MINISTERIO DE AMBIENTE

Inhabilitan a directores regionales

En esta administración, las direcciones regionales de la entidad han abierto procesos administrativos contra varios proyectos estatales.

Enfoque: Una regulación ambiental para cortar cintas

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Organizaciones ambientales señalan que la actual administración del Ministerio de Ambiente quiere ‘centralizar’ el poder en la entidad. Organizaciones ambientales señalan que la actual administración del Ministerio de Ambiente quiere ‘centralizar’ el poder en la entidad.
Organizaciones ambientales señalan que la actual administración del Ministerio de Ambiente quiere ‘centralizar’ el poder en la entidad. Luis García

El Ministerio de Ambiente inhabilitó a sus 13 direcciones regionales para atender los procesos administrativos relacionados con obras o proyectos públicos.

Así está consagrado en la Resolución No. 0278 del 12 de junio de 2017, que lleva la firma del ministro encargado de Ambiente Emilio Sempris, y que fue publicada en Gaceta Oficial el pasado lunes 19 de junio.

El artículo 4 del documento contempla: “inhabilitar a las direcciones regionales para el conocimiento de los procesos administrativos que ocurran dentro del área de su competencia con motivo de actividades, obras o proyectos públicos”.

Ahora, esa función será desempeñada por la Unidad de Seguimiento Ambiental de los Proyectos y Programas del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019, la cual está integrada por seis funcionarios del Ministerio de Ambiente.

El coordinador de esa comisión de seguimiento será el responsable de reportar directamente a Sempris sobre cualquier proceso administrativo vinculado a un proyecto público. Incluso, será el enlace con la Secretaría de Metas del Ministerio de la Presidencia, que coordina el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2019.

La resolución fue rechazada por representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes la califican como un “retroceso” en materia ambiental.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, subrayó que la tendencia moderna es descentralizar el poder, pero en este caso está ocurriendo lo contrario. “Hay que fortalecer a las estructuras locales de gobierno y no quitarles competencias”, puntualizó.

ALGUNOS CASOS

Precisamente, en esta administración varias direcciones regionales de esa entidad han abierto procesos administrativos contra proyectos estatales que violaron regulaciones ambientales.

El caso más notable ocurrió a principios de este año cuando la Dirección Regional de Bocas del Toro del Ministerio de Ambiente abrió un proceso administrativo contra el Ministerio de Obras Públicas por construir un camino en el Bosque Protector Palo Seco, declarado reserva desde el año 1983. La obra, además, no contaba con estudio de impacto ambiental.

Actualmente, el proyecto está detenido debido a las irregularidades cometidas.

Susana Serracín, representante de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, subraya que son los directores regionales los que más conocen sobre daños a los recursos naturales en sus provincias o comarcas.

De hecho, la Alianza para la Conservación y el Desarrollo presentó este mes una denuncia penal contra el Ministerio de Obras Públicas por delito ambiental. “Esa resolución debilita al Ministerio de Ambiente”, acotó.

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Serracín expresó que si la Dirección Regional de Bocas del Toro no hubiera alertado sobre la apertura de esa carretera, se hubiera causado más afectaciones al Bosque Protector Palo Seco.

Pero este no ha sido el único caso. La Dirección Regional de Darién también abrió procesos administrativos en esa provincia por daños ambientales durante proyectos estatales relacionados con mejoras al alcantarillado de Metetí.

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo informó que evalúa demandar dicha resolución ambiental.

“Esto obedece a intereses políticos más que a criterios técnicos y científicos”, dijo.

En tanto, Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, definió la nueva medida del Ministerio de Ambiente como un retroceso para la administración, ya que están centralizando el poder en lo que respecta a la toma de decisiones para proteger los recursos naturales del país.

No obstante, el secretario de Metas del Ministerio de la Presidencia, Jorge González, indicó que con esta norma buscan darle seguimiento “más de cerca” a los avances de los proyectos de inversión pública para agilizarlos.

“No estamos suplantando la responsabilidad de ninguna dependencia o institución. Habrá una unidad de coordinación y seguimiento para contribuir y colaborar, a fin de poder agilizar procesos que en ocasiones toman más tiempo del necesario”, dijo.

Según el funcionario, por medio de la Secretaría de Metas se establecerá una integración entre las entidades, contratistas y el Ministerio de Ambiente.

SEMPRIS REACCIONA

Por su parte, el ministro encargado de Ambiente, Emilio Sempris, explicó que la Unidad de Seguimiento Ambiental de los Proyectos fue creada a raíz de todos los cambios implementados para transformar la Autoridad Nacional del Ambiente en el Ministerio de Ambiente. El propósito, dijo, es dar seguimiento a las obras que lleva adelante la Secretaría de Metas y evitar que por desconocimiento de las normas se causen daños al medio ambiente.

Aseguró que no se le está quitando funciones a ninguna Dirección Regional, porque estas van a seguir con todo el procedimiento.

Además, Sempris señaló que, paralelamente, crearon una comisión para también darles seguimiento a las construcciones del sector privado.

Enfoque: Una regulación ambiental para cortar cintas

APUROS. La norma producida por el Ministerio de Ambiente contradice 20 años de gestión ambiental panameña, que iban dirigidos hacia una mayor descentralización y de las decisiones ambientales.

La resolución inhabilita a los directores regionales para conocer, inspeccionar o sancionar los proyectos que la Secretaría de Metas identifique como prioritarios. Esto es totalmente contradictorio con la iniciativa de descentralización que ha sido el pilar de la política pública del actual gobierno. Además, constituye un precedente terrible que pudiera aplicarse a megaproyectos mineros, energéticos o de infraestructuras, todo lo cual crearía enormes conflictos sociales en Panamá.

La deficiencia más destacada de esta resolución es que la misma tiene un serio defecto de legalidad; es decir, una resolución ministerial no puede ni modificar un decreto ejecutivo ni mucho menos una ley. Si la intención del Gobierno es acelerar la realización de sus proyectos prioritarios, existen diversos caminos para mejorar los tiempos de las evaluaciones ambientales. La cortadera de cintas nunca puede estar por encima de la ley ni de la necesaria protección del ambiente de los panameños.

(El autor es abogado)

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