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Incierto destino de la contralora Gioconda de Bianchini

Los diputados oficialistas pretenden enviarle una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que despida a la contralora por ´ineptitud y negligencia´. Los de Cambio Democrático afirman que el Legislativo no tiene facultad para ello.Durante la comparecencia ante el pleno, Gioconda Torres de Bianchini aseguró que tiene varias vacaciones pendientes. Un argumento esgrime que la diputación puede obligarla a tomar sus períodos de descanso.

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El miércoles, respondió ‘no tengo ese documento’, y ‘no tengo esa información’. LA PRENSA/Jorge Fernández. El miércoles, respondió ‘no tengo ese documento’, y ‘no tengo esa información’. LA PRENSA/Jorge Fernández.
El miércoles, respondió ‘no tengo ese documento’, y ‘no tengo esa información’. LA PRENSA/Jorge Fernández.

El futuro de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, es incierto. Después de 15 horas de comparecencia ante la Asamblea Nacional, un grupo de diputados insiste en proponerle a la Corte Suprema de Justicia la destitución de la contralora. Otra fuerza política asegura que la decisión no compete al Legislativo. Mientras que la ciudadanía solo espera conocer el paradero de su dinero.

El martes 19 y el miércoles 20 de esta semana, la funcionaria acató la citación del Legislativo para contestar un cuestionario sobre su gestión, que se inició en enero de 2010 en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. El cuestionario fue elaborado por los diputados.

Antes de asumir el cargo, Torres de Bianchini trabajó durante 15 años en Importadora Ricamar, una de las empresas de Martinelli.

Esta relación laboral motivó una de las mayores críticas hacia la contralora, a quien se le cuestionó también su poca resistencia para refrendar contratos supuestamente lesivos al patrimonio público.

Estos fueron los principales argumentos de los diputados para formularle decenas de preguntas a Torres de Bianchini. La mayoría de las veces contestó: “no tengo esa información”, “no tenemos ese dato” e “investigaremos”.

Aseguró que siempre actuó amparada por la ley, y que la institución no está obligada a verificar precios ni empresas antes de refrendar un contrato.

El miércoles por la noche, minutos después de las 10:00 p.m., el panameñista Luis Barría confirmó un rumor que circulaba desde el día anterior en los pasillos del Palacio Justo Arosemena: varios diputados habían firmado una supuesta resolución en la que el Legislativo le solicitaba a la Corte Suprema de Justicia destituir a la contralora por “ineptitud y negligencia”.

Según los documentos presentados, la iniciativa fue firmada por Barría y los panameñistas José Luis Varela, Luis Eduardo Quirós, Juan Moya, Adolfo Valderrama, José Luis Castillo, Gabriel Soto y Jacobo Pérez; por el perredista Pedro Miguel González y la independiente Ana Matilde Gómez.

El presidente de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Leandro Ávila se quejó de inmediato. Reclamó que no fue consultado para que miembros de su partido firmaran tal documento.

Ávila insistió ayer en la falta de comunicación entre el PRD y el Panameñista, integrantes de una alianza legislativa por la gobernabilidad. “Nunca he tenido en mis manos ese documento [para] que nos permita tomar una posición al respecto. Si hay alianza, se tiene que conversar todo lo que se hace en la Asamblea. Hay muchas cosas que están fallando, pero estamos siendo tolerantes y lo seguiremos haciendo hasta donde se pueda”, dijo.

El líder perredista advirtió de la inconformidad en su partido ya que por segunda vez la falta de comunicación crea zozobra entre ambos colectivos.

“La molestia es mucho más grande porque igual sucedió con el tema de las reformas”, indicó.

Ávila explicó que la rúbrica de su copartidario González nunca debió ser incluida en esa supuesta resolución, ya que él nunca la firmó.

“No había tal resolución; era un borrador de resolución y por ende nadie la había firmado. Pusieron los nombres de diputados que dijeron estar interesados en participar en elaborar ese documento”, señaló el perredista.

EL CIRCO DE CD

Durante los dos días en los que compareció la contralora, los diputados del opositor Cambio Democrático (CD) dedicaron la mayor parte de sus intervenciones en calificar a la citación como un “circo” o como un “espectáculo mediático”.

Una vez se presentó la resolución, protestó la bancada entera del partido fundado por Martinelli: golpeó con energía los escritorios. Mario Miller, diputado por CD, pidió la palabra para una cuestión de orden e indicó que la medida atentaba contra la Constitución y las leyes porque el Legislativo no está facultado para esta solicitud.

