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Jefe de la Diasp es separado de su cargo y fiscalía lo investiga en caso de armas

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La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada investiga al jefe de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), Ovidio Fuentes, como parte del caso relacionado con una supuesta red de tráfico internacional de armas integrada por funcionarios de esa dependencia del Ministerio de Seguridad.

La decisión de incluir a Fuentes en la investigación se dio tras la notificación del Ministerio de Seguridad Pública a la fiscalía, de que Fuentes fue separado de su cargo mientras dure el proceso, informaron fuentes judiciales.

El pasado 9 de octubre, el fiscal David Mendoza solicitó una audiencia ante un juez de garantías para imputar cargos a Fuentes, quien también es comisionado de la Policía Nacional (PN), pero la diligencia fue suspendida en espera deque el Ministerio de Seguridad le notificara sobre el estatus del funcionario en la Diasp.

Ahora, con la notificación de que Fuentes fue separado de su cargo, el fiscal se apresta a pedir una audiencia para imputarle cargos por la supuesta comisión de delitos contra la fe pública y tráfico internacional de armas.

La investigación se centra en 66 armas de fuego –entre pistolas, revólveres y fusiles de asalto–, que fueron vendidas a comerciantes locales, supuestamente violando la disposición legal actual que prohíbe la importación de armas al país.

En una asistencia judicial remitida por Estados Unidos –de donde provenían las armas– se acreditó que las armas fueron compradas entre 2016 y 2017, pero tenían permisos en la Diasp del año 2012, por lo que la fiscalía sospecha que hubo “una evidente alteración en los registros”.

En este proceso ya son investigados los funcionarios de la Diasp, Mayka Guerra, Johana Artiaga, Juana Ulloa, Edwin Medina, Esther González, Ibeht Flores y Héctor Cruz.

También está imputado el particular Yuki Tom. Sobre este último, las investigaciones determinaron que habría recibido trato preferencial en la Diasp al momento de realizar el trámite de los permisos de porte o tenencia VIP, sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley sobre tenencia de armas.

De acuerdo con las pesquisas, las armas fueron adquiridas a bajos precios, que oscilaron entre $149 y $540, y vendidas en Panamá en $5 mil 500 y $7 mil 500.

Este mes, un juez de garantías declaró como causa compleja la investigación por el supuesto tráfico de armas, por lo que la fiscalía tendrá un año para instruir el expediente.

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