Los proyectos de ley que buscan combatir la corrupción, el conflicto de intereses y evitar la impunidad en los delitos contra el patrimonio del Estado, se encuentran estancados en la Asamblea Nacional.
Adolfo Valderrama, presidente del Legislativo, manifestó que corresponde a cada presidente de comisión de ese órgano del Estado responder por el avance de cada iniciativa.
En el inicio de la actual legislatura de la Asamblea Nacional, su presidente Adolfo Valderrama manifestó que la institución “hoy es más independiente, más transparente y más decente”. Además, que era de “suma importancia liderar y priorizar el debatir las modificaciones al Código Penal que garanticen la certeza del castigo, tanto para los funcionarios corruptos como para los particulares y empresarios corruptores”.
Sin embargo, las propuestas presentadas para promover la transparencia y combatir la corrupción se mantienen estancadas en el legislativo.
Tampoco se conoce el curso de las investigaciones internas por el gasto de más de $117 millones en contratos de personal durante la administración de Sergio Gálvez como presidente del Legislativo (2012–2014).
PROPUESTAS
En la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social hay dos proyectos que aguardan por su prohijamiento.
Uno de ellos busca regular el “conflicto de intereses de los servidores públicos” y el otro pretende “recompensar a todo aquel ciudadano que denuncia actos de corrupción”.
La propuesta No. 58 sobre el conflicto de intereses, presentada por la diputada independiente Ana Matilde Gómez, establece, entre otras cosas, prevenir la ocurrencia de conflictos de interés en todos los ámbitos de la administración pública, regular las actuaciones y conductas de los servidores públicos según principios, reglas, obligaciones, garantías, procedimientos y sanciones que procuren su correcta actuación.
El documento destaca en su exposición de motivos que “la combinación perversa del conflicto de intereses con la impunidad ha dado como resultado el incremento de los actos de corrupción pública, condición que ha colocado al sistema-país bajo la mirada crítica y preocupada de los organismos internacionales ...”.
Mientras que el proyecto No. 158, cuyo fin es que los ciudadanos obtengan recompensas al denunciar cualquier “actividad de corrupción” a las autoridades competentes, es una iniciativa del diputado panameñista José Antonio Domínguez.
Este anunció que la propuesta busca incentivar la denuncia de los ciudadanos panameños, sean funcionarios o no, en contra de los posibles actos de corrupción en el país.
Por otro lado, el proyecto de ley No. 149 que intenta restablecer los plazos de prescripción de la pena en los delitos contra la administración pública todavía está en el olvido en la Asamblea.
También fue presentado por la diputada Gómez y apenas fue prohijado por la comisión de Gobierno.
El artículo 116, numeral 2 del Código Procesal Penal establecía que en los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, el plazo de prescripción de la acción penal sería el doble de la pena prevista para el respectivo delito.
La Asamblea Nacional modificó, a través de la Ley No. 35 de 23 de mayo de 2013, el numeral 2 del artículo 116 del referido código, reduciendo el plazo de prescripción de la acción penal al máximo de la pena prevista para estos delitos.
La iniciativa de la diputada Gómez busca restablecer el texto original del artículo 116 del Código Procesal Penal para que los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y otros tengan como plazo de prescripción el doble de los años de la pena prevista.
en blanco
El Ejecutivo tampoco ha presentado iniciativas anticorrupción al Legislativo, a pesar de que en campaña electoral se pregonó transparencia y el combate a la corrupción.
Sobre este tema, recientemente la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) anunció que impulsará reformas a la Ley 59 de 1999, que dicta disposiciones sobre la corrupción administrativa, para incluir que los diputados hagan declaraciones de bienes patrimoniales.
El presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, expresó ayer que no tenía mayor información que dar sobre las investigaciones del gasto millonario durante la presidencia de Gálvez.
En cuanto a los proyectos anticorrupción, indicó que corresponde a cada presidente de comisión responder sobre el avance de estas iniciativas.
