UN AÑO DESPUÉS DE LA primera EXPLOSIÓN

Incertidumbre y más pérdidas en PH White

Residentes del edificio responsabilizan de los hechos a la promotora, que niega las acusaciones. Dice que también ha sido afectada.

Luz Marina Gil dejó su natal Venezuela en mayo de 2011 y llegó a Panamá con la idea de probar suerte en un negocio familiar, que al final orientó a la venta de servicios.

Después de seis meses de operaciones y viendo que la empresa iba bien, decidió radicarse en el país. Dejó el apartamento alquilado en el que residía y compró uno propio en el PH White, en la avenida Balboa.

Le asignaron el 30B y allí comenzó a vivir en diciembre de 2011. Sin embargo, afirma que los últimos meses en el inmueble han sido de incertidumbre tras las explosiones por fugas de gas que ocurrieron el 25 de enero y el 20 de abril de 2012, en los pisos 21 y 27, respectivamente.

El sistema de gas fue eliminado y ahora utilizan electricidad, por lo que debió vender todos sus artefactos a gas a menor precio del que los compró, para recuperar dinero y adquirir nuevos equipos.

Además, la factura mensual de luz pasó de 62 dólares a más del doble, a pesar de que vive sola.

Con las dos explosiones, afirmó que su apartamento se devaluó para siempre y es consciente de que nadie querrá comprarlo.

“Mis amigos temen venir a visitarme porque dicen que el edificio explotará”, contó.

En tanto, José Carlos Blanco, que trabaja como gerente de una compañía, también compró un apartamento en el PH White para salir de la casa de su madre e independizarse.

Le dieron las llaves del apartamento 24B en abril pasado, pero no pudo mudarse hasta agosto, a causa de la segunda explosión.

Aunque reconoció el cambio del sistema de gas, expresó que no le han entregado una constancia de las adecuaciones necesarias para aumentar la capacidad del sistema eléctrico.

En consecuencia, teme que se recargue el sistema eléctrico y ocurra otra explosión.

Explicó que la promotora Vivir frente al Mar, que les vendió los apartamentos, no se ha responsabilizado por las pérdidas que sufrieron los residentes del edificio, a causa de las explosiones.

Perdieron dinero

En ese sentido, Gil detalló que después del primer siniestro el edificio fue clausurado por medidas de seguridad y tuvo que vivir más de un mes en un hotel, donde gastó cerca de 3 mil dólares en hospedaje y alimentación, que la promotora no le reconoció.

Por su lado, Blanco cuestionó que en una asamblea de copropietarios, el 13 de julio pasado, la promotora envió a un abogado en su nombre, con la propuesta de que se cambiaría el sistema de gas a electricidad, y de los 142 dueños que votaron por la modificación, 110 eran de la empresa, que aún no había vendido esos apartamentos.

“Los que vivíamos allí, 32 en total, no estuvimos a favor de ese cambio. ¿Por qué el apuro en cambiar a electricidad, si la Oficina de Seguridad de los bomberos había autorizado la regasificación en el edificio?”, preguntó.

“La promotora nunca ha dado la cara; todas las acciones que han tomado son para seguir vendiendo apartamentos”, denunció.

No pagarán

En respuesta a esos señalamientos, el gerente de la promotora, Juan Carlos Vallarino, dijo, a través de un correo electrónico, que su empresa no es responsable de los inconvenientes sufridos por los copropietarios y residentes, que deben dirigir sus reclamos a Sasha Top Service, que instaló el calentador a gas que explotó por una fuga el 25 de enero de 2012.

“Así como los residentes y propietarios fueron afectados, la promotora también fue una víctima en todo esto, ya que por culpa de un tercero se ha visto afectada nuestra imagen, lo cual nos ha costado muchísimo”, expresó.

Manifestó que el cambio a electricidad fue una decisión de la junta de copropietarios y cualquier consulta debe ser atendida por la administración del edificio.

Este diario llamó varias veces a los dueños de la compañía Sasha Top Service para que dieran su versión de los hechos. Ayer, cuando se les volvió a contactar, la secretaria dijo que los directivos estaban en reunión.

INFORMES OFICIALES

Los informes del departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Panamá y de la Unidad de Explosiones e Incendios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyeron que las dos explosiones en los apartamentos 21B y 27A del PH White, se dieron por una fuga en la rosca que une la manguera con la salida de gas del calentador de agua.

El documento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del 27 de enero, detalla las causas de la primera explosión y lleva la firma de los peritos Carlos Méndez y Gabriel Duque.

Mientras que el de los bomberos, suscrito el 24 de abril de 2012 por el capitán Juan De Arco y el sargento Víctor Moreno, indica los motivos de la segunda explosión.

Por su parte, la empresa privada La Candelaria hizo, entre el 1 y el 13 de mayo de 2012, pruebas de presión para verificar si había o no fuga de gas en las tuberías de los apartamentos, y concluyó que en 167 no había, en 21 sí y ocho no fueron revisados por la ausencia de sus dueños.

El informe, elaborado a petición de la administración del edificio por el fontanero Carlos Martínez, detalló que en los 21 apartamentos que no pasaron la prueba se detectaron fugas internas entre la válvula de la estufa y la tubería de gas, por lo que se recomendó repararlas.

Luego de esa inspección, los bomberos autorizaron la regasificación, pero, como se dijo, el sistema fue reemplazado por el eléctrico.

Un acusado en proceso penal

Tras la explosión ocurrida el 25 de enero de 2012 en el apartamento 21B del PH White, que dejó una persona muerta y tres heridas, la Fiscalía Décima de Circuito abrió una investigación por homicidio culposo.

En este proceso el único acusado es Arjan Santani, representante legal de Sasha Top Service, empresa responsable de la instalación del calentador de gas en el apartamento 21B, propiedad de la ciudadana venezolana Elizabeth Álvarez.

Francisco Salazar, de 61 años y quien instaló el equipo, murió el 2 de febrero en el hospital Santo Tomás por las heridas que tuvo. David Velásquez, el otro empleado de la compañía; Álvarez y su hijo de ocho años, resultaron heridos.

El apartamento 21B sigue clausurado y los vecinos ignoran dónde viven Álvarez y su hijo.

Velásquez, por su parte, interpuso una demanda civil por $1.3 millón contra Sasha Top Service, que fue admitida por el Juzgado Decimoquinto Civil. A la vez, la fiscalía admitió una petición de la defensa de Santani para que se incorpore al expediente copias de la investigación por una segunda explosión en el PH White, que es adelantada por la Fiscalía Auxiliar. En este caso no hay imputados.

Rubén Polanco

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