Secuelas del caso Lava Jato

Investigarán la campaña política de Santos

Uno de los acusados de recibir coimas de la constructora dijo que parte del dinero fue recibido por la campaña política del presidente.

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Fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien pidió que se investigue ‘en profundidad’ si dinero de sobornos entró a su campaña por la reelección. Fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien pidió que se investigue ‘en profundidad’ si dinero de sobornos entró a su campaña por la reelección.
Fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien pidió que se investigue ‘en profundidad’ si dinero de sobornos entró a su campaña por la reelección. Jaime Saldarriaga

La autoridad electoral de Colombia anunció ayer que abrió una investigación para determinar si la campaña electoral de 2014 del presidente Juan Manuel Santos recibió recursos de la constructora brasileña Odebrecht, que está en el ojo de un escándalo internacional por corrupción.

El anuncio se dio horas después de que Santos pidió al organismo investigar los señalamientos que comprometen su campaña para reelegirse hace tres años, sobre los que la Fiscalía ya inició un proceso.

La noticia la dio a conocer el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alexander Vega, quien agregó que también se investigará la campaña de Óscar Iván Zuluaga, rival de Santos en esa elección y exministro de Hacienda del exmandatario Álvaro Uribe.

Los dos procesos solo tendrán alcance administrativo y las autoridades colombianas esperan viajar la próxima semana a Brasil para obtener más información sobre el caso.

El fiscal general del país, Néstor Humberto Martínez, aseguró la víspera en una comparecencia que el exlegislador Otto Bula presuntamente entregó un millón de dólares a la campaña del presidente. Bula está detenido en Colombia desde el mes pasado por haber recibido 4.6 millones de dólares en sobornos de la firma, los cuales presuntamente ayudó a distribuir.

Según Martínez, en el CNE recae la misión de verificar los señalamientos de Bula sobre la suma que supuestamente fue a dar a la campaña reeleccionista de Santos.

El fiscal aclaró que no tenían pruebas documentales y que en la investigación “no se vincula para nada al presidente de la República”.

A sabiendas del daño que implicaría el escándalo en la imagen del mandatario galardonado el año pasado con el Nobel de la Paz, sus colaboradores salieron el miércoles a demeritar las acusaciones.

“El presidente Santos a lo largo de su vida pública y en los últimos seis años y medio de gobierno ha demostrado su condición de dirigente transparente”, expresó un comunicado firmado por miembros del Gabinete y otros colaboradores de Santos divulgado a medios.

Los encargados de la campaña de Santos afirman que el presidente no recibió contribuciones privadas de individuos o empresas durante su campaña de 2014, en la que derrotó estrechamente a Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda del exmandatario Álvaro Uribe. Este último afirmó en la víspera que no era prudente hacer comentarios a la ligera sobre un tema delicado.

En Colombia no están permitidas las donaciones de personas jurídicas ni de entidades extranjeras para financiar partidos políticos o campañas electorales, y la donación máxima que puede hacer una persona es de 100 mil dólares, según un informe de Transparencia Colombia sobre la campaña de 2014.

El anuncio del ente acusador provocó que algunos sectores de la oposición pidieran incluso la renuncia del jefe de Estado, cuyos índices de popularidad rondan el 20%. “Es un golpe fuerte a la legitimidad del Gobierno, así la denuncia termine diluyéndose”, dijo el analista político Juan David Cárdenas.

En el caso de que se comprobara que se realizó esa donación, la campaña de Santos no la declaró, según un informe de Cuentas Claras, una herramienta de transparencia donde se declara este tipo de información.

El secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, declaró el martes que Bula está vinculado con la narcotraficante Oficina de Envigado. Enciso sostuvo que su testimonio responde a una “estrategia” del uribismo para “defenderse atacando con mentiras”, tras la vinculación de funcionarios de Uribe con actos de corrupción de Odebrecht.

Cuando Odebrecht acordó en diciembre pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares en Estados Unidos como parte de un acuerdo de culpabilidad, las autoridades de Colombia fueron las primeras —fuera de Brasil— en arrestar a exfuncionarios acusados de aceptar sobornos. Como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el conglomerado brasileño admitió haber pagado al menos 800 millones en sobornos para obtener contratos en 12 países.

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