ENTREVISTA

Informar en medio de presiones

Desde Washington, y a través de Skype, el relator especial para la libertad de expresión de la OEA responde preguntas sobre libertad en expresión, en momentos de demandas millonarias contra periodistas.

Perfil del Relator especial

Temas:

Edison Lanza,  relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), habla sobre la judicialización del ejercicio del periodismo con el reclamo de millonarias demandas de quienes se ven afectados por publicaciones sobre presunta corrupción.

Dice que el uso del poder penal para silenciar busca amedrentar a la prensa crítica.

¿Cuál es la tendencia que observa en América Latina sobre la cobertura de casos de corrupción y las presiones a la libertad de expresión?

Estamos en un momento crítico para América Latina en cuanto a la necesidad de transparentar y de investigar lo sucedido con recursos públicos. Hay investigaciones prácticamente en todos los países de la región (...) Que esto esté ocurriendo es un síntoma saludable. La prensa está jugando un papel fundamental. Con esto también hay unos riegos, porque en muchos países parte del poder político, las personas que son investigadas, o incluso poderes del Estado, están reaccionando de algún modo para limitar el poder de la prensa.

El expresidente Ricardo Martinelli y miembros de su partido han presentado más de 30 acciones legales contra ‘La Prensa’; se querelló contra la dirigente de un movimiento civil y una abogada. ¿Qué efectos tiene esto para la libertad de expresión?

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha dicho que el uso de la jurisdicción penal para proteger el honor de funcionarios es un mecanismo inadecuado, porque cuando un periodista revela información que pueda afectar la carrera o reputación de un expresidente, primero lo que corresponde es que él dé explicaciones. Se trata de fondos públicos, y de nada más y nada menos que del desempeño de la más alta magistratura. En segundo lugar, el que un funcionario o exfuncionario utilice el derecho penal, está usando el arma más poderosa que tiene el Estado para intentar proteger el honor (...) En Panamá hay una peculiaridad: es uno de los pocos países democráticos que mantiene delitos como la difamación y la injuria, y por lo tanto eso dificulta las cosas. Recomendamos que el parlamento modifique la ley y que los casos sobre funcionarios o exfuncionarios no sean sometidos a la jurisdicción penal. Que quien alega estar ofendido demuestre en la jurisdicción civil que el periodista publicó algo que es falso. Hay que poner límites a ese tipo de prácticas, que muchas veces tienen la intención de amedrentar o de inhibir a la prensa crítica.

Entonces, ¿se deben despenalizar los delitos contra el honor?

Dos cosas: despenalizar por un lado, y regular las demandas civiles bajo el sistema interamericano que habla de la real malicia. O sea, una persona pública no puede poner una demanda por $50 millones contra un medio para acallarlo. Tiene que demostrar que hay mérito y que el periodista sabía que era falso lo que estaba publicando. Tiene que haber una carga de la prueba invertida, porque de lo que se trata es de proteger el periodismo que investiga hechos de presunta corrupción.

La judicialización del ejercicio del periodismo al reclamar millonarias sumas para que periodistas o líderes de opinión se inhiban de dar a conocer información sobre hechos de presunta corrupción es una táctica que prevalece. ¿Qué puede decir la relatoría sobre este artilugio?

Es importante que las autoridades públicas y judiciales tengan presente que este fenómeno puede afectar la libertad de expresión. Son, en definitiva, los poderes los que tendrían que modificar la legislación. Nosotros enviamos una carta al Ejecutivo hace un año, cuando un periodista holandés [Okke Ornstein] fue a prisión por una demanda penal. Ya veíamos que esto era un problema, por lo tanto, el Estado panameño, que es un Estado democrático, debería prestarle atención a esto como un problema serio para la libertad de expresión. Los jueces tienen que hacer un control de convencionalidad; es decir, tener en cuenta los estándares que yo menciono. Son emanados de la interpretación que hace el sistema interamericano de los derechos humanos, del que Panamá es parte.

