CASO DE TERRENO DE PAITILLA

Informe del MEF sirvió para ordenar arresto

Ayú Prado aclaró por qué ordenó la detención de Segura y no la de Villamonte, aunque ambos están acusados en el mismo caso.

La orden de detención preventiva dictada el pasado miércoles contra el vendedor de flores César Segura (acusado en el caso del terreno en Paitilla que le fue cedido gratuitamente) se fundamentó, entre otras pruebas, en una auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que confirma una serie de irregularidades en el trámite de titulación, informó ayer el procurador de la Nación, José Ayú Prado.

El jefe del Ministerio Público explicó que en dicho informe se recalca que en este caso hubo lesión patrimonial contra el Estado, pero no reveló el monto del daño.

De acuerdo con el funcionario, los delitos imputados a Segura –peculado culposo y falsificación de documentos– quedaron acreditados en el expediente basado en dicho informe y en los testimonios de por lo menos 20 funcionarios y exfuncionarios citados a declarar.

Según la investigación, en julio pasado la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Tierras Anabelle Villamonte cedió gratuitamente a Segura el terreno de Paitilla, de 11 mil 379 metros cuadrados, de acuerdo con un valor catastral de 999 dólares por metro cuadrado, lo que totaliza 11 millones 367 mil 581 dólares con 4 centésimos.

Sin embargo, empresarios inmobiliarios aseguran que el metro cuadrado en esa zona puede costar 4 mil dólares, lo que significa que el terreno realmente tiene un valor comercial de unos 45 millones de dólares.

 Las sumarias también señalan que la corregiduría de San Francisco desalojó a Segura por intruso, y que luego la Dirección de Catastro le negó una solicitud de concesión, debido a que el terreno había sido traspasado al Municipio de Panamá.

Pese a ello, según documentos incluidos en el expediente, Segura volvió a presentar una solicitud similar, esta vez de titulación gratuita, y afirmó haber ocupado el terreno de forma pacífica e ininterrumpida, con ánimo de dueño.

En cada caso presentó documentos con domicilios diferentes.

Ayú Prado también explicó que el artículo 2140 del Código Judicial establece que se podrá aplicar la detención preventiva cuando la pena mínima de los delitos imputados sea cuatro años, y en el caso de los hechos punibles por los cuales se acusó a Segura, ambos tienen esa pena mínima.

Para el peculado culposo el Código Penal fija penas de 4 a 6 años, y para el delito de falsedad de documentos en general, de 4 a 8 años.

Aclaró que en el caso de Villamonte, a quien también le formularon cargos por peculado culposo en el mismo expediente, no se ordenó la detención preventiva porque al tratarse de una servidora pública la pena es de 3 a 6 años de prisión y, por tanto, añadió, no aplica la medida cautelar. A ella se le impuso prohibición de salida del país.

Según el procurador Ayú Prado, la investigación no ha acabado; aún deben declarar otras personas.

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