investigación EN COLOMBIA

Inesperado vínculo de Odebrecht en Panamá

La empresa brasileña habría hecho pagos millonarios en sobornos a funcionarios colombianos a través de la sociedad panameña Lurion Trading.

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La constructora brasileña ha sido vinculada a escándalos de corrupción en 12 países. La constructora brasileña ha sido vinculada a escándalos de corrupción en 12 países.
La constructora brasileña ha sido vinculada a escándalos de corrupción en 12 países. AFP

Una supuesta coima por 6.5 millones de dólares acreditó la Fiscalía General de la Nación de Colombia que habría pagado Odebrecht para adjudicarse la construcción del segundo tramo de la Ruta del Sol en ese país. La coima se habría enviado a través de una cuenta de la sociedad panameña Lurion Trading, Inc.

Una investigación de este medio detectó que uno de los directivos y tesorero de Lurion Trading, Inc., fue Félix Valencia Maldonado. Este personaje aparece en la sociedad Nunvav, Inc., beneficiaria de los pagos que el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) destinó por 13.4 millones de dólares para la compra de uno de los equipos de espionaje.

A pesar de que el contrato para comprar el aparato de intervenciones telefónicas se hizo en 2010 con la empresa israelí M.L.M. Protection, los pagos realizados por el extinto Fondo de Inversión Social, a cargo en ese entonces de Giacomo Tamburrelli, se hicieron a nombre de Nunvav, Inc., en la que Valencia Maldonado aparecía como vicepresidente y tesorero.

El primer pago a Nunvav, Inc. –por 3.3 millones de dólares– fue hecho el 30 de agosto de 2010. El segundo –por 5.4 millones– se hizo el 10 de diciembre de 2010 y otro –por 2.2 millones de dólares– el 29 de abril de 2011. Todos los pagos fueron firmados por Tamburrelli y refrendados por la entonces contralora Gioconda de Bianchini (q.e.p.d).

OTRA SOCIEDAD

El 16 de enero pasado, la Fiscal 80 delegada ante el Tribunal Superior de Distrito, de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra la Corrupción y de la Fiscalía General de Colombia, solicitó a la Procuraduría General de Panamá que emitiera una certificación de Lurion Trading, Inc., y de Punto FA, S.A.

En la solicitud, hecha a través de una carta rogatoria, se pide el historial de los dignatarios, directores, agentes residentes, representantes legales, domicilio, bienes o propiedades, tipo de sociedad, suscriptores, fecha de registro, estatus y su capital.

La nota fue remitida al director del Registro Público, Fernando Alfaro, el 24 de enero pasado, por medio de un oficio de la Fiscalía Séptima Anticorrupción de la Procuraduría General.

En ella se menciona que las autoridades colombianas investigan a estas sociedades por el proceso que se le sigue a empresas en ese país por la supuesta comisión de los delitos de cohecho impropio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Pie de foto Expandir Imagen
Pie de foto LA PRENSA/Credito

Lurion Trading, Inc., fue inscrita en el Registro Público el 20 de enero de 2010. Doce días antes de la revelación de la fiscalía colombiana –el pasado 27 de enero de 2017– Valencia Maldonado, al igual que Annette Medina –quien fungía como presidenta de la sociedad, así como César Afú, secretario– renunciaron a sus cargos.

intentó comunicarse con la firma de G & R Abogados, ubicada en el edificio Omega, que aparece como agente residente de Lurion Trading, Inc., pero los esfuerzos fueron infructuosos.

En cuanto a la sociedad Punto FA, S.A., esta fue registrada en octubre de 1994, y en ella aparecen Jaime Antonio Graell, presidente; Efraín Henríquez, vicepresidente; Modesto Henríquez, secretario; y Diógenes Arosemena, tesorero. Como agente residente, Moreno & Arjona Bureau.

La fiscalía colombiana reveló que los 6.5 millones de dólares se giraron en varios pagos a una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra, a favor de Lurion Trading, Inc.

Destacó que se usó el sistema financiero internacional, incluidas las jurisdicciones de Estados Unidos, Antigua y Andorra para mover el dinero.

PROCESOS

Por la compra de la máquina pinchadora “desaparecida” se mantiene detenido Gustavo Pérez, mientras que el exviceministro Alejandro Garuz tiene medida cautelar de reclusión en su residencia, ambos exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional. Se desconoce el paradero de Ronny Rodríguez y William Pittí, exfuncionarios de este organismo buscados también por el caso de las pinchadoras.

También por este caso está acusado el expresidente Ricardo Martinelli por el supuesto delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

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