REFORMAS POR EL ESCÁNDALO DE SOBORNOS DE LA CONSTRUCTORA ODEBRECHT

Inhabilitación perpetua en Perú

El Gobierno dictó una norma que fija como ‘impedimento’ para ‘acceder’ al Estado el estar condenado por el delito de corrupción.

Ecuador pide versión de abogado detenido en España

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Pérez Tello dijo que nunca más un funcionario corrupto trabajará en el Estado. Tomado del Ministerio de Justicia Pérez Tello dijo que nunca más un funcionario corrupto trabajará en el Estado. Tomado del Ministerio de Justicia
Pérez Tello dijo que nunca más un funcionario corrupto trabajará en el Estado. Tomado del Ministerio de Justicia

El Gobierno peruano, al amparo de facultades otorgadas por el Congreso para legislar, decretó normas de lucha contra la corrupción, entre ellas la inhabilitación perpetua, para que las empresas implicadas en corrupción no ganen contratos con el Estado.

“No habrá más corruptos trabajando para el Estado. Ya se puede establecer la inhabilitación perpetua o muerte civil. Será requisito para trabajar con el Estado y causal de destitución haber sido sentenciado por delito de corrupción o admitido, como el caso de Odebrecht”, dijo la ministra de Justicia, María Pérez Tello, en rueda de prensa de los ministros, encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

La constructora brasileña Odebrecht no volverá a contratar obras con el Estado peruano por haber incurrido en actos de corrupción, dijo Zavala. “Ya no vamos a contratar nuevos proyectos con empresas sancionadas por actos de corrupción o que hayan admitido participación en estos actos”, precisó.

La empresa brasileña admitió, hace unas semanas, haber pagado sobornos en nueve países latinoamericanos, entre ellos Perú, por “centenas de millones de dólares” para obtener contratos, según documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, la empresa alcanzó con la Fiscalía peruana un acuerdo preliminar comprometiéndose a suministrar información y a devolver 8.8 millones de dólares como un adelanto de las ganancias ilícitas que obtuvo en el país.

“Esperamos que con las medidas tengamos cerrojo para los corruptos”, afirmó.

Otra medida es protección para el denunciante de actos de corrupción en el Estado, a fin de fomentar y facilitar que cualquier persona que conoce de un hecho de corrupción pueda denunciarlo.

El Ejecutivo culminó la semana pasada la emisión de 112 decretos, al amparo de las facultades que le dio el Congreso, en temas de lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, reactivación económica, saneamiento y simplificación de trámites.

Este jueves Zavala acudirá junto con los ministros al Congreso para sustentar la llamada muerte civil y otro paquete de 33 normas para luchar contra la inseguridad ciudadana.

Ecuador pide versión de abogado detenido en España

Ecuador solicitó a España gestionar una declaración de un abogado de Odebrecht, que está detenido en Madrid, sobre supuestos sobornos de la constructora brasileña a funcionarios ecuatorianos, informó ayer el fiscal, Galo Chiriboga.

“El 4 de enero enviamos una asistencia penal a España, solicitando una versión al abogado de Odebrecht”, dijo el fiscal al canal Ecuavisa.

Chiriboga identificó al arrestado como Rodrigo Tacla Duran: “Él es una persona que conoce a fondo todas las actividades que   Odebrecht, no solo en Brasil realizó sino en varios países del mundo, incluido Ecuador”.

En noviembre pasado, la Guardia Civil española anunció que detuvo en Madrid a Tacla Duran, un abogado hispano-brasileño buscado por Brasil y presunto encargado de importantes operaciones de blanqueo y sobornos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU)  reveló en diciembre que Odebrecht   pagó entre 2007 y 2016 unos 33.5 millones de dólares a funcionarios oficiales de Ecuador y que la firma encontró problemas con la aprobación de proyectos en 2007 y 2008. A raíz de eso, la Fiscalía ecuatoriana indaga los supuestos sobornos de   Odebrecht, que con la empresa Acciona forma parte de un consorcio hispano-brasileño que construye una fase del metro de Quito, por mil 538 millones de dólares.

Chiriboga manifestó que pidió una entrevista con funcionarios de EU “a fin de lograr que las autoridades, como han ofrecido a otros países entregar la información de quienes están vinculados a este caso, lo haga también para Ecuador”.

Tras estallar el escándalo de sobornos, la Fiscalía allanó oficinas de la firma en el puerto de Guayaquil, mientras que la justicia prohibió temporalmente a las entidades estatales hacer contratos con la constructora.

El presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007, expulsó a la firma brasileña en 2008 por irregularidades en la construcción de una hidroeléctrica. La medida generó la reacción de Brasilia, que llamó a consultas a su embajador entre noviembre de 2008 y enero de 2009. Tras un acuerdo, Odebrecht retornó en 2010 a Ecuador.  

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