CASO R.G. HOTELS

Inversores, grandes afectados de quiebra

Se desploma lo que prometía ser un emporio turístico. Uno de los focos de atención está en la constitución de las garantías en un fideicomiso.
Los actuales dueños del grupo hotelero afirman que la empresa es una ‘casa de naipes’. Los actuales dueños del grupo hotelero afirman que la empresa es una ‘casa de naipes’.

Los actuales dueños del grupo hotelero afirman que la empresa es una ‘casa de naipes’. Foto por: Archivo

Jorge Luis Lau Cruz, Jorge Hernán Rubio, Alvin Weeden y Antonio Bonilla. Jorge Luis Lau Cruz, Jorge Hernán Rubio, Alvin Weeden y Antonio Bonilla.

Jorge Luis Lau Cruz, Jorge Hernán Rubio, Alvin Weeden y Antonio Bonilla. Foto por: Eric Batista

El futuro incierto de los inversionistas El futuro incierto de los inversionistas

El futuro incierto de los inversionistas

Los tenedores de bonos y valores que invirtieron $30 millones en la deuda emitida por R.G. Hotels han quedado atrapados en medio de disputas legales entre los actuales dueños y fundadores de la empresa, que hoy enfrenta un proceso de quiebra retroactivo.

Antonio Bonilla, cara visible de los inversionistas extranjeros detrás de R.G. Hotels, y sus abogados aseguraron ayer que la compañía que compraron era una “casa de naipes”, con información falsa en sus estados financieros y propiedades sobrevaloradas.

Esto, según los propietarios del grupo hotelero que voluntariamente ha solicitado la quiebra, tocaría también a las propiedades que están en un fideicomiso.

Afirman que las garantías que respaldan los bonos tienen un valor de solo $2.1 millones, mientras que las de los bonos valen cerca de $7 millones.

ABS Trust, la fiduciaria que administra los bienes en garantía, precisó en una carta enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores que el patrimonio bajo su custodia tenía un valor de $13.8 millones a enero de 2015.

Se conoció que fincas con derechos posesorios, que a su vez forman parte de las garantías, no entran en esta contabilización, pero no porque ABS Trust considere que carecen de valor, sino porque hasta ese momento no se había validado el estatus de la titulación de las tierras en cuestión. Estas tendrían un valor de $5 millones.

El futuro incierto de los inversionistas

Un complejo proceso de quiebra en las empresas R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón pone en esquinas opuestas a los fundadores de las compañías y a sus dueños actuales, quienes se acusan mutuamente de la debacle de la entidad, de fraude y de estafa.

Los inversionistas que compraron bonos y valores comerciales negociables han entrado en un terreno minado, y se alteran al no saber cuánto recibirán por cada dólar de los $30 millones invertidos.

Los actuales dueños de R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón, cuya única cara visible es Antonio Bonilla, dijeron ayer que después de analizar toda la información financiera de las empresas hoteleras ­luego de su compra­ pueden concluir que los activos por $125 millones registrados en libros tienen un valor de al menos $35 millones, mientras que las deudas suman cerca de $70 millones.

Bonilla dio ayer una conferencia de prensa junto a su equipo de abogados: Alvin Weeden, Jorge Hernán Rubio y Jorge Luis Lau Cruz.

Este diario preguntó si el análisis que ahora hacen público fue realizado antes de haber adquirido la empresa a finales de 2014.

Según Bonilla, se hicieron las investigaciones durante un año y fue en enero de 2015 cuando encontraron las irregularidades, reportadas inmediatamente a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

“Miramos tres años de estados financieros auditados, un certificado de calificación de riesgo, estaban en circulación $30 millones de emisiones y $180 millones en propiedades en un fideicomiso, [y] cómo saber que todo eso era falso. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero al final de cuentas cuando entramos a ver todo era mentira. Una casa de naipes”, afirmó Bonilla.

Al momento que las acusaciones de propiedades sobrevaluadas y estados financieros irregulares llegaron a las oficinas de los reguladores, Rugiere Gálvez Marcucci, fundador de RG Hotels, alegó que los nuevos compradores tenían la intención de “devaluar a los tenedores de bonos para una compra a descuento de los títulos y remate de activos”.

Si no existiesen dos emisiones en el mercado de valores, la reciente quiebra decretada por el juez Manuel de Jesús Corrales Hidalgo sería un pleito entre dos grupos económicos.

Sin embargo, la emisión por $30 millones y el efecto retroactivo de la quiebra fallada por el Juzgado Primero de Circuito de Coclé ha despertado intranquilidad en el mundo financiero local, ante la indefensión en la que se encuentran los inversionistas que compraron los bonos.

Abogados de casas de valores que recomendaron a sus clientes invertir en los bonos de R.G. Hotels, afirmaron en una primera reunión de acreedores celebrada la semana pasada que la quiebra retroactiva anula la figura del fideicomiso, por lo que las garantías que hoy reposan en el fideicomiso entrarían a una masa de liquidación global.

Weeden, defensor de lo fallado por el juez, aseguró ayer que esto no ocurrirá, y afirmó que los tenedores de bonos recibirán su dinero tras liquidarse las garantías, de la misma manera que los bancos tienen derecho a hacer uso de las fincas hipotecadas.

Lo que sí advirtió fue que las propiedades en el fideicomiso no tienen el valor reportado en libros. De acuerdo con sus análisis, las garantías de bonos solo tienen un valor de $2.1 millones, mientras que las de los valores comerciales sumarían otros $7 millones.

“Se trata de un fraude”, sentenció Weeden, quien culpó a todo el sistema financiero por permitir una emisión de deuda a una empresa que, para ese entonces, “ya estaba en quiebra”.

ABS Trust, la fiduciaria que administra las garantías, no dio declaraciones al respecto. Sin embargo, en una certificación enviada previamente a la Superintendencia del Mercado de Valores, asegura que hasta enero de este año el patrimonio administrado tenía un valor de $13.8 millones.

Fuentes vinculadas al tema informaron que fincas con derechos posesorios, que a su vez forman parte de las garantías, no están contabilizadas, pero no por carecer de valor alguno, sino porque hasta ese momento no se había validado el estatus de la titulación de las tierras en cuestión.

Felipe Chapman, presidente de la junta directiva de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), reiteró lo que ha dicho anteriormente. “Cuando la empresa realiza la emisión de deuda, obviamente no estaba en quiebra. Mientras estuvo bajo la administración anterior [en control de Rugiere Gálvez], cumplió con todas sus obligaciones financieras. No es hasta que se da la compraventa que se reporta el incumplimiento de pago. Y de allí ocurre el absurdo de una quiebra retroactiva que desconoce los activos que están en un fideicomiso”.

Roberto Brenes, exgerente de la BVP, indicó que las declaraciones de Weeden son “un show mediático que comprueba de qué lado del caso está”.

Previo a la conferencia de ayer, los tenedores de bonos habían recibido correos electrónicos en los que Weeden ofrecía sus servicios legales para defenderlos, precisamente en el proceso de quiebra voluntaria solicitada por R.G. Hotels, a los que ahora representa él en la esfera penal.

Weeden dijo ayer que desistió de esta representación ante cualquier conflicto de interés.

Quienes se oponen a sus planteamientos han dicho, bajo la reserva de sus nombres, que a R.G. Hotels y sus abogados deben probar todo lo que declaran.

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