Dijo también que la iniciativa era del perredista González, y que ese diputado “enredó” a Barría para que la presentara.

El semblante de la contralora cambió tras la lectura de la resolución.

Salió en su defensa Jorge Luis Quijada, jefe de la Oficina de Rendición de Cuentas y con 42 años en la institución.

Quijada intentó interpelar la actuación de los diputados, y ordenó a la subsecretaria general de la Asamblea, Anelis Bernal, leer algunas disposiciones legales.

Antes de cuestionar a los ´padres de la patria´, Adolfo Valderrama, presidente del Legislativo, le prohibió a Quijada irrespetar a ese órgano del Estado y le explicó que no tenía autoridad para solicitar lectura de ningún artículo.

Quijada ripostó con un pasaje bíblico, e intentó retomar sus cuestionamientos a los diputados. Pero Valderrama indicó que no le daría más el uso de la palabra. Ya en el asiento, Quijada recibió una palmada en su espalda de algunos de sus compañeros y de la propia contralora. Hasta le regaló una sonrisa, de las pocas durante su comparecencia.

A la salida del Palacio Justo Arosemena, Torres de Bianchini salió serena. “La ley me ampara porque yo cumplo con la ley. Cada vez que quieran que venga a la Asamblea, vendré”, aseguró.

Sobre la resolución, dijo haberse incomodado. “Me molesté un poco porque sé que trabajo bien. Pero yo duermo bien, y el que duerme bien es porque va con la ley”, indicó.

LARGAS VACACIONES

Si bien el futuro de la contralora recae exclusivamente en la Corte, existe otro argumento sobre las opciones en manos del Legislativo para manejar el destino de la funcionaria: sus vacaciones.

La Ley 9 del 20 de junio de 1994, que regula la Carrera Administrativa y contiene disposiciones de aplicación general a todos los servidores públicos, establece que los reglamentos internos desarrollarán las normas de las leyes que regulan lo atinente al personal al servicio del Estado.

El artículo 69 del Reglamento Interno de la Contraloría dispone que “todo servidor público tendrá derecho a un descanso anual remunerado”, y que es obligatorio para los servidores públicos en general tomar sus respectivas vacaciones para evitar una acumulación mayor a dos meses.

Durante el interrogatorio del miércoles, la contralora confesó no haber tomado todo su tiempo de vacaciones. Por lo tanto, en su caso, la Asamblea Nacional podría tomarse la atribución de enviar a Torres de Bianchini a disfrutar de este descanso obligatorio.

OTRO AMBIENTE

Luego de dos noches en las que la mayoría de los diputados asistieron al pleno para presenciar la comparecencia de Torres de Bianchini, la sesión matutina de ayer estuvo marcada por las ausencias. No fueron José Muñoz, de CD; ni Luis Barría, Luis Eduardo Quirós y José Luis Varela, del Partido Panameñista. Tampoco lo hizo Pedro Miguel González, del PRD.

En el pleno no estuvieron Benicio Robinson, del PRD, y Sergio Gálvez, de CD y último presidente del Legislativo antes de Valderrama.

Los dos políticos están entre los que acumulan más ausencias en el pleno, aunque Gálvez siempre acude al comienzo de la sesión y desaparece una vez terminan de marcar asistencia. Su suplente, Diego Lombana, es quien ocupa la curul la mayor parte del tiempo.

Fue corto el período de incidencias, sin mayor polémica. Ana Matilde Gómez pidió que la comparecencia de los funcionarios tuviera consecuencias, y manifestó que el aparato estatal tenía la obligación de actuar ante las ineficiencias expresas de sus funcionarios.

También habló Miller. Reiteró que la presencia de la contralora no fue otra cosa que un espectáculo mediático, un circo.

Tuvo respuesta con el perredista Javier Ortega. Le advirtió que los funcionarios están obligados a dar explicaciones al Legislativo y al país.

Por esta razón, solicitó que los diputados consideraran la citación del ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, y del director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, para que expliquen las medidas contra la delincuencia.

La solicitud de Ortega surge luego del asaltó la semana pasada de varios restaurantes capitalinos. La ola de robos provocó duros cuestionamientos entre la sociedad.

Valderrama admitió la propuesta, e invitó a los diputados a elaborar un cuestionario para incluirlo en una citación la próxima semana.

Este será el cuarto funcionario de este período legislativo –empezó el 1 de julio pasado– en presentarse ante el pleno. El primero fue Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas. Luego se presentó Guillermo Sáez–Llorens, director de la Caja de Seguro Social. La contralora Torres de Bianchini fue la última en acudir al pleno legislativo.

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