ITALIA

Investigan hurto del expediente con pesquisas del caso Lavítola

Una revista del político Silvio Berlusconi publicó detalles de la investigación sobre Lavítola en agosto de 2011, lo que le facilitó al italiano eludir la justicia.

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Hoy, periodistas y funcionarios judiciales son investigados.Tomado de internet. Hoy, periodistas y funcionarios judiciales son investigados.Tomado de internet.
Hoy, periodistas y funcionarios judiciales son investigados.Tomado de internet.

Nuevas revelaciones apuntan a que la publicación de las investigaciones judiciales sobre las actividades de Valter Lavítola en Panamá –el 25 de agosto de 2011, en la revista Panorama, propiedad del político y magnate italiano Silvio Berlusconi– marcó el final de las relaciones con el que fue nexo clave en las negociaciones para la contratación directa de obras, equipos y servicios entre el Gobierno de Panamá y empresas italianas.

El escabroso episodio salpica al director de Panorama, Giorgio Mulé, al periodista que redactó la información, Giacomo Amadori, al funcionario que habría robado la información, Marco Reale, y al abogado Alessandro Maresca.

Según la hipótesis de la acusación, Marco Reale, funcionario de Nápoles que trabajaba en el despacho de la juez Amelia Primavera, usó –el 5 de agosto de 2011, cuando la magistrada estaba de vacaciones– la contraseña del ordenador de la funcionaria para copiar el archivo que contenía las investigaciones sobre las actividades de Lavítola en Panamá.

Luego, Reale habría enviado el archivo a un viejo amigo suyo, el abogado Alessandro Maresca, quien se lo habría remitido al periodista de la revista de Berlusconi, Giacomo Amadori, a cambio de ayuda para publicar un libro.

Los avatares de Lavítola en Panamá –que eran parte del extracto de un expediente aparte sobre Finmeccanica– fueron publicados pocos días después de la visita del presidente, Ricardo Martinelli, a la isla de Cerdeña, cita a la que Berlusconi no acudió.

La juez Amelia Primavera –que mandó a juicio a Lavítola y a Berlusconi el pasado 23 de octubre por la compra-venta de parlamentarios que hizo caer al gobierno de Romano Prodi en 2008– era la propietaria del ordenador del que fueron robados los documentos.

El pasado 30 de octubre declaró, como testigo, ante los fiscales Henry John Woodcock y Vincenzo Piscitelli defendiendo al funcionario Marco Reale.

Precisamente, cuando el nombre de Lavítola quedó manchado por el escándalo, saltó por los aires la parte sucia de los contratos de AgustaWestland, Selex y Telespacio con el Gobierno panameño.

Según las investigaciones, de estos contratos –por un total de 250 millones de dólares– se habría previsto desviar unos 25 millones de dólares en coimas, además de otros 20 millones o 30 millones de dólares por el frustrado contrato para construir cárceles modulares, a cargo de la empresa Svemark.

Fue a partir de este momento cuando el Tribunal de Nápoles abrió diligencias y comenzó a poner en marcha toda su maquinaria para averiguar la verdad sobre los supuestos sobornos que se habría llevado el entorno del presidente Martinelli.

Según revela una interceptación telefónica del 1 de julio de 2013 –coordinada por la Policía Secreta de Nápoles–, el director de Panorama, Giorgio Mulé, le dijo al periodista Giacomo Amadori que escribiría el detonador artículo en el verano de 2011. “Claro que he hablado con Berlusconi”, dijo, dejando claro que Il Cavaliere tenía todo bajo control.

Al hacerse públicas las investigaciones sobre los asuntos de Lavítola con el Gobierno panameño durante el verano de 2011, el viejo amigo de Martinelli –que estaba en Bulgaria creando cuentas bancarias de una empresa fantasma a la que se iban a destinar las coimas– pudo evitar que lo capturaran.

Lavítola llamó a Berlusconi que –muy prudentemente– le aconsejó que se quedara allí.

Para los fiscales de Nápoles Henry John Woodcock y Vincenzo Piscitelli –que están ultimando detalles en las investigaciones sobre las cárceles modulares– se trata de un delito de revelación de secretos y corrupción de las fuentes, porque la revista Panorama obtuvo la información producto del robo de la documentación en el ordenador de la juez, a través del funcionario de la magistratura que tenía su contraseña.

Pero para la juez Anita Polito, no se puede afirmar con certeza que solo él haya entrado en el despacho de la jueza Primavera los días precedentes al robo, al no estar disponibles, al momento, las imágenes de las cámaras de vigilancia.

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