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Indagarán a 18 personas por caso de juntas comunales

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La Contraloría entregó en febrero del año pasado al Ministerio Público 186 auditorías sobre el manejo dado por las juntas comunales a las transferencias de partidas circuitales realizadas durante los años 2009-2014. Archivo La Contraloría entregó en febrero del año pasado al Ministerio Público 186 auditorías sobre el manejo dado por las juntas comunales a las transferencias de partidas circuitales realizadas durante los años 2009-2014. Archivo
La Contraloría entregó en febrero del año pasado al Ministerio Público 186 auditorías sobre el manejo dado por las juntas comunales a las transferencias de partidas circuitales realizadas durante los años 2009-2014. Archivo

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga ordenó la indagatoria de las primeras 18 personas vinculadas a la investigación por presuntas irregularidades en transferencias efectuadas a juntas comunales de fondos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas a diputados entre los años 2009 y 2014.

Fuentes del Ministerio Público informaron que los indagados serán citados a partir de la próxima semana, y entre los que podrían concurrir están exdiputados, alcaldes y concejales que manejaron las transferencias.

El caso fue reabierto en agosto de 2018.

Fiscalía ordena indagatorias por caso de juntas comunales

La Fiscalía Anticorrupción giró órdenes de indagatoria a 18 personas implicadas en el presunto manejo irregular de fondos que fueron transferidos a las juntas comunales de la provincia de Panamá en el período 2009-2014.

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que la fiscalía emitió las órdenes de indagatoria y que las diligencias se practicarán a partir de la próxima semana. No se informó sobre los nombres de los que serán indagados, pero otras fuentes judiciales indicaron que en la lista estarían exdiputados, alcaldes y concejales, los cuales sí pueden ser investigados por la fiscalía.

Las indagatorias fueron ordenadas luego de que el 3 de agosto de 2018 el Juzgado Quinto Penal, a cargo de Enrique Paniza, ordenó la reapertura del proceso.

La decisión del juez surgió tras una solicitud que le elevó el 12 de marzo de 2018 la fiscalía, luego de recibir de la Contraloría General de la República -el 27 de febrero de 2018- las auditorías de 186 juntas comunales.

Cuando el juez Paniza ordenó la reapertura del caso, señaló que su despacho solo tramitaría lo relativo a las 29 juntas comunales de la provincia de Panamá y que se enviaría el resto a las respectivas jurisdicciones.

El juzgado fijó un término de seis meses a la fiscalía para concluir las investigaciones, que incluyen hacer inspecciones oculares y ubicar los documentos de recepción y uso de los recursos.

Fuentes del MP indicaron que las auditorías de la Contraloría han sido pieza clave en la investigación.

Las auditorías de la Contraloría, correspondientes al quinquenio 2009-2014, determinaron que 70 diputados de la Asamblea Nacional –de los cuales 39 se reeligieron en las elecciones generales de mayo de 2014– transfirieron  $247 millones de sus partidas circuitales (fondos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas) a juntas comunales y municipios; y en su manejo se detectaron facturas falsas y documentos alterados.

De acuerdo con la información de las auditorías, 34 diputados de Cambio Democrático (CD) manejaron $158.8 millones; 7 del Molirena, $36.2 millones; y 10 del Partido Revolucionario Democrático (PRD), $34.7 millones. Además, 10 diputados del Partido Panameñista se vieron beneficiados con partidas por $17.1 millones y uno del Partido Popular manejó $492 mil.

Las fuentes del MP explicaron que en los casos de diputados que se encuentren en ejercicio del cargo el expediente será enviado a la Corte Suprema de Justicia, ya que, por mandato constitucional, corresponde a ese tribunal investigarlos.

También precisaron que esta investigación se hará bajo las reglas del sistema penal acusatorio (SPA).

La investigación se inició el 13 de junio de 2014, cuando la entonces Fiscalía Primera Anticorrupción adelantó las sumarias del caso, a partir de investigaciones periodísticas publicadas por el diario La Prensa. La investigación de la fiscalía abarcó a 153 juntas comunales -33 menos que las auditadas por la Contraloría- a las que fueron transferidos $240 millones.

El 10 de mayo de 2017 el juzgado dictó un sobreseimiento provisional del proceso, en espera de las auditorías de la Contraloría que, como se dijo, fueron entregadas el 27 de febrero de 2018.

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