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Ipacoop no descarta intervenir Cacsa; ésta se defiende de acusaciones

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El abogado Karl Copriz insistió en que directivos de Cacsa deben responder qué significa contratar a un abogado para ‘gestionar’ un recurso de casación en la Corte. Agustín Herrera El abogado Karl Copriz insistió en que directivos de Cacsa deben responder qué significa contratar a un abogado para ‘gestionar’ un recurso de casación en la Corte. Agustín Herrera
El abogado Karl Copriz insistió en que directivos de Cacsa deben responder qué significa contratar a un abogado para ‘gestionar’ un recurso de casación en la Corte. Agustín Herrera

La Cooperativa de Servicios Múltiples “San Antonio”, R.L. (Cacsa), podría ser objeto de una intervención por parte del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop).

El director del Ipacoop, Adolfo Quintero, afirmó que “tenemos que hacer cumplir las leyes”, por lo que “intervenir” a Cacsa es una decisión que no descarta. Dijo que lo más importante es “proteger el patrimonio de los asociados”, por lo que instó a que aquellas personas que están afectando a Cacsa se retiren.

Cacsa calificó la denuncia en su contra, por la supuesta compra de fallos en la Corte Suprema, como “ataques mediáticos” que buscan, “ no solo dañar nuestra imagen, sino también desestabilizar el movimiento cooperativo”.

Ipacoop abre investigación a Cacsa

El director del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), Adolfo Quintero, anunció el inicio de una investigación a la Cooperativa de Servicios Múltiples “San Antonio”, R.L. (Cacsa) por presuntas irregularidades administrativas. Advirtió que, de ser necesario, intervendrá la cooperativa.

Quintero reveló que desde hace tres meses trataron de ubicar documentación importante que alertaba de posibles irregularidades en Cacsa, pero que estos se “extraviaron”.

“Estamos haciendo una investigación, porque aquí se habían extraviado documentos que se entregaron al anterior director [Willie Chin Lee] y que él debió atender”, sentenció el también economista.

Quintero se refería a una denuncia que interpuso el arquitecto Luis Muñoz por el presunto uso de fondos de la cooperativa para la supuesta compra-venta de fallos en la Corte Suprema de Justicia, en los que estaría presuntamente vinculado Chin Lee.

Además, se extraviaron de los archivos de la entidad los recursos de reconsideración solicitados por los entonces miembros de la Junta de Vigilancia a los directivos de Cacsa que fueron expulsados de la cooperativa al oponerse a la contratación de una firma de abogados externos por $1.5 millones para “gestionar” un recurso de casación ante la Corte.

“Aquí vamos a actuar con transparencia. Nosotros no nos vamos a prestar a ningún tipo de maniobras”, aseguró Quintero.

Recomendó que, “si en algún momento determinado deben salir aquellas personas que están haciendo daño a la cooperativa, yo creo que son suficientemente adultos, de experiencia, para hacer las correcciones”.

Vinculaciones

“Exigimos a la Corte Suprema que sea imparcial, que tenga objetividad y que se apegue a la Constitución”, expresó el abogado Karl Copriz, quien denunció supuestos actos de corrupción cometidos por Cacsa, en los que también vincula a dos magistrados del máximo tribunal: Hernán De León y Olmedo Arrocha.

Copriz aseguró que es “difícil” de probar la corrupción en la Corte Suprema, pero que “una vez sale el primer cheque de $200 mil [al abogado], sospechosamente se movió la casación”.

Reiteró que, los hoy exmiembros de la Junta de Vigilancia de Cacsa advirtieron de la supuesta contratación irregular del abogado Carlos Ameglio por $1.5 millones, por encima del monto aprobado por la asamblea de la cooperativa, que aprobó solo $150 mil para tal fin.

Copriz, abogado de Luis Muñoz, que demandó a Cacsa por $16 millones, cuestionó cómo se agilizó la admisión de un recurso de casación presentado por Cacsaque estaba paralizado desde agosto de 2018 en la Corte, luego de entregarse un primer pago al abogado Ameglio por $200 mil.

Incluso, dijo tener copia de una nota enviada por el entonces director de legal de Cacsa, Edilberto Arjona, al gerente general, Heriberto Suira, en la que se indica que Ameglio “está garantizando el resultado del proceso”.

En tanto, el magistrado Olmedo Arrocha negó conocer a Chin y al abogado Ameglio.

Arrocha perteneció al bufete Arjona, Figueroa, Arrocha y Díaz. El primero que figura en el nombre del bufete es un desconocido abogado llamado Amado Arjona, quien, empero, firmó contratos de “comisión” con empresas que recibieron contratos del Estado que sumaron $135 millones, a través de dependencias del Ministerio de la Presidencia bajo la gestión del exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu.

Arjona firmó contratos privados de “comisiones” por, al menos, $22 millones: $12 millones por supuestas “asesorías” al proveedor de comida deshidratada comprada por el extinto Programa de Ayuda Nacional, y $10 millones por supuestos “honorarios” en la construcción de la Cadena de Frío.

El segundo apellido que figura en el nombre del bufete corresponde a un exsocio y compadre de Arrocha, el abogado Isaac Figueroa, quien comparte directiva con Ameglio Moncada en dos sociedades: Club Nacional de Caza Deportiva y Bell Marketing Group Development, Inc. En esta última sociedad, la firma Arjona, Figueroa, Arrocha y Díaz figura como su agente residente.

Figueroa, al ser consultado sobre su relación con Ameglio, indicó que se conocen, “como conozco a cualquier persona”, pero que desconoce quién inscribió su nombre en ambas sociedades sin su autorización. Dijo que hoy mismo renunciará a ambas sociedades.

Cacsa habla

En tanto, Cacsa rechazó las “especulaciones de una supuesta compra de fallo”.

En un comunicado, sus directivos cuestionaron sobre cómo se denuncia la compra de fallos, “cuando aún el fondo del proceso de casación no ha sido resuelto”.

Sobre el contrato de $1.5 millones con el abogado Ameglio, dijo que fue autorizado en una asamblea extraordinaria de delegados. Nada mencionó sobre el hecho de que el contrato no fue encontrado en los archivos de Cacsa durante una inspección que hizo la Fiscalía Anticorrupción a sus oficinas.

Se confirma, además, que la asamblea de delegados ratificó la expulsión de tres miembros de la Junta de Vigilancia, concluye Cacsa.

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