Edison Lanza ocupa el cargo en la OEA desde octubre de 2014. Expandir Imagen
Edison Lanza ocupa el cargo en la OEA desde octubre de 2014.

¿Cómo afectan estas demandas la operatividad de un medio?

Esta imprevisibilidad de la norma, tanto penal como civil, y la apertura que hay para poner este tipo de demandas, pone a los medios, que de por sí ya están golpeados, ya sea por problemas de ingresos o por crisis de modelos de negocios, en una situación muy vulnerable.

La estrategia legal de la familia Martinelli, ¿podría socavar la confianza de la ciudadanía en la labor periodística?

Que una persona pública tan importante como un expresidente esté tratando de menoscabar a los medios de comunicación, lleva a que sus copartidarios crean que hay un ataque orquestado contra él, y esto lo puede ver uno en las redes sociales.

¿Cómo pueden proceder periodistas, medios y líderes de opinión ante amenazas? ¿Qué herramientas hay?

El derecho internacional provee los principios bajo los cuales debe ejercerse la libertad de expresión, y el principal obligado es el Estado. Es el Estado de Panamá y todos sus poderes los que tienen la obligación de proteger a todos sus periodistas para ejercer la libertad de expresión. Ya sea el poder Ejecutivo a través de políticas y declaraciones claras en este sentido. Y que el Legislativo cambie las leyes que ya hemos dicho que no respetan los principios de libertad de expresión.

La presidenta de la Asamblea Nacional se niega a dar información sobre el uso de millonarios fondos. ¿Qué dice su oficina sobre el cerco al acceso a la información?

El sistema interamericano, como principio general, dice que toda la información en poder del Estado, en principio, es pública y debe ser entregada. Salvo un régimen de excepciones muy limitado: razón de seguridad nacional, que por lo que usted me dice no advierto que sea el caso de Panamá. Hay organismos para hacer cumplir el hecho de que esa información debe entregarse.

Diputados se arropan con la inmunidad que les da su cargo para difamar a periodistas que cuestionan el uso de fondos públicos en política. ¿Cómo ve este escenario?

Una vez más. Hay una modalidad bastante extendida en el continente que es desacreditar a los periodistas con adjetivos, adjudicándoles condiciones que no son reales: deshonesto, corrupto. Estamos en un momento en en el que lo que hay que discutir son los hechos, y no desacreditar a la prensa, porque en definitiva es también socavar a la democracia.

Panamá está a meses de elecciones generales en las que se escogerá a un nuevo presidente de la República, entre otras autoridades. ¿Que tan conveniente es el debate sobre libertad de expresión en este momento?

Fundamental. La libertad de expresión cobra más sentido en un contexto electoral, porque es el momento cuando los ciudadanos tienen que conocer a los candidatos: ¿quiénes son?, ¿qué intereses tienen? ¿hay conflicto de interés?, ¿cuáles son las plataformas?, ¿cuáles son sus ideas claras?, ¿cómo van a ejercer el poder? La posibilidad de ejercer el derecho de reunión y de asociación por parte de los partidarios, y el escrutinio sobre los candidatos, es fundamental. Que no haya limitaciones ni restricciones a la cobertura de las elecciones, tanto el día de estas como en la campaña, me parece que es un elemento fundamental de la democracia.

En esa línea, recientemente políticos han pedido censurar a la ciudadanía que en las redes sociales promueve la no reelección. ¿Cuál es la posición de la relatoría sobre redes sociales y libertad de opinar?

En las redes sociales se aplican los mismos principios que en el mundo fuera de línea. El derecho a opinar sin censura previa y de compartir ideas sin limitaciones está plenamente garantizado en internet. No tendría sentido una internet sin esa libertad.

Perfil del Relator especial

Nació en Uruguay. Es abogado y se ha desempeñado como periodista en distintos medios de comunicación.

Es cofundador del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, también en Uruguay.

Es el relator especial para la Libertad de Expresión desde octubre de 2014.

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