civil. En 2010 se ordenó indagar a Torrijos, pero su defensa presentó múltiples recursos. En 2014, un fallo de la Corte anuló todo lo actuado.

Gómez habló también de la investigación por las inundaciones en Prado del Este (2004). Aquí hubo 21 imputados por presunto peculado, incluido el entonces gerente del Banco Nacional, Bolívar Pariente. La Fiscalía Primera Anticorrupción pidió juicio para los 21 en 2006. Los casos quedaron en dos juzgados y fueron acumulados en uno por tratarse del mismo proceso, pero el hecho fue apelado en la Sala Penal, donde también se solicitó la prescripción. En 2014, el presidente Ricardo Martinelli indultó a Pariente y a varios de los acusados.

Gómez salió del MP en 2010 por un proceso de extralimitación de funciones, ligado a la interceptación de comunicaciones de un fiscal.

ERA MARTINELLI

Martinelli nombró a Guiseppe Bonissi, quien ocupó el puesto por un año y salió luego de que se le vinculara con supuestas anomalías en el manejo de un narcocaso.

En 2011, José Ayú Prado fue designado procurador y ese año surgió el escándalo del florista César Segura, quien obtuvo la cesión gratuita de un terreno en Punta Paitilla valorado en $11 millones y luego fue traspasado a una sociedad vinculada a Gabriel Btesh y Felipe Virzi, del círculo cero de Martinelli. Por la presión ciudadana, Ayú Prado abrió una investigación, acusó a Segura y a otras dos personas. Ni Btesh ni Virzi fueron imputados, tampoco se ordenaron medidas cautelares contra ninguno de los indagados. Segura devolvió el terreno y fue beneficiado con país por cárcel. El Juzgado Tercero Penal archivó el caso en 2013.

En la gestión de Ayú Prado también se dio el traspaso irregular de tierras a familiares del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, caso archivado en 2012 por el Juzgado Tercero Penal.

Además, Ayú Prado recibió una denuncia ciudadana por supuesta corrupción en los tres contratos firmados con Finmeccanica. No hubo imputados ni mucho menos detenciones. Ayú Prado solicitó el sobreseimiento definitivo del caso por no haber encontrado pruebas que acreditaran ningún delito. (En agosto de 2014, la Procuradora Ana Belfon ordenó la apertura de un nuevo caso, ahora por peculado, al haberse dado a conocer que los radares comprados a Selex, una de las subsidiarias de Finmeccanica, no eran funcionales).

En julio de 2012, los dueños de Financial Pacific (FP), West Valdés e Iván Clare, denunciaron a su exempleada Mayte Pellegrini por supuesto desfalco. Mientras, la Superintendencia del Mercado de Valores los acusó a ellos por supuesta estafa y blanqueo de capitales. En mayo de 2013, el Juzgado Decimosexto Penal archivó el caso a petición de la fiscalía, pero la investigación fue reabierta en la gestión actual.

Los exdirectivos de Financial Pacific, Iván Clare y West Valdés están acusado por supuesta estafa y blanqueo de capitales. Expandir Imagen
Los exdirectivos de Financial Pacific, Iván Clare y West Valdés están acusado por supuesta estafa y blanqueo de capitales. LA PRENSA/Archivo

Ayú Prado fue nombrado en 2013 magistrado de la Corte. Lo reemplazó Ana Belfon. “Se iniciaron investigaciones, pero solo estuve por dos años y estando ahí no se dieron condenas”, dijo.

ERA ACTUAL

Kenia Porcell asumió en 2015 la Procuraduría, luego de que la nombrara el presidente Juan Carlos Varela. Lleva en el cargo dos años y nueve meses. En este momento maneja al menos 61 pesquisas de alto perfil vinculadas con corrupción, más los 26 procesos relacionados con la megatrama de corrupción ligada al pago de sobornos de Odebrecht. Las fiscalías anticorrupción han firmado al menos un centenar de órdenes de detención contra imputados e impuesto más de 200 medidas cautelares.

También ha seguido cuatro procesos de alto perfil relacionados con funcionarios del gobierno actual: a Grimaldo Córdoba por ejercer la medicina ilegalmente, quien ya ha sido condenado a 42 meses de prisión; al ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, y al jefe de la Dirección de Asistencia Social, Rafael Stanziola, por fraccionar contratos; a la exviceministra de Desarrollo Social Zulema Sucre, por usar recursos del Estado en su beneficio (peculado); y al exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario Edwin Cárdenas por supuestas irregularidades en su gestión (peculado). El caso de Sucre espera audiencia. El de Etchelecu y Stanziola aún está en el MP.

En este periodo se han producido las condenas del exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez por posesión ilegal de armas; y del exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores Ignacio Fábrega por corrupción en un caso ligado a FP. El resto de los casos de alto perfil está detenido, debido a recursos ante el Órgano Judicial, posposiciones de audiencias o medidas dilatorias presentadas por la defensa de los imputados.

(Con información de Juan Manuel Díaz, Aminta Bustamante, Andrea Gallo, Olmedo Rodríguez).

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