MEDIO AMBIENTE

Isla Boná, nuevamente en peligro de convertirse en terminal petrolera

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Ramón Ramos Ramón Ramos
Ramón Ramos Tomado de internet

Cinco días después de haber perdido las elecciones generales, el alcalde de Taboga, Ramón Ramos, ingresó nuevamente al portal gubernamental Panamá Compra el contrato de arrendamiento de isla Boná para una terminal petrolera.

Con nuevo número, el pasado viernes apareció el contrato de arrendamiento, por 20 años prorrogables, con Bona Pacific Corp., para construir la terminal petrolera de alto calado para buques postpanamax.

El documento presenta algunas modificaciones. Por ejemplo, se omitió la venta de la isla; el monto del arrendamiento será de 8 mil 581 dólares, y se eliminó el beneficio de los dos años de gracia sin pago de arriendo al Municipio de Taboga. Algunos de estos cambios corresponderían a objeciones que presentó el contralor, Federico Humbert, al rechazar el contrato. El funcionario en múltiples ocasiones ha insistido en que ese contrato “no será refrendado”.

Según un informe del Municipio de Taboga, la empresa habría hecho un depósito de garantía “por una cuantía máxima que corresponde a seis meses de arrendamiento”, sin mencionar cifras.

Este diario quiso conocer por qué la insistencia, pese a la negativa que ha tenido el proyecto; intentó hablar con Ramos, pero este cerró la llamada tras oír los cuestionamientos.

Tampoco respondió el asesor legal del alcalde Ramos, Alfredo González, que en abril pasado anunció acciones legales contra Humbert por no refrendar el contrato.

Por su parte, el presidente del Consejo Municipal de Taboga, Raúl Varela, confirmó que antes de las elecciones, directivos de Bona Pacific Corp., entre ellos Sandra Rogers –secretaria de la sociedad solicitante– pidieron cortesía de sala para “que se revisara algo del contrato. No me acuerdo... era una modificación”, dijo, pero que ante la falta de quorum no pudieron votar.

“Esto no ha parado del todo. Ellos [la empresa] tienen que ir paso a paso para conseguir los permisos, pero si llega a la Contraloría y no lo aprueba, entonces se cae”, dijo.

Varela indicó que la empresa puede apelar la decisión del Consejo Económico Nacional, que en abril pasado revocó su aprobación al contrato.

“Es ilógico que se insista con impulsar este contrato, cuyo resultado sería atroz para los ecosistemas de isla Boná”, criticó María Gabriella Dutari, abogada del Centro de Incidencia Ambiental.

El 23 de abril pasado, la comisión legislativa de Ambiente prohijó un anteproyecto de ley que declara a Boná área protegida en calidad de refugio de vida silvestre.